A días de que el gobernador David Monreal Ávila rinda su Primer Informe de Gobierno, la titular de la Secretaría de la Función Pública, Humbelina Elizabeth López Loera señaló que la dependencia a su cargo trabaja arduamente en el combate a la corrupción, tanto que para el corte de este primer año de la administración, se han logrado más de 270 años de inhabilitación divididos entre 19 funcionarios de primer y segundo nivel de la administración de Alejandro Tello Cristerna, una cifra histórica que ejemplifica que no se tolerará la impunidad y que habrá sentencias cuando haya irregularidades.
En entrevista para La Jornada Zacatecas, la funcionaria recordó que cuando recibió la institución había un colapso amplio en cuanto a carpetas de investigación, por eso desde que asumió el cargo informó que había más de mil carpetas abiertas y que “lamentablemente” muchas de estas estaban ya prescritas, es decir, porque no encuadraron dentro del periodo de la ley que establece para emitir una sentencia o castigar a los presuntos responsables.
La Ley General de Responsabilidades, explicó López Loera, que es el mentor normativo fundamental de la SFP, traza tres años para las faltas no graves y siete años para las graves. Las faltas graves competen propiamente cuando hay desvío de recursos, cohecho y peculado; y las no graves, es cuando los funcionarios dejan de supervisar el trabajo, realizan algunas contrataciones sin apego a la normativa, pero en efecto se realiza la ejecución del gasto.
En lo que va de la administración, la funcionaria enfatizó que en cada una de las carpetas que se están generando hay movimiento diario para que no prescriban y varias de ellas han culminado ya en resoluciones. En ese sentido, dio a conocer que en números importantes para el Primer Informe de Gobierno, la SFP en cuanto a combate a la corrupción se ha convertido en la primera entidad federativa con sentencias de inhabilitaciones que provienen de carpetas que estaban abiertas.
Asimismo, informó que Zacatecas se encuentra en “el top 3” en lo que concierne a la conjugación de indicadores como el tema de las denuncias penales, inhabilitaciones, multas a proveedores y contratistas, sumándole a esto la cantidad ya citada de más de 270 años de inhabilitación acumulados entre 19 funcionarios de la administración pasada, de quienes por el debido proceso y la presunción de inocencia no se pueden dar los nombres.
“De estos más de 270 años es importante mencionar que más del 97 por ciento recaen en funcionarios de primer y segundo nivel, y recaen en 19 servidores públicos propiamente. Algunos enfrentan varias carpetas de investigación, no sólo una”, dijo la secretaria de la Función Pública, para agregar que son de la pasada administración porque una de las metas es que no prescriba ninguna carpeta en esta nueva administración. No obstante, declaró a este diario que también se avanza con la actual administración en el tema preventivo y sí hay corrupción, también se emitirán sentencias ad hoc a las faltas administrativas.
Metas: emitir resoluciones justas, reparación del daño, prevenir la corrupción y rendir cuentas
Humbelina Elizabeth López Loera señaló que una de las metas importantes es emitir resoluciones propiamente justas y que se regrese el dinero a la sociedad zacatecana, toda vez que estas inhabilitaciones se debe a que hubo una afectación al erario público, pero recordó que también en el tema penal, la SFP tiene la facultad para vincular a proceso a un imputado, esto mediante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, a quienes la dependencia suministra documentos para que fundamenten la carpeta de investigación, se turnen a niveles superiores de justicia y se vincule para que el impute repare el daño.
“Ese es uno de los objetivos, que haya reparación del daño; que cuando haya irregularidades se inhabilite”, sentenció.
Y la prevención es otro de los objetivos, ya este tema se le visualiza, a decir de la funcionaria, en que en un corto plazo se estén bajando millones de pesos observados por instancias federales para que el dinero llegue a buen puerto y culmine en beneficios y programas sociales de la Nueva Gobernanza.
Derivado de esto se encuentra otro de los objetivos que es abonar siempre a la transparencia y rendición de cuentas, para ello hay dos acciones torales: uno es la apertura de la información, y en este tema, desde septiembre de 2021 a la fecha, el Gobierno del Estado tiene más de 30 millones de datos publicados en la Plataforma Nacional de Transparencia. Mientras que otro de los pilares es la participación ciudadana, que sea la sociedad la que se sume a denunciar a servidores y funcionarios, pues aseguró que entre todos se puede abonar y evitar actos de corrupción y se pueden diagnosticar irregularidades.
Con respecto a su actuar en la administración actual, Humbelina López Loera señaló que existe el compromiso contundente de que no se dejará que prescriba una sola carpeta de investigación, que fue el vicio de antes; y que las sentencias que se emitan serán apegadas a estricto derecho, pues no se debe reorientar o estirar la ley para un contentillo ya que es muy clara. “En esta Nueva Gobernanza no tenemos ni la indicación ni mucho menos la convicción de no encuadrar una irregularidad si así lo amerita”.
Caso Benjamín “N”
En lo referente al tema de la triangulación de recursos por el orden de los 60 millones de pesos hacia una empresa que se generaron en la edición de la Fenaza 2019, la funcionaria informó que el proceso sigue avanzando en el tema de las carpetas de investigación y las denuncias, siendo las citaciones las últimas acciones que se han hecho ya que Benjamín N se encuentra ya “sustraído de la justicia”.
Asimismo, refirió que se ha avanzado con las dos órdenes de aprehensión y también con un cateo, no obstante, se les ha avisado que sigue prófugo de la justicia, pero, aseguró, en cualquier momento va a tener que enfrentar su proceso, porque los amparos son por un periodo determinado.
De igual forma, aseguró que hasta el momento no se tiene información que haya sido detenido, más sí se tiene conocimiento de que quiso salir del país, pero las autoridades al ver el registro de irregularidades jurídicas que tenía le retiraron la visa y lo obligaron a permanecer en el territorio para que enfrente su proceso. Finalmente, refirió que la acción más reciente fue un cateo el cual puede trazar líneas que pudieran ampliar la carpeta de investigación.
