Sindicatos y organizaciones sociales se manifestaron este lunes en contra del dictamen presentado por la Legislatura mediante el cual se pretende reformar la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac); la calificaron como retrógrada y neoliberal, pues incluye en menor o mayor medida las siete variables paramétricas que propuso el Gobierno del Estado y no las propuestas de los derechohabientes.
Marcelino Rodarte Hernández, integrante del Movimiento de Bases, exigió a la Legislatura que reponga el análisis y discusión de la reforma a la ley, pues la que promueven en esta ocasión es un atropello a los derechos de los trabajadores.
“Que se reponga el proceso porque este es un atraco, es un acuerdo político entre los diputados en contra de la clase trabajadora. El movimiento de Bases tiene esta posición porque no vamos a negociar nunca los derechos y si pasan por encima de nosotros, que sea por encima de nosotros, pero de este movimiento no van a tener el aval”, expresó.
Manifestó que el dictamen presentado contiene las siete variables paramétricas que había presentado el gobierno del estado y todas ellas son retrógradas pues quitan derechos a los trabajadores y derechohabientes.
Rodarte Hernández refirió que durante tres años esta Legislatura incurrió en mentiras sistemáticas para no trabajar en la reforma del Issstezac y ahora pretenden aprobar una propuesta “neoliberal, patronal, que lleva a las aportaciones voluntarias”, además de que no incluyeron a las propuestas de la diputada Alma Dávila.
Asimismo, el Sindicato Independiente de Trabajadores de Telesecundaria del Estado de Zacatecas (SITTEZ) realizó una marcha en las principales calles del Centro Histórico para expresar su rechazo a la reforma a la ley del instituto.
En su mitin realizado en la explanada del Congreso del estado, Ernesto Macías Silva, secretario general de este gremio, dio a conocer algunos de los aspectos más importantes del dictamen y exigió a los diputados que modifiquen el dictamen para garantizar el otorgamiento de las pensiones, que se realice una auditoría externa para fincar responsabilidades contra quienes hayan incurrido en anomalías y que se reactiven los préstamos para generar rendimiento económico.
También solicitó que, si de utiliza la Unidad de Medida y Actualización, que se aumente la cantidad de la pensión de orfandad, la póliza de gastos funerarios y de defunción al menos de 70 por ciento, además de que no se aumenten las cuotas de los derechohabientes, ya que ningún sistema de seguridad social tiene un porcentaje tan alto, y que en lugar de ello se cree el fondo de vivienda.
Asimismo, se sumó a la petición de que no se implemente la complementariedad, ya que las nuevas generaciones de los trabajadores cotizarían ante el instituto un porcentaje muy alto de sus ingresos, por cuatro décadas, para obtener un goce de pensión aproximado de 8 años.
Óscar Castruita Hernández, secretario general de la sección 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), hizo un llamado a los diputados a no incluir aspectos lesivos contra los trabajadores o de lo contrario habrá “una revolución” y que se instale una mesa de diálogo para analizar todos los artículos.
Desde su perspectiva, el dictamen final genera una condición adversa en los derechohabientes, por lo que solicitó de manera urgente la instalación de una mesa de trabajo con la Comisión de Parlamento Abierto y de la Función Pública de la Legislatura, y con los diversos actores del Gobierno del Estado, para revisar el articulado uno por uno y todos sus transitorios.
Según explicó la intención con ello es revisar el contenido del decreto y revisar cómo garantizar el respeto irrestricto de los derechos, ya que “no vamos a permitir un atropello en el esquema de la complementariedad”.
Castruita Hernández señaló que, si hay cerrazón de parte del gobierno del estado y de las comisiones legislativas para no generar las condiciones que los sindicatos han planteado, “tengan por seguro que se hará la revolución”.
Este lunes también se manifestó en el Congreso del estado el Sindicato único de Personal Docente y Administrativo del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas (Supdacobaez), cuyo dirigente Gerardo García Murillo también se pronunció contra el decreto para reformar la ley del instituto.
