Los interesa argumentar que las universidades son sistemas políticos, así que comenzamos con una cita: “En su forma más simple el predicamento humano que da origen a la actividad que denominamos “política” es el siguiente: los miembros de un grupo encaran una situación que demanda una respuesta común, pero existe desacuerdo en lo que concierne al tipo de respuesta que debe darse” (G. C. Moodie, G. Studdert-Kennedy, “Opinions, Publics and Pressure Groups. Allen & Unwin, 1970, p.11-12). El autor del libro citado escribió, en 1971 junto a R. Eustance, un artículo titulado “British Universities as Political Systems” (Political Studies, XIX (3), 1971) en el que trata de mostrar, en sentido contrario a la opinión predominante en aquel entonces, que existen características comunes entre la vida interna de las universidades y los gobiernos locales y nacionales. Las seis características comunes son: 1.-En la vida interna de las universidades se distingue una esfera de asuntos públicos, en los que hay asuntos de interés general, de una esfera puramente privada de los universitarios. 2.- Las decisiones que se toman conciernen a la esfera pública universitaria. 3.- Las decisiones que se toman en esa esfera están limitadas por un conjunto de ordenamientos jurídicos. 4.- Los ordenamientos jurídicos regulan varios, en el límite, todos, de los aspectos de la vida universitaria e implican la creación de una burocracia que cotidianamente hace funcionar la ley así como una jerarquía entre los universitarios. 5.- La jerarquía se establece para distribuir premios y castigos. 6.- Cuando se aplican las reglas, se reparten castigos o se atribuyen premios las universidades movilizan perspectivas conflictivas que requieren ser resueltas sin romper la coherencia jurídica y social de la universidad. Por supuesto existen características que la distinguen de los gobiernos locales, estatales y federales específicamente en las áreas de la economía, manejo de la población o control territorial. En otras palabras: las universidades no tienen por función disminuir la miseria de la población, o proteger el territorio de las posibles invasiones. Aún así enfrentan lo que constituye uno de los elementos básicos de la política: problemas que requieren la acción común pero ante los que los universitarios tienen puntos de vista diferentes y conflictivos. Es decir, la tan deseada unidad no es un proceso que resulte de las voluntades de los actores, sino de la existencia de procesos que permitan acercar posturas que son inicialmente divergentes. Si esto no es posible, se requiere un criterio para decidir entre las diferentes propuestas dentro del marco jurídico vigente. En la UAZ tal proceso lo constituyen las elecciones. De acuerdo al artículo 6 del Reglamento General de Elecciones el proceso inicia con la publicación de la convocatoria durante la primera quincena de abril. Como han aparecido tres candidatos, aunque debemos esperar a los registros, es claro que existen divergencias en cuanto a lo qué se debe hacer con la universidad y sus problemas. En nuestra humilde opinión la aparición de un contrincante, o varios, en un escenario en el que los esbirros ideológicos del Grupo Universidad predicaban la fatalidad de su candidato, constituía una obligación moral de todos los universitarios, porque la manera en que ese grupo y sus secuaces han manejado la universidad en los últimos lustros ha demostrado que no tienen la capacidad de construir un sistema democrático que regule la vida pública universitaria. Por el contrario, instituyeron un sistema de decisiones unilateral que, en abierta violación de todas las normas jurídicas, permitía la toma de decisiones centralizada por parte del rector, así como una distribución clientelar de los castigos y premios, generando una jerarquía que asemejaba una pirámide en la que los más cercanos al poder resultaban ser los más abyectos, y los más lejanos los más críticos. Todo esto generó efectos en dos niveles diferentes. En cuanto al nivel de lo público universitario, lo disminuyó al tamaño del dirigente en turno, excluyendo a todos los universitarios de la toma de decisiones -¿se le preguntó al Consejo Universitario si era necesaria la expansión de la universidad?, ¿ se le consultó sobre el cese de pagos de seguridad social?-, y en lo relativo a la vida cotidiana e individual de los universitarios se les premió o castigo de acuerdo a las filias y fobias de los directores, responsables de programa o “líderes” en turno, que suspendieron el contrato colectivo –en connivencia con el Spauaz- e impusieron una distribución discrecional de sus beneficios. Todo esto marca la agenda de los candidatos, incluso del que, por ser del Grupo Universidad, no tiene pretensiones de cumplirla, ya que es necesario reestablecer el imperio de la ley, volver a activar los órganos de decisión colegiada por encima de las autoridades unipersonales, imponer una severa vigilancia sobre el uso de los recursos, tanto de los federales y estatales, como de los propios, y reducir de manera drástica la burocracia universitaria que, aunque en el “modelo” de administración impuesto por el Grupo Universidad era superflua –la ley no se cumplía- creció para sostener su corporativismo. Son muchos problemas que no podrán ser resueltos en una administración, quizás ni siquiera en una generación de universitarios. Pero que deben ser encarados desde ya. ■
La universidad como sistema político
