Este jueves 30 de enero, el Cabildo del Ayuntamiento de Zacatecas aprobó por unanimidad la solicitud de desincorporación voluntaria del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac) a los empleados municipales que así lo deseen.
Explicaron que la medida fue solicitada por los propios trabajadores preocupados por la estabilidad de sus pensiones y prestaciones ante el panorama incierto sobre el futuro del Issstezac y reiteraron que los empleados que se desincorporen del Instituto mantendrán su acceso a la seguridad social a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
El presidente municipal, Miguel Varela Pinedo, resaltó la relevancia de esta medida como “un acto de justicia y respeto hacia los trabajadores” y subrayó el compromiso del Ayuntamiento de Zacatecas de garantizar que todos los procesos de desincorporación se lleven a cabo con absoluta transparencia y acompañamiento institucional, asegurando que los derechos laborales y la tranquilidad de los trabajadores se mantengan inalterados.
Sin embargo, el Issstezac emitió un boletín en el que mencionó que “sin baja definitiva no se tiene derecho a la devolución de cuotas”. Señalaron que respetan la autonomía municipal, empero, lamentan la “antijurídica ocurrencia” de desincorporar del Issstezac a 566 trabajadores del municipio capitalino sin analizar a fondo las implicaciones que esto tendrá sobre los derechohabientes pensionados y en activo adscritos a la Presidencia Municipal de Zacatecas.
“El municipio de Zacatecas le debe al Issstezac de la primera quincena de enero la cantidad de $2.8 millones de pesos; obviamente si el municipio no le paga al instituto provoca que no se puedan cubrir las 52 pensiones que ordinariamente se solventan a final de mes; esto bajo cuenta y riesgo de la administración municipal de Zacatecas que deberá atender ahora el reclamo de los núcleos familiares afectados por su determinación que no ha sido merecedora de comunicación formal alguna”, señala el comunicado.
Asimismo, se explica que para el trámite de devolución de cuotas es requisito presentar la baja definitiva por parte del otrora derechohabiente, por lo que “evidentemente se les engañó” si les dijeron que podían pasar a este instituto a recoger dinero.
Refirieron que no se debe confundir el régimen voluntario con la incorporación voluntaria al régimen obligatorio, ya que la Ley del Issstezac define que “son sujetos de aseguramiento al régimen obligatorio, los trabajadores que presten sus servicios en los entes públicos conforme a lo establecido en el artículo 4 fracción XXI1 de la Ley del Issstezac. Podrán ser sujetos de aseguramiento voluntario al régimen obligatorio los Gobiernos Municipales, los organismos descentralizados paramunicipales y sus trabajadores que por convenio se integren al régimen de seguridad social, con base en el estudio actuarial que se realice.”
Y que, hablando de incorporación individual, que no fue el caso, sino que fue una incorporación colectiva, ésta es exclusiva para derechohabientes que causen baja definitiva de su empleo y quieran mantener voluntariamente la vigencia de su derecho a la pensión por jubilación.
Externaron que mientras no se disuelva el convenio de adhesión formalizado entre dicho ente público y este organismo, que data de octubre de 1987, persiste la obligación de realizar el entero de las cuotas y aportaciones de seguridad social en relación con la totalidad de los trabajadores registrados en el régimen a cargo de esta autoridad fiscal (Issstezac).
“Los números no mienten, la actitud del gobierno municipal atenta contra un derecho humano fundamental pero además contra las propias finanzas municipales pues ahora será el mismo municipio quien tendrá que asumir el pago de 151 de sus extrabajadores hoy pensionados más las pensiones de aquellos que aún están activos y poseen ya el derecho a pensionarse (128 personas). Ahora las autoridades municipales deberán atender los reclamos que hayan provocado”, concluyeron.
¿Y la ilegalidad de los desfalcos hechos por funcionarios por omisión o acción que nunca sufrieron consecuencia alguna, qué?… ¿Los trabajadores tenemos que aportar cada vez más porcentaje de nuestro sueldo para solventar esas acciones que políticamente eran inviables de perseguir?
¿Por que no se inician también, denuncias penales contra quienes resulten responsables de la situación financiera que atraviesa el instituto?
La realidad es que no son capaces de «garantizar» una pensión digna y menos con su idea de «complementariedad»… como dicen los jóvenes: Mejor NADOTA