Las y los participantes del Parlamento de las Juventudes 2025 discutieron este viernes en el pleno del Congreso del Estado cinco iniciativas que reflejan preocupaciones sociales y políticas entre la juventud zacatecana. La más debatida fue la propuesta para reformar la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Zacatecas, con el fin de transparentar sus procesos electorales.
Las juventudes parlamentarias se agruparon en cinco bloques legislativos identificados con nombres de municipios: Sombrerete, Fresnillo, Zacatecas, Jerez y Villanueva.
El grupo parlamentario Fresnillo fue el proponente de la reforma al artículo 20 de la Ley Orgánica de la UAZ, proponiendo un convenio entre la Máxima Casa de Estudios del estado y el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) para mejorar los procesos democráticos dentro de la institución.
Durante el debate, Jacobo Daniel Rivas Soto, Diego Aguilera González y Keren Asurim Carrillo Trejo, entre otros promoventes, denunciaron la incompetencia de la Comisión Electoral Universitaria, los fraudes en las votaciones y la violencia que enfrentan quienes participan fuera de las estructuras clientelares.
En contraste, participantes como Santiago García Montes, Francisco Javier Muñoz Gaytán y Bernardo Ortiz Moreno expresaron preocupación por la autonomía universitaria, defendieron la pluralidad del Consejo Universitario, calificaron como una expresión de grilla someter a escrutinio la más reciente elección y consideraron que el convenio propuesto constituye una falta de respeto.
“Falta de respeto es no reformar la ley orgánica en más de 20 años; falta de respeto es ver que una ‘autoridad universitaria’ ignore pruebas, ignore la violencia que se vive en tiempos electorales dentro de la universidad”, replicó Emilio Chiquito. Rivas Soto sintetizó el hartazgo señalando que “quienes no quieren prender la luz es porque viven cómodos en la oscuridad”.
Mientras que Keren Carrillo puntualizó que un convenio —“como sabe cualquier estudiante de Derecho”— no implica subordinación y recalcó que, en la Ley Orgánica, los derechos de los estudiantes se limitan al voto.
Otra iniciativa que generó un debate acalorado fue la propuesta para tipificar el transfeminicidio como delito, impulsada por Héctor Alejandro Acuña Ruiz, Yetzira García Esparza y otros participantes. En la discusión, Emilia González Martínez reprochó en varias ocasiones lo que calificó como un uso ignorante de conceptos.
Aclaró, por ejemplo, que hablar de “asesinatos de hombres que se creen mujeres” constituye un discurso de odio. Subrayó que hablar de transfeminicidio no es dividir al feminismo, sino visibilizar realidades específicas de violencia estructural y letalidad.
En contraste, otros parlamentarios expresaron su preocupación por “exagerar las etiquetas” o “crear más divisiones”.
González Martínez también impulsó una iniciativa para garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud para personas trans y de la diversidad sexual.
El grupo Sombrerete planteó una iniciativa para reformar la Ley de Juventudes y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el fin de regular el uso de inteligencia artificial en contextos digitales que puedan derivar en violencia contra las mujeres.
Su discusión se centró en los riesgos de reproducción de violencias a través de contenidos generados por inteligencia artificial, como el uso de deepfakes, y en la urgencia de legislar para sancionar su uso malicioso. Las y los promoventes advirtieron que esta tecnología ya está siendo usada con fines de acoso, extorsión o pornovenganza, y urgieron a no esperar a que el daño sea mayor para legislar.
