“Hay lugares donde los legisladores tienen presupuesto como si se tratara del Poder Ejecutivo. Los compran, para decirlo con claridad. Hay lugares en los que son 20 o 30, y el presupuesto se lo consumen los mismos funcionarios y ¿qué se le entrega al pueblo? Nada. Todo es llamado gasto corriente, todo un aparato. Antes eso funcionaba muy bien para el régimen de corrupción, porque así sobornaban o maiceaban si había estas partidas de moche, todos aprobaban, todo se resolvía”.
Las declaraciones son del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien las realizó en su conferencia mañanera de este 28 de abril al estar exponiendo y aclarando algunos puntos de la Reforma Electoral que ha enviado al Congreso de la Unión, que busca algunas modificaciones en favor de la democracia del país, pero también para terminar con algunos vicios que se generaron, en sus palabras, durante todo el periodo neoliberal.
Dicho anuncio, coincide con el contexto de la reforma al Artículo 65 de la Constitución Política del Estado de Zacatecas aprobada por diputados y cabildos zacatecanos, lo que permitiría el regreso de las llamadas herramientas legislativas, es decir, un concepto de 200 mil pesos mensuales para ayudas sociales, que interferiría con las acciones reservadas únicamente al Poder Legislativo y se prestaría, como ya ha sido demostrado, para hechos de corrupción.
Ante la espera de una postura del gobernador David Monreal, a quien se le ha solicitado analizar y en su caso, vetar dicha reforma, los diputados de oposición han negado que hayan revivido dichas herramientas, y han desviado la atención en cuestionar cómo se ha aplicado el presupuesto de la Secretaría del Campo y Desarrollo Social.
En una conferencia de prensa celebrada en Jerez, los diputados de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), señalaron como absurdo los dichos de quien intenta satanizar las posibilidades de este tipo de mecanismos de apoyo la sociedad.
El diputado naranja, Enrique Laviada Cirerol, señaló como una falsedad que los 200 mil pesos por diputado existan, salvo en la cabeza de algún diputado que está pensando en el pasado. La reforma constitucional que se aprobó, defendió, fue para transparentar precisamente el gasto de la Legislatura en apoyos sociales.
Por su parte, priístas como Refugio Ávalos Márquez, Jehú Eduí Salas y Gabriela Basurto, cuestionaron que el recurso destinado para ayudas sociales por parte de Desarrollo Social y del Campo, no se ha visto reflejado en la realidad que vive el estado, y por ende, ellos quieren utilizarlo para tal empresa de manera transparente y clara, que llegue al mayor número de ciudadanos posibles a través de este mecanismo de apoyos directos, transparentes y fiscalizables.
“La reforma constitucional es para darle entrada a los gastos de orden social. No existe presupuesto; ningún recurso que a los diputados se nos vaya a asignar. Ese presupuesto no existe en la normatividad”, dijo también la diputada Gabriela Basurto Ávila, quien además aclaró que las llamadas herramientas legislativas jamás han estado muertas, pero por ahora, dijo, no existen 200 mil pesos por diputado.
Finalmente señaló que buscarán sacar las reglas claras de cómo deberán hacerse esos gastos de orden social. “Haremos lo propio emitiendo reglamentos que transparenten el ejercicio del recurso, pero, ahora, no tenemos presupuesto”, recalcó.
