“Cada kilómetro suscitaba temores nuevos, cada estación suscitaba mayores amenazas”. Lo escribió así Martín Luis Guzmán (1887-1976) en “Ineluctable fin de Venustiano Carranza”. El primer jefe del Ejército Constitucionalista se montó en un tren para huir de sus muchos enemigos. Estaba en marcha el “Plan de Agua Prieta”, donde los sonorenses se insubordinaban al nativo de Cuatro Ciénegas que ocupaba la presidencia de la república mexicana en 1920. Por supuesto, como tantas otras cosas, ese golpe de Estado surgió a raíz de la negativa de Carranza de otorgar al general Álvaro Obregón la candidatura a la presidencia de México. El neoleonés por decreto de Vidaurri no temía a rebelión alguna, aunque su destino lo alcanzó el 21 de mayo de 1920 en una choza ubicada en una población perdida de Puebla, cuyo nombre parece mejor olvidar. Si se ubica la vicisitud histórica en el tiempo narrativo de Guzmán, el frenesí de un fin, la dinámica de una conclusión ineludible, la lucha sin cuartel contra aquello que no puede evitarse, confieren al relato una sórdida visión de las revoluciones y sus instigadores. Recientemente un grupo de universitarios, conducidos por el Dr. Antonio Guzmán Fernández y el Lic. Enrique Viramontes Cabrera, acudieron al poder legislativo para tratar de sentar a negociar al rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Dr. Rubén Ibarra Reyes. ¿Negociar qué? la entrega de la UAZ a los dirigentes de ese movimiento. Con esa acción no sólo quisieron violar la autonomía universitaria, sino que extendieron a casi todos los poderes del Estado un conflicto entre facciones universitarias que lleva ya más de tres años. Comenzó con el intento, fallido, de derrocar al líder sindical Ing. José Juan Martínez Pardo. Durante 2022. Para lograr ese propósito no hubo dudas para descarrilar el proceso de legitimación del contrato. No pudieron, por lo que cambiaron su narrativa y se autonombraron “hacedores de la legitimación”. Durante las elecciones de comité ejecutivo del Sindicato del Personal Académico de la UAZ (SPAUAZ), en mayo de 2023 tramaron un fraude con el que se hicieron de la dirección del sindicato y sus ingentes recursos. A partir de ahí su plan parecía viable, pues no sólo disponen de los recursos de los agremiados para dispendiar arbitrariamente, sino que pueden manipular los padrones de miembros del SPAUAZ a voluntad. Un primer paso fue decir que el comité anterior no entregó la lista de delegaciones sindicales, lo que fue pretexto para intentar reconfigurarlas a imagen y semejanza de sus líderes. Elegir de nuevo delegados que sean afines al proyecto. A la vez, se lanzó una “Reforma estatutaria” para modificar la organización del sindicato de modo tal que resulte fácil a la dirigencia expulsar cualquier crítico u opositor. Se nota que el sindicato se transformaría en un “ariete” contra la rectoría. Pero no en bien de los docentes. Para ganar sin problemas el plebiscito de la supuesta reforma estatuaria se modificó el padrón para dejar fuera a más de 500 sindicalizados con una afirmación, según la secretaria general, contundente: “la ley federal del trabajo (LFT) exige que se reafilien de manera libre y voluntaria quienes ya están afiliados”. ¿Para qué tanto trabajo? Si se ve en retrospectiva, a la luz de lo que vino después, parece claro. Con un padrón ilegal, “rasurado”, se podría ganar el plebiscito de la reforma estatutaria con una diferencia de 500 votos, mínimo. Esto lanzaría un mensaje: la balanza del poder ya cambió a favor del grupo que controla el sindicato. Lo que provocaría adhesiones y traiciones, el rector se quedaría sin aliados, o perdería algunos. Ya con los estatutos modificados para poder expulsar a gusto de la secretaria general, una Coordinadora de Delegaciones favorable y con algunas alianzas nuevas, se lograría ganar el plebiscito del emplazamiento a huelga. ¿Por cuántos votos? Sin exagerar, con una diferencia de 700 votos. Ya en esas condiciones, en medio de la huelga, la rectoría estaría de rodillas. Para levantarla pedirían, exigirían, 100 millones para los amigos (candidatos de conocido partido) y elecciones para rector en mayo de 2024. Con la secretaria general como candidata que ganaría abrumadoramente. Esta sería la conclusión de toda la labor de zapa realizada. No ocurrió así, por eso el conflicto continúa y se extiende. Por un lado, los sindicalizados afectados por las expulsiones arbitrarias reaccionaron y tomaron el polideportivo de la UAZ para impedir la aprobación de un estatuto lesivo y violatorio de la LFT. Ante el desdén de una secretara general soberbia demandaron ante el tribunal laboral y ganaron. Se anuló el padrón y se detuvo la vil pseudo “reforma estatuaria”. También se demostró que la mayoría de los sindicalizados no quiere la huelga, y que la secretaria general está empecinada en excluir, pues el día del plebiscito todavía se dio de alta a más de 20 personas con derecho a voto. Por todo lo anterior, el grupo golpista de Guzmán y Viramontes llega debilitado al mes de enero, y su petición de elecciones no tiene eco. Por eso abren otro escenario de conflicto en la legislatura del Estado. Y pierden. Ya queda claro algo ineluctable. Si deciden lanzar a la Dra. Jenny González Arenas a la rectoría será para negociar su derrota.
El SPAUAZ en su laberinto. La ineluctable derrota de la secretaria general del SPAUAZ
