El pasado martes 27 de mayo se realizó en la sede que en la que un día residió el INAI, el Foro “El Sistema Nacional Anticorrupción a 10 años de su reforma constitucional: retos y perspectivas”, con el objetivo de conmemorar dicho acto inaugural de la apuesta institucional y política más ambiciosa en la historia de México para prevenir, identificar, investigar y en su caso, castigar, los actos de corrupción, sea en el ámbito administrativo, penal o político. Quizá justo por lo ambicioso que fue el diseño, el proyecto mismo y la intención, dicho sistema ha tenido una historia de expectativas incumplidas. No es atribuible en exclusiva a sus creadores ni a sus implementadores inmediatos. Hay que destacar que la falta de voluntad política, en principio y luego, una reconfiguración institucional que se diferenció marcadamente del contexto jurídico y administrativo que dio origen al Sistema Nacional Anticorrupción, interrumpió cualquier avance que pudiera haberse logrado. Desde este mismo espacio, hace ya una década, nos unimos e hicimos eco del entusiasmo por la política pública de Estado que se lanzaba entonces y que parecía recoger lo mejor de nuestra experiencia en diversas materias, marcadamente, la legislación en materia electoral (por cuanto hace a la ciudadanización de la función que se encargaba al SNA), y el entonces aún naciente, pero exitoso y en ascenso, Sistema Nacional de Transparencia. El diseño del Comité Coordinador, aspiraba, valga la redundancia, a sistematizar en lógica de Estado, más allá de instituciones y períodos de gobierno, la labor anticorrupción, sumándole un ingrediente que se antojaba indispensable entonces: la legitimidad de la participación de personas ajenas a gobiernos y partidos políticos. El concepto provenía de la gobernanza. Más temprano que tarde el diseño mismo mostró sus limitaciones en la cancha de la voluntad política: primero, falta de nombramientos para darle funcionalidad; segundo, la ausencia de liderazgos audaces, que gozaran del respaldo suficiente para, desde el Comité de Participación Ciudadana, incidir e incluso presionar a los integrantes de su Comité Coordinador a asumir posturas efectivas, pero también efectistas sobre su causa; y tercero, como hemos dicho, un cambio del paradigma que le dio origen, cuyo contexto fue el punto cúspide del régimen de la transición política. Finalmente, y no fue menor, el celo burocrático mismo, que puso a competir ansias protagonistas de titulares que más que colaborar y abrirse a la coordinación, cercaban sus competencias y facultades para resguardarlas de las intenciones de este nuevo sistema que, francamente, nunca ha acabado de nacer.
Hay, sin embargo, buenas nuevas en este aspecto, pues hay que destacar el activismo que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a través de su titular, la Maestra Raquel Buenrostro, ha tenido en el seno de dicho Sistema, con su presencia y participación en diversas actividades que su Secretaría Ejecutiva ha convocado. Es posible que, en el sexenio que ya corre el SNA tenga la oportunidad para reinventarse, impulsarse desde lo local, con experiencias como las de Jalisco, Aguascalientes y otras entidades cuyo sistema estatal anticorrupción ha logrado legitimarse, consolidarse e incidir de manera decisiva en la función que constitucionalmente les ha sido asignada.
Diez años suelen ser un lapso más que suficiente para que una política pública, así sea de Estado y complejísima pueda ser evaluada en términos de su éxito, así sea en su inauguración. Es momento que los integrantes del sistema, sus impulsores, y quiénes lo celebramos y respaldamos, asumamos que nos encontramos ya a contrarreloj. No queda sino sumarse al comentario que, del evento citado al inicio, registra La Jornada nacional en voz de la Secretaria Buenrostro: el sistema está condenado a la irrelevancia si no se revitaliza con urgencia (Fracasará el sistema anticorrupción si no se afianza: Buenrostro. Periódico La Jornada. Miércoles 28 de mayo de 2025, por Arturo Sánchez y Emir Olivares).
@CarlosETorres_
