El pasado mes de Noviembre la actual Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, presentó ante el Senado la iniciativa de la Ley General para la Regulación y Control de Cannabis, cuyo propósito es regularizar el consumo y comercio de la marihuana para uso recreativo, medicinal, científico y comercial. De este modo se culminaría la brega emprendida para hacer valer el derechoconstitucional al libre desarrollo de la personalidad. Entre sus motivos se expone que las políticas prohibicionistas, implementadas en los anteriores sexenios, han aumentado tanto los índices de violencia como la criminalización de los sectores vulnerables de la sociedad que se ven envueltos en actividades relacionadas al cannabis. Por otro lado, se argumenta que el cannabis posee propiedades farmacológicas benéficas. Así pues, esta ambiciosa iniciativa buscaría normalizar el uso de la marihuana como medicamento alternativo, mitigar la delincuencia que tanto ha asolado al país durante los últimos 20 años y hacerle justicia a los grupos marginados que han sufrido las consecuencias de las cruentas políticas de persecución. Pero, ¿a qué costo?
Emulando a países que se han adentrado en distintos tipos de regularización, la iniciativa de MORENA pretende aprovechar el potencial del mercado al consolidar una industria nacional legal que sustituya la presencia del crimen organizado. Así, se generarían empleos, aumentaría la recaudación fiscal, atraería inversión extranjera, garantizarían estándares de calidad del producto, recortaríanlos gastos gubernamentales destinados a la lucha contra el narcotráfico y México se posicionaría como país exportador y destino turístico para los amantes del cannabis. Por otra parte, la legalización eliminaría la necesidad de delinquir para obtener el enervante. La iniciativa se encuentra estudiada en comisiones para su dictamen y se espera aprobar antes de finalizar el presente año.
No obstante, sería inmoral no señalar que a pesar de las medidas procuradas para disminuir los riesgos y daños relacionados con la ingesta de cannabis, diversos estudios, como el elaborado por el National Institute on Drug Abuse (NIDA) de Estados Unidos, demuestran que el consumo de la sustancia provoca ciertas patologías: síndrome de dependencia física y adicción, pérdida ósea, padecimientos respiratorios, enfermedades cardiovasculares, efectos en la salud mental y el desarrollo psicosocial del adolescente, deterioro cognitivo residual, cáncer, entre otras. Aunado a lo anterior, la legalización posibilita el abuso de dicha droga, que pese a su prevalencia en México, no deja de constituir un peligro hacia la salud pública y hacia la seguridad nacional, más aún cuando el país carece de la infraestructura sanitaria y del personal necesario para hacer frente a la frenética farmacodependencia.
A su vez, me resulta imperioso expresar que la inseguridad no necesariamente va a desaparecer con la regulación del cannabis ya que realmente no se atacan las causas estructurales de la criminalidad. La venta y distribución de la marihuana apenas representa una proporción del financiamiento de los cárteles mexicanos, éstos han diversificado sus actividades a tal punto de lucrar con el sufrimiento humano y el deterioro ambiental. Difícilmente la legalización detendría la sanguinaria violencia que ha paralizado al país durante años, inclusive es factible que la situación empeore, ya que para compensar los ingresos perdidos de la venta de marihuana, las organizaciones criminales migrarían sus intereses a nichos más redituables…más inhumanos, más peligrosos. Es decir, para recuperar las ganancias arrebatadas por el mercado legal y regulado habría más venta de drogas duras, cobros de derecho de piso, tráfico de recursos naturales y órganos biológicos, extorsiones, secuestros, y trata de personas. De igual manera, se podría producir una encarnizada lucha por las cenizas del mercado ilegal, tal como ha acontecido en Uruguay. A fin de cuentas, habría más violencia para el país.
La regulación propuesta no puede ser completa e integral mientras se contemple replicar aquello aprobado en Canadá. Nuestra realidad social–y nuestro frágil Estado de derecho– difieren completamente del canadiense, al discutir la iniciativa sobre el uso recreativo de la marihuana nuestros legisladores deben estar conscientes de que en los últimos cinco años el país norteamericano sufrió menos de 3,000 homicidios, durante el mismo periodo las cifras en nuestro país ascendieron a más de 140,000 defunciones por homicidio. Hoy por hoy la mayoría de los mexicanos están en contra del uso recreativo del cannabis, los ciudadanos sabemos que tanto el prohibicionismo punitivo, como laliberalización del uso de psicotrópicos dañinos terminan por destruir la sociedad en la que juegan nuestros niños, trabajan nuestros padres, conviven nuestras familias y sueñan 130 millones de honrados mexicanos. Para que la regulación funcione los beneficios económicos deben superar a los costos sociales, se debe encontrar la fórmula en la que se promueva el desarrollo social a través de las oportunidades laborales que ofrece la industria del cannabis, a la par que se fortalezca la educación formal sobre un consumo responsable, se establezcan programas preventivos para alejar a nuestros hijos de las garras de la maligna adicción, se garantice la eficacia de los mecanismos de impartición de justicia para reducir los efectos negativos en la sociedad, y se resarzan los daños sociales de las víctimas de la guerra contra el narcotráfico mediante fondos de reparación y servicios de rehabilitación y reinserción social. ■
