La organización Ciudadanía Participativa de Zacatecas desmintió que un segundo amparo contra la obra del viaducto elevado en el boulevard Adolfo López Mateos (además del promovido por el alcalde de la capital), haya sido desechado, según declaraciones recientes de funcionarios del gobierno del estado.
Francisco Valerio Quintero, integrante de este movimiento, informó que siguen en proceso tres solicitudes de amparo, uno promovido por un grupo de comerciantes y dos más por personas afectadas por la obra, pero todavía no hay una respuesta de las instancias jurisdiccionales.
“Tenemos amparos que están en curso y que esperamos que sean debidamente desahogados por los tribunales y que la autoridad jurisdiccional tome en cuenta las consideraciones que se hacen al pedir el amparo de la justicia federal contra actos indebidos del gobierno del estado”, expresó.
En caso de que la resolución sea a favor de los ciudadanos, dijo que seguramente será apelado por el gobierno del estado, pero si es favorable a este, “seremos los ciudadanos los que recurriremos a la Suprema Corte para que se revise. Es decir, todavía hay un camino jurídico por recorrer”.
Valerio Quintero mencionó que el responsable del área jurídica del gobierno del estado afirmó que un segundo amparo había sido desechado por la autoridad, pero eso “es una mentira” y no hay ningún caso que haya sido dictaminado, resuelto o rechazado en relación al viaducto elevado además del promovido por el municipio de Zacatecas.
Por otra parte, cuestionó que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) mantenga un “silencio cómplice” a pesar de que exigió al gobierno del estado una evaluación de impacto patrimonial antes de iniciar cualquier obra.
Recordó que ese organismo emitió una disposición en donde le prohíbe al gobierno del estado llevar a cabo cualquier obra mientras no presente la evaluación de impacto patrimonial, y a pesar de ello en las últimas semanas se realizaron trabajos preliminares.
“Hay una cierta tolerancia inexplicable e inadmisible tanto de Icomos como del INAH porque este ya emitió un dictamen para que el gobierno informe debidamente sobre el impacto al patrimonio cultural en donde dice claramente que no se toque nada”, dijo Quintero.
“Los permisos siguen sin existir y es inexplicable cómo el gobierno del estado entrega 540 millones de pesos para iniciar una obra que no cuenta con un permiso. Entonces es un procedimiento arbitrario e inexplicable en una autoridad”, expresó.
Por último, reiteró que ese proyecto del viaducto elevado “es un disparate”, ya que solo beneficiará a 50 mil personas que transitan por el boulevard entre las 7:30 y 8:30 de la mañana y entre las 15 y las 16 horas y no al resto del millón 600 mil habitantes que hay en la entidad.
Es decir, cada peso gastado en el segundo piso será un peso que se le niega a la seguridad pública, al abasto de agua potable, a la educación, a los hospitales, a las carreteras y a los sectores productivos.
