Un obstáculo al parecer casi “insuperable” para lograr detonar –de modo consistente, efectivo, sostenible- el desarrollo integral de Zacatecas (sin entrar el debate sobre el “postdesarrollo”, que lo incorpora en mucha mayor medida, por decirlo de esa manera) forma parte de una constelación amplia de condiciones (crisis económica, insuficiencia de recursos, políticas neoliberales, regresiones antropológicas, etc.), se podría situar en lo que se puede denominar como una “lógica tutelar, proscriptiva y clientelar” aplicada por los de “arriba”, e interiorizada por los de “abajo”. Lógica que atraviesa al conjunto social, desde las elites, en sus estratos sociales altos, luego encarna –se interioriza-, en las mayorías sociales con sus diversas figuras: “ciudadanos”, trabajadores, jóvenes, mujeres, pobres rurales y urbanos (la violencia desatada en el país, los ha vuelto cercanos al término de… “clases peligrosas”, decimonónico, y porfirista), hasta, en el extremo, aquellas surgidas del universo de la delincuencia organizada, cárteles, con estructuras -más o menos- sofisticadas, desde el jefe o líder, a los halconcillos, etc. Según esta visión que recorre -y organiza, performativamente- de modo transversal la “sociedad que somos” (que lo mismo se reproduce por la “derecha”, como desde la “izquierda”, o, en el campo legal, como en el paralegal), a “los de abajo”, se les piensa y fabrica, como población subalterna (adj. Inferior, que está debajo de una persona o cosa), “sin agencia y sin voz”.
Entre los funcionarios, los partidos políticos, sindicatos, y, -también- en las organizaciones de la sociedad civil, cuando no se reivindica abiertamente la estructura autoritaria, se acepta como socialmente indispensable y necesaria, etc., una jerarquía, la piramidal diferencia entre dirigentes, en la cima, y simples “ejecutantes” en la base de la misma, reflejada en los salarios y las rentas, etc., que, al ser “naturalizada” sirve para justificar un modelo -y una dinámica- social. Cuando no es simple y llanamente, la autoritaria “ley de Herodes”, que es el modo operativo elegido, por las oligarquías, ante cuestionamientos y protestas sociales, que ponen en riesgo la “gobernabilidad”, exigiendo -así- a la “razón de estado”, la defensa y protección irrestricta de sus posiciones de poder y privilegios. Más recientemente, se ha impuesto, un criterio de justicia social, elaborado con base en “la igualdad de oportunidades”, según Francois Dubet, opera, definiendo primero, las desigualdades sociales en términos de discriminaciones, y determinando, luego, las acciones dirigidas a equilibrar, equitativamente, el acceso al bienestar, ofreciendo -para lograrlo- estímulos o bienes, que permitirían una competición social (una más justa “igualdad de oportunidades”) para conseguir posiciones más favorables. Los problemas -o anomalías- de este esquema (más allá de sus aciertos), son diversos, sobre todo, lleva a las víctimas a autoinculparse, por no “aprovechar” las oportunidades ofrecidas, las enfrenta entre sí, reduce a “incapacidades” (o carencias) a resolver, todas las potencialidades que las diversas figuras y sectores sociales podrían -eventualmente- desplegar si se consiguiera poner en movimiento –efectivamente- la creatividad e invención colectiva.
Siguiendo a Dubet, procuremos evitar caer en una postura crítica situada “fuera del mundo”, que suele desembocar en una posición “aristocrática e impotente”. Asumiendo, la perspectiva del compromiso, aceptando el carácter trágico de las decisiones morales que se nos imponen, y nos conducen a arbitrar entre principios de justicia contradictorios, para -finalmente- arremangarnos la ropa y realizar la faena común, buscando construir formas sociales vivibles “menos injustas y menos insoportables”.
En esa tesitura, nos gustaría hacer referencia, en términos de “buenas prácticas”, a un modelo de combate a la pobreza, diseñado e implementado en Canadá, en él mismo, participan las personas que viven en la pobreza, los sectores sin fines de lucro, las empresas, el gobierno, y los ciudadanos individualmente. Se trato de una iniciativa de participación pública, no partidista, por la importancia que tal emprendimiento tendría para el bien común. El objetivo general: reducir la pobreza de ingresos en 25% y la pobreza económica profunda en 50%. Definen un modelo de gobierno, para implementar el plan, con la participación directa de cada uno de los sectores mencionados arriba. Dividida en tres fases, una fase de dialogo público, largas y productivas sesiones con los propios actores; una mesa redonda, para desarrollar las opciones para reducir la pobreza; y un foro incluyente, para la adopción del plan contra la pobreza. Se trata de un plan pionero en un proceso de participación pública para la formulación de políticas encaminadas a la reducción de la pobreza. La pobreza es abordada como una responsabilidad compartida, con un enfoque integrado y con la participación de los ciudadanos. ¿Qué tipo de sugerencias puede derivarse de ésta -y otras- experiencias, para enriquecer -y mejorar- la Cruzada Nacional contra el Hambre, estrategia principal de la administración federal actual?
Sin duda, implicaría trabajar desde la base social, renovando nuestra filosofía y nuestros enfoques de intervención e innovación social. ■
