El 23 de septiembre, el periodista Carlos Puig publicó en Milenio un resumen de la información que le fue otorgada por la Unidad de Enlace del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), tras una petición de información inicialmente denegada y resuelta en audiencia pública en el IFAI. Se trata de la base de datos de “homicidios dolosos presuntamente vinculados con delitos federales” de la Secretaría de Gobernación (Segob). Específicamente, se muestra cuál es la distribución de este tipo de homicidios en los municipios, entre diciembre de 2012 y mayo de 2013.
El logro de Puig no es menor. Tras siete meses de espera y la intervención del IFAI, la administración publicó algo más que una cifra mensual de homicidio agregada a nivel nacional. Este esfuerzo se suma al que han realizado diversas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas México Evalúa, para tratar de mejorar la calidad y la transparencia en la información relacionada a la violencia de los últimos años.
Para ello, han solicitado a Gobierno federal que, entre otras cosas, se transparente la metodología; se desglose la información a nivel municipal y estatal en los periodos mensual y anual; se homologuen y respeten los criterios de comparación para todos los delitos y decomisos y se presente la información en reportes integrales que permitan observar la totalidad del sistema de seguridad y justicia, no sólo de forma aislada o descontextualizada.
Sin embargo, todavía existen retos importantes para mejorar la transparencia y la claridad de la base de datos. En primer lugar, aún falta claridad en la metodología.
La Segob afirma que se siguen los mismos criterios que se utilizaban en el sexenio anterior en la “Base de datos de fallecimientos ocurridos por presunta rivalidad delincuencial”. No obstante, la administración actual cambió el nombre de la misma a “Base de datos de homicidios dolosos vinculados a delitos federales”, lo cual al menos nominalmente sugiere implicaciones de medición diferentes. Independientemente del nombre oficial de la base, aún no existe ningún posicionamiento público que permita el acceso a la metodología ni que explique la razón del cambio de nombre o cuáles son las diferencias o similitudes sobre lo que mide cada una.
En segundo lugar, la base de datos aún no se publica suficientemente desagregada. Con la información obtenida por Carlos Puig ya podemos saber cuál es el total de la distribución geográfica de los homicidios dolosos relacionados con delitos federales a nivel estatal y municipal entre diciembre de 2012 y mayo de 2013, pero no conocemos los cortes mensuales de la información.
Tomando lo anterior en cuenta y debido a que el dato sobre homicidios dolosos vinculados a delitos federales se presentaba incompleto, agregado y sin una metodología clara y replicable, la sociedad civil acordó con la Segob que ésta no publicaría más el dato hasta contar con la información necesaria para dotar de claridad y transparencia a la información. Como argumentó Lilian Chapa, investigadora de México Evalúa, “cuando la administración actual publica una cifra sin que medie la base de datos ni la metodología que se sigue para esta contabilización, se incurre en un retroceso costoso —no sólo en términos de transparencia y rendición de cuentas, sino también para el esfuerzo colectivo de dimensionar el fenómeno de violencia.”
Desde febrero de 2013 se han establecido diferentes mecanismos de interlocución con la Secretaría de Gobernación, incluyendo una mesa de diálogo. Esta experiencia nos ha dejado en claro que el manejo de esta información ha sido uno de los grandes errores en la estrategia de comunicación de Gobierno federal. Además, no se han logrado resolver los problemas de esta base de datos y la confusión prevalece.
Es difícil de creer que a pesar de que el fenómeno del crecimiento de la violencia lleva más de seis años en el país, aún no exista claridad en la estadística sobre los homicidios. La opacidad en la metodología de la base de datos de la Segob y el aún limitado acceso a la totalidad de la información han generado más preguntas que respuestas respecto al fenómeno actual de violencia en México y la política de seguridad asociada. Por lo tanto, reiteramos nuestra solicitud para que la Secretaría de Gobernación facilite el acceso a la base de datos, desagregada espacial y temporalmente, así como a la metodología que sustenta dicha información. Sólo así se puede contribuir a resolver la confusión actual respecto al tema y aumentar la transparencia en materia de seguridad
Finalmente, México Evalúa quiere agradecer a Carlos Puig por habernos compartido las bases de datos que obtuvo de Sesnsp. Sabemos el esfuerzo que representó conseguir esta información y agradecemos su interés y contribución para exigir cuentas al gobierno y tener una mayor claridad de lo que sucede en México mediante datos más transparentes y fundamentados. ■
