Tras ser desalojados durante las primeras horas de este lunes por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a través de la Policía Estatal Preventiva (PEP), trabajadores de la Fiscalía que mantenían bloqueada la circulación en la calzada Solidaridad presentaron un amparo y volvieron a instalarse en el mismo sitio; horas más tarde, el titular de la SSP, Arturo Medina Mayoral, se presentó para intentar liberar la circulación.
Dicho amparo fue concedido por el Poder Judicial de la Federación, informó Carlos Longoria Smith, representante del Movimiento de la Fiscalía y quien labora en la Dirección General de Servicios Periciales.
Agregó que ellos (trabajadores) están dispuestos a retirarse una vez que sean atendidos personalmente por el gobernador David Monreal Ávila, no por el secretario de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza.
Recordó que no han logrado acuerdos en las reuniones que tuvieron con las autoridades estatales y que sus peticiones siguen siendo las mismas.
Por su parte, Rodrigo Reyes Mugüerza confirmó que se les notificó de manera formal sobre la decisión del juez a favor de los manifestantes.
“Es lamentable que un juez federal no vea por los derechos de la mayoría en un perjuicio del interés general”, señaló a través de redes sociales.
Asimismo, reiteró que se respetará la libre manifestación, aunque dijo que no permitirán que se vulnere el derecho al libre tránsito de los zacatecanos.
“Llevaremos a cabo las acciones conducentes para asegurar el libre tránsito”, puntualizó Rodrigo Reyes.
Horas más tarde, Arturo Medina Mayoral, titular de la SSP, se presentó junto al titular de la Dirección de Policía de Seguridad Vial (DPSV), Oswaldo Caldera Murillo, para solicitar a los manifestantes que respeten el libre tránsito. Sin embargo, luego de una discusión, los trabajadores de la Fiscalía no se retiraron, por lo que al lugar llegaron más elementos para intentar desalojarlos. Alrededor de dos horas después, la circulación volvió a la normalidad.
Interpone fiscal denuncia en contra de manifestantes
Francisco Murillo Ruiseco, titular de la FGJEZ, interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Alejandro Rivera Nieto, José Francisco Martínez Gutiérrez y quien resulte responsable por los hechos que la ley señala como delitos de sabotaje, conspiración, acceso ilícito a sistemas y equipo de informática, así como de revelación de secretos, delitos sancionados por el Código Penal Federal; al igual que por las conductas delictivas previstas en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, Ley General de Desaparición Forzada y Cometida por Particulares, entre otras.
La denuncia presentada ante la FGR, aseguró Murillo Ruiseco, es sin menoscabar la libertad de expresión de los manifestantes, “al tratarse de delitos que atentan contra la seguridad de la nación, toda vez que es un bien jurídico primordial para el funcionamiento de la seguridad pública, ya que, como lo establece la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, la procuración de justicia es una de las acciones de la seguridad nacional definida como las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del estado mexicano y derivado del actuar de los ahora manifestantes se está viendo gravemente afectado”.
Asimismo, dio a conocer que el Ministerio Público de la Federación será el que determinará si los datos de prueba que acompañan a la denuncia y los que se puedan recabar por parte de la autoridad federal, son suficientes para acreditar los delitos denunciados y proceder conforme la ley.
“Pedir un aumento salarial es justo, sin embargo, hay situaciones y límites que ya sobrepasan esta situación. Insistimos en el derecho a las víctimas, a poder presentar las denuncias y perseguir los delitos” mencionó.
El funcionario aseguró que se “ha vulnerado la información” de los sistemas y bases de datos oficiales de la Fiscalía y que se han hecho públicos los CFDI del fiscal y otros directivos, información que, dijo, debe mantenerse en privacidad.
Aseguró que no se han hecho de lado las posibles negociaciones y mesas de diálogo y que este acto “es simplemente para que exista una autoridad que documente lo que está sucediendo, en este caso autoridad federal. No es nuestra intención demeritar el movimiento, pero también creo que las propuestas deben de tener un límite dentro del marco jurídico y sobre todo por el tipo de institución en la que estamos inmersos todas y todos”.
