Durante la inauguración de los Diálogos Nacionales sobre la Reforma Constitucional al Poder Judicial, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, sostiene como necesario lo que no practica, y hace un rodeo filosofante para desprenderse de las responsabilidades incumplidas, o mal ejercidas, en la institución que dirige. No hay autocrítica, diagnóstico, diseño de un nuevo rumbo, aunque expresa tener propuestas concretas que no especifica y menos da cuenta de los motivos por los cuales no ha intentado ponerlas en marcha.
Su intervención puede resumirse como banal y mediocre. Puede sintetizarse así: “…La justicia, en México, no es un monopolio del Poder Judicial…”, “…no es una cuestión de leyes y tribunales…”. Al hablar de una reforma judicial “…seamos críticos…”. Pongamos en el centro de la transformación las necesidades de las víctimas. Comprendamos “…el papel que desempeña (el mencionado poder) como piedra angular para mantener la paz y la cohesión a resolver, de manera imparcial e independiente, los conflictos que surgen en una sociedad democrática…”.
Para una transformación verdadera se ocupa reconocer la realidad que ha de ser transformada. La visión “filosofante” de Norma Piña es tramposa, pretende ocultar y justificar que el actual Poder Judicial es un aparato del que se han apropiado los más diversos criminales, desde los que han levantado imperios del narco, políticos corruptos, evasores de impuestos, neocolonizadores nacionales y extranjeros, profesionales traficantes del mismo Estado de Derecho, entre otros.
La ministra Lenia Batres Guadarrama dió luz sobre la existencia de un Poder Judicial independiente de la ciudadanía, pero respondiendo a los intereses de los poderes fácticos, lo demostró al señalar que la mayor parte de las tesis y jurisprudencias dan respuestas a las quejas de los económicamente poderosos. Por ejemplo: 12 mil 845 tesis relacionadas con el tema de los impuestos, que favorecen a muchos grandes capitalistas evasores y permiten legalizar un comportamiento ilícito; Igual sucedió con 1 mil 300 tesis sobre propiedad privada, permitiendo la protección de grandes terratenientes y 891 sobre libre mercado atendiendo las demandas de la oligarquía económica.
En cambio, según los datos de “la ministra del pueblo”, como se autonombra Batres Guadarrama: la SCJN sólo ha emitido muy pocas tesis jurisprudenciales para asuntos sociales: 195 relacionadas con la salud; 70 sobre educación; 30 sobre vivienda y 13 sobre el agua. Lo que sumado a otros actos judiciales, han hecho de la justicia mexicana “…cara, elitista, desgastante, humillante, lenta, inaccesible, inentendible, abusiva, misógina, racista, clasista, corrupta, parcial. En una palabra es injusta”.
En voz del exministro presidente Arturo Zaldívar, eso sucede porque el actual Poder Judicial ha establecido relaciones de alejamiento de la sociedad civil y un engranaje de complicidades con los poderosos a los que privilegia sobre los que poco o nada tienen. En esas circunstancias, aprecia que tenemos un aparato de justicia sin legitimidad social.
De tal manera que la pretendida reforma debe partir del precepto de que “…la justicia no es un privilegio, es un derecho…” que debe devolverse “…a quien le pertenece: al pueblo de México. Para que, por fín, sea una realidad. Una máxima para todas las personas” y no siga por la ruta equivocada de concebirse como un poder confrontado con los otros dos poderes (el ejecutivo y el legislativo) al grado de participar como oposición, aliado no sólo a los poderosos, sino también tomando partido por la derecha corrupta de nuestro país e interviniendo en los procesos electorales que llevó, incluso, a darle un triunfo a la derecha que ganó en los tribunales pero había perdido en las urnas, o negociando en lo obscurito en una condición vergonzosa que ya es del dominio público.
A sabiendas que no todos han visto, y seguro no verán, las diversas ponencias de los ministros de la SCJN en los diálogos convocados por el Poder Legislativo, consideré necesario hacer esta apretada reseña, la cual evidencia que el actual Poder Judicial está en manos de las criminalidades, no exclusivamente a las dedicados a las actividades del narcotráfico, también de las criminalidades no formalizadas como tales que acrecientan riquezas por la vía del arrebato legalizado, la exención y evasión de impuestos.
La reforma judicial, para ser una auténtica revolución, debe modificar su relación respecto a la ciudadanía. Tiene razón Arturo Zaldívar al destacar que la legitimidad social del Poder Judicial, y en particular de la SCJN, está rota porque el aparato de justicia no se alimenta de la legitimidad que emana del pueblo, sino que responde a los intereses sólo de quienes detentan riquezas y poder. Permitir que jueces, magistrados y ministros resulten del sufragio popular es una de varias medidas que permitirán la legitimidad social y un alejamiento de las criminalidades.
