El tercer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), respecto a la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, evidencia que el Ejército y la Marina tuvieron responsabilidad; sin embargo, no hay visos de que haya justicia y sigue pendiente saber dónde están y lo que ocurrió con ellos, opinó Hallier Morales Dueñas, docente investigador de la Normal Rural de San Marcos “General Matías Ramos Santos”.
“Se muestra algo que los estudiantes de las Normales Rurales y los padres de los 43 han manifestado desde el principio, que el Ejército participó en esta tragedia y la complicidad del sector castrense. Lo que ahora vemos es que todas las corporaciones judiciales del Estado mexicano tuvieron conocimiento de lo que sucedió aquella noche en Iguala”, expresó.
Es decir, dijo que este tercer informe demuestra que la “Verdad Histórica” fue una farsa del Gobierno Federal en turno, pues, de acuerdo con las nuevas evidencias, incluso la Marina manipuló el escenario donde se situaba la historia difundida en el sexenio pasado.
A pesar de que el informe ofrece información novedosa respecto a la participación del Ejército, señaló que todavía no hay respuesta a la pregunta de dónde están los estudiantes o cuál fue su destino, ni tampoco se ha profundizado en la investigación sobre los responsables intelectuales.
“El informe es claro y el Ejército, Cisen, Policía Federal y Estatal, todas, hicieron un seguimiento de las actividades de los estudiantes esa noche y todas tuvieron participación. La autoridad estuvo presente en todo momento y eso nos demuestra lo que era una sospecha, pero queda pendiente que se castigue a los responsables. Es la gran deuda”, expresó.
Morales Dueñas comentó que ahora hay claridad sobre el vínculo entre el gobierno, las instituciones y el crimen organizado, pero lo más importante es saber qué pasó con los normalistas y dónde están.
En ese sentido, cuestionó el motivo por el cual el Gobierno Federal hizo un montaje con la “Verdad histórica”: “¿a quién están encubriendo? ¿Por qué ante la indicación del actual gobierno de brindar toda la información al GIEI y a los padres de familia, se sigue entorpeciendo el que se conozca la verdad sobre lo sucedido?”.
Consideró que al interior del Estado hay una pugna de poder “de magnitudes no vistas”, ya que la Presidencia de la República ha mandatado que se apertura toda la información de los órganos de inteligencia y el Ejército, pero éste no ha ofrecido transparencia.
“O estamos ante un conflicto interno en el Estado mexicano, o lo más lamentable es que estén engañando nuevamente bajo el argumento de transparentar, cuando en realidad están encubriendo”, puntualizó.
Según Morales Dueñas, la narrativa del actual Gobierno Federal evade la posibilidad de acusar al ex presidente Enrique Peña Nieto y algunos integrantes de su gabinete, lo que evidencia que hay ciertas contradicciones en la administración que encabeza Andrés Manuel López Obrador “y me parece que no hay certeza de que realmente se busca justicia de parte del Estado”.
Desde su perspectiva, en este momento ya no queda margen para omitir la responsabilidad de varios actores del Gobierno Federal que en su momento fueron los responsables, por lo que no hay excusa para no vincularles a proceso.
Por otra parte, afirmó que la información contenida en el tercer informe es relevante porque este año se conmemora el centenario de las Normales Rurales y la desaparición de los 43 estudiantes es un punto de quiebre, pero también una consecuencia de la guerra de baja intensidad o contrainsurgencia contra estas escuelas durante décadas.
“Queda claro que hay un tratamiento histórico a los normalistas rurales. El problema recurrente con las Normales Rurales se sintetiza con la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, pero no es un problema que nació en 2014, sino que vemos una política permanente que arrastra desde 1960 en cuanto a cómo ve el Estado a estas escuelas”.
En ese sentido, Morales Dueñas refirió que el tratamiento del Estado mexicano a estas escuelas es bajo una lectura judicial y no educativa, debido a que ven en ellas a centros de formación de potenciales detractores del gobierno y de sus instituciones.
Entonces, “la atención a estas escuelas ha estado bajo esa lógica. Este informe del GIEI se da bajo una mirada semejante a las que aplican en actividades de contrainsurgencia. Esa supuesta infiltración del Ejército en la Normal seguramente se replica en otras Normales y ese silencio del presidente y el secretario de Gobernación, en aquel momento, obedece a esta mirada más judicial que a un fenómeno educativo”, indicó.
Por tanto, consideró que el tercer informe demuestra cómo las Normales Rurales han tenido que arrastrar una persecución permanente y cómo han sufrido los efectos de una guerra de baja intensidad donde se les trata con una lente distinta y donde se justifica el uso de la violencia en su contra.
