El consejo general del Instituto Nacional Electora (INE) aprobará hoy una advertencia explícita respecto del carácter ilegal de la distribución de acordeones
para la elección judicial, porque esta práctica puede constituir una presión sobre el electorado, en la forma de coacción e inducción del voto.
Desde el máximo órgano de decisión del INE se indicará, por la vía de la tutela inhibitoria
, que elaborar y repartir esas guías afecta el derecho a la libertad del sufragio y los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad, al decir a terceros qué números marcar en las boletas.
A nivel jurídico, los consejeros y funcionarios electorales coinciden en que esta práctica puede constituir además propaganda electoral no admitida y por tanto financiamiento ilegal de personas físicas o morales, partidos políticos o entes gubernamentales.
Este consejo general considera, bajo la apariencia del buen derecho, que resulta necesario el dictado de una medida cautelar de tipo inhibitoria, por advertirse la presunta comisión de posibles conductas antijurídicas cuya continuación o repetición debe evitarse en el futuro, a fin de que no se transgredan de modo irreparable los derechos y principios constitucionales que deben garantizarse y observarse en todo tiempo y con más razón
, más aún cuando hoy inicia la veda electoral y la elección es este domingo.
Como efectos de la medida cautelar se indica que los sujetos que se encuentren elaborando o difundiendo los acordeones deben abstenerse de repartir imágenes o documentos en los que se indique al ciudadano los números que debe poner en la boleta. La tutela inhibitoria es de carácter precautorio, es decir, impedir que un ilícito se concrete, continúe o se repita.
En este caso, Jhonatan Guadalupe Uc León denunció la presunta distribución indebida de propaganda electoral y la realización de actos que pueden configurar coacción del voto por parte del gobernador de Nuevo León, Samuel García, entre otras personas servidoras públicas de esa entidad, así como el partido Movimiento Ciudadano.
Otro caso analizado por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE refiere una presunta vulneración al principio de equidad en la contienda por la distribución de propaganda electoral en favor de nueve candidaturas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre éstas las ministras en funciones.
En ambos casos los denunciantes ofrecieron como medios de prueba materiales divulgados en medios de comunicación. En el documentos se indica que cinco personas candidatas –de distintas contiendas, cuyos nombres no se detallan– presentaron escritos para deslindarse de los materiales divulgados.
