La posibilidad de que un funcionario público sea procesado penalmente en caso de ser acusado de un delito es una iniciativa de reforma constitucional que se presentó en el Congreso del Estado.
En la sesión permanente del 27 de agosto, la diputada por Morena, Violeta Cerrillo Ortiz, dio a conocer esta iniciativa con el objetivo de modificar el fuero constitucional en el estado.
La propuesta, que ha sido turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis y dictaminación, busca eliminar la inmunidad procesal tradicionalmente asociada con ciertos cargos públicos, permitiendo así que todos los funcionarios puedan ser procesados penalmente sin que esto implique su separación automática del cargo.
La iniciativa se fundamenta en los artículos 60, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, y en los artículos 48, fracción I, 49, 50, fracción I, y 52 fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas.
Además, se basa en los artículos 93 fracción I, y 98 fracción II, del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas.
El fuero constitucional, históricamente, ha servido para proteger a ciertos funcionarios públicos de ser procesados penalmente mientras ejercen sus funciones, evitando que sean perseguidos judicialmente por motivos políticos.
Su propósito inicial era garantizar que los funcionarios pudieran cumplir con sus responsabilidades sin ser objeto de persecuciones judiciales que pudieran tener tintes políticos.
Sin embargo, esta figura jurídica ha sido objeto de críticas, ya que su aplicación puede llevar a situaciones en las que funcionarios acusados de delitos no enfrenten el proceso penal correspondiente mientras se encuentren en el ejercicio de sus funciones.
En el texto vigente de la Constitución del Estado de Zacatecas, el artículo 153 establece el procedimiento para proceder penalmente contra los servidores públicos señalados en el artículo 151 por la comisión de delitos durante su encargo.
La Legislatura tiene la facultad de declarar si procede o no proceder contra el inculpado.
Si la Legislatura decide que no procede, se suspenderá el procedimiento ulterior, aunque la imputación podrá continuar una vez que el funcionario haya terminado su mandato.
Si la Legislatura declara que procede, el sujeto quedará a disposición de las autoridades competentes para que se actúe de acuerdo con la ley.
Además, el artículo establece que no se requerirá declaración de procedencia cuando el servidor público haya incurrido en delitos del orden común mientras estaba separado de su encargo.
Sin embargo, si la acusación se realiza cuando el funcionario ha vuelto a desempeñar su cargo o ha sido electo para otro, se procederá según lo dispuesto en el capítulo correspondiente.
El efecto de una declaración que dé lugar a proceder, será la separación temporal del cargo del inculpado, y si la sentencia es absolutoria, podrá reasumir su función. En caso de condena, no se concederá indulto si el delito fue cometido durante el ejercicio del encargo.
La propuesta de reforma presentada, según se respalda, busca eliminar este fuero constitucional, buscando un equilibrio entre la necesidad de eliminar los privilegios indebidos y la protección del ejercicio independiente de las funciones públicas.
Por lo que se plantea que todos los funcionarios que actualmente gozan de fuero, puedan ser procesados penalmente sin necesidad de recurrir a un proceso de declaración de procedencia o desafuero.
No obstante, se establece que dichos funcionarios no podrán ser detenidos ni removidos de su cargo mientras se lleva a cabo el proceso penal en su contra, a menos que exista una sentencia condenatoria firme.
