Luego de anunciarse formalmente la cancelación del viaducto elevado en la capital del estado, integrantes de la asociación Ciudadanía Participativa de Zacatecas exigieron al Congreso del Estado que convoque a una sesión especial para analizar la desviación presupuestal que hizo el gobierno para financiar este proyecto, la creación ilegal del fideicomiso para ocultar el recurso y la asignación ilegal de la obra.
Rodolfo García Zamora, investigador de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ), también manifestó la necesidad de que ese recurso de más de 3 mil 600 millones de pesos se aplique a las verdaderas prioridades de la entidad y que no se ejerza de manera patrimonialista como lo pretende el gobierno del estado.
Destacó que el Gobierno del Estado haya reconocido que su proyecto era inviable legal y técnicamente y que los ciudadanos tenían razón en sus argumentos sobre el despilfarro de 3 mil 600 millones de pesos para una obra no prioritaria frente a la ruina de las carreteras, el abandono del campo, el olvido del sector educativo y miles de desaparecidos.
Recordó que desde hace meses se denunció la incoherencia del proyecto, la ilegalidad de la desviación de los recursos, la creación del fideicomiso para ocultarlos y de la asignación irregular de la obra a la empresa Hycsa sin contar con permisos ni estudios técnicos.
Durante meses convocaron al Gobierno del Estado a que presentaran los permisos y estudios técnicos y a dialogar sobre propuestas alternas al tema de la movilidad, pero hubo caso omiso y decidieron seguir con el proyecto planeado por los hermanos Monreal y la empresa Hycsa.
García Zamora refirió que el gobernador prometió una consulta sobre el viaducto y pagó una encuesta sobre movilidad que no consideró la obra del viaducto, mientras que los ciudadanos realizaron dos encuestas con cobertura estatal, rigor metodológico, y más del 80% de los encuestados se manifestaron en contra del proyecto.
No obstante, en diciembre pasado el gobierno del estado inició con la construcción de manera ilegal, sin los estudios ni permisos necesarios, a la vez de que mintió de que sí los tenía.
Como consecuencia, comentó que los ciudadanos tuvieron que recurrir a la lucha legal y al trámite de amparos ante el Poder Judicial que tuvo como resultado más de 11 suspensiones provisionales y definitivas de la obra por carecer de los estudios y permisos para realizarlo.
Finalmente, mencionó que el martes por la mañana el gobernador aún declaró que la obra se realizaría tarde o temprano, pero dos horas más tarde “el prefecto que le impuso su hermano Ricardo para vigilarlo, controlarlo y suplirlo en el abandono de sus funciones”, Rodrigo Reyes, anunció oficialmente la cancelación del proyecto.
Según García Zamora, “fue un espectáculo magistral de incompetencia, e incapacidad, de autoritarismo y cinismo que refleja casi cuatro años del peor gobierno estatal en 70 años. El secretario general, el de Obras Públicas y el asesor jurídico, con su incontrolable ira verbal contra el Poder Judicial, intentando ocultar que durante 16 meses fueron incapaces de tramitar los permisos y estudios necesarios”.
Reiteró que ahora el problema está en que, en su visión patrimonialista, “el prefecto del gobierno” y el gobernador decidieron que ese recurso lo van a repartir en la autopista de Zacatecas-Aguascalientes y otras obras, pero se trata de recursos criminalmente desviados del presupuesto de rubros como hospitales, campo, carreteras y escuelas.
Por su parte, Javier Calzada, agradeció la participación de los despachos legales en la lucha jurídica contra el segundo piso, ya que no cobraron honorarios y solamente solicitaron gastos mínimos, el respaldo del magisterio y de diversas organizaciones de la sociedad civil.
