Durante los últimos años la Iglesia Católica ha tenido que lidiar con una mayor presión por los múltiples casos de pederastia en que han incurrido muchos de sus miembros. El fenómeno en sí no es nuevo, y se asocia históricamente con al menos dos hechos concretos, el celibato y la impunidad. Con el primero en razón de que los sacerdotes están obligados a renunciar a sus relaciones sexuales a partir del Concilio de Trento, el cual está orientado a generar contrapeso a la Reforma Protestante, misma que posibilitaba a los clérigos contraer matrimonio. Esto generó de facto la clandestinidad de relaciones sexuales, las cuales lógicamente recayeron en no pocas ocasiones sobre los niños por su condición de vulnerabilidad y mayor facilidad de convencimiento por parte de quienes abusaron sexualmente de ellos.
El segundo aspecto, el de la impunidad, radica en el proteccionismo que católicos de primera línea, incluidos obispos, arzobispos y presuntamente papas han brindado a cientos, tal vez miles de acosadores y violadores, los cuales se han mantenido impunes a pesar de las múltiples denuncias que se han hecho de manera individual y colectiva contra ellos. La solidez de este proteccionismo se refleja en que a pesar de que desde la mitad del siglo 20 las acusaciones formales aumentaron de forma exponencial, la justicia ha sido lánguida y se corresponde más con las concesiones que la Iglesia hace ante la imposibilidad de seguir enfrentando controversias que por un genuino deseo de fomentar la justicia contra los violadores.
Una vuelta de tuerca en este sentido son las observaciones que el Comité de los Derechos de los Niños de Naciones Unidas (ONU) hizo recientemente al Vaticano, las cuales están fundamentadas en la premisa de que dicho organismo efectivamente ha protegido a violadores. Las nueve recomendaciones para castigar la pederastia generaron incomodidad en la llamada “Santa Sede”, la cual considera que la ONU se inmiscuye en su espacio doctrinal y moral. No obstante, el Vaticano no se encuentra totalmente al margen de Naciones Unidas, pues desde 1990 se adscribió a la Convención de los Derechos de los Niños, lo que implica responsabilidades para el sector de las sotanas. La polémica que se ha desatado entre estos dos organismos radica justamente en el informe que el Vaticano tuvo que presentar, y en el cual se señalan modificaciones a la legislación canónica, pero las cuales aparentemente no cumplieron con las expectativas del comité de la ONU encargado de atender el tema de la pederastia.
Es previsible que el supuesto conflicto Vaticano-ONU no trascienda algunos titulares de noticieros en algunas partes del mundo, incluso las declaraciones de los voceros del Vaticano apuntan a ello en virtud de que niegan un conflicto de grandes proporciones. Sin embargo el tema no se agota con la adopción de las recomendaciones de la ONU por parte del Vaticano, y destacan al menos tres pendientes inmediatos 1) La apertura de los archivos del Vaticano para el deslinde de responsabilidades tanto de violadores como de sus protectores 2) Claridad en la estructura jurídica y los procesos a los que se someta a los curas pederastas 3) Compensación a las víctimas directas y sus familiares tanto por el acoso de los pederastas como por el proteccionismo que la Iglesia ha perpetrado, resarcimiento que debe basarse en el daño tanto físico como moral.
Ahora bien, conviene hacer hincapié en que estas no dejan de ser medidas para paliar los daños que la pederastia católica ha generado, pues incluso la normatividad interna de la “Santa Sede” buscará regular y administrar los castigos, pero hasta el momento no parece cuestionar de fondo ni el problema de la impunidad ni el celibato obligado, ya que en el primero de estos una justicia cabal implicaría tocar las más altas esferas, lo que representa una seria amenaza para los intereses y reputación del Vaticano. Sobre el tema del celibato no se puede soslayar la hipótesis de que fue establecido para generar mayores ganancias y lealtad de los sacerdotes hacia la Iglesia, en razón de que al no contar con familia, los clérigos orientan todos sus esfuerzos a ésta. En este sentido resulta
revelador el caso de los 71 curas de la diócesis catalana de Girona que en 2002 exigieron que el celibato sea opcional, además de que las mujeres tengan derecho al sacerdocio. Sería un error pensar que con la derogación del celibato se extingan los casos de pederastia, pero sin duda se contribuiría a ello, y es necesario no perder de vista que es un reclamo que también se genera al interior del núcleo católico.
La pederastia católica ha estado presente desde hace cientos de años y se ha documentado en decenas de países, por lo que la maraña de complicidades e injusticias tardará en deshacerse, incluso bajo el supuesto de que la comisión de la ONU haga una labor eficiente. Pero conviene no perder de vista que el tema de la pederastia es finalmente una más de las cosas sobre las que la Iglesia Católica debe responder, pues queda pendiente su responsabilidad en temas tan sensibles como el de la prohibición del uso del condón en una época de graves enfermedades y sobrepoblación; la exclusión y persecución de homosexuales en múltiples territorios y épocas; su condena al aborto y su escaso apoyo a madres solteras y niños abandonados; su relación con regímenes autoritarios y genocidas; su omisión a apoyar la significativa labor de curas como Alejandro Solalinde y fray Tomás González. La lista es larga, pero lo importante es no quitar el dedo del renglón en esta búsqueda de justicia. ■
