Con 22 votos a favor y 2 en contra, se aprobó en lo general el dictamen que adapta la Constitución del Estado a las reformas federales al Poder Judicial, publicadas el 15 de septiembre de 2024. La reforma establece un proceso electoral local para la renovación de los cargos de magistrados y jueces del Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal de Disciplina Judicial, además de crear un Órgano de Administración encargado de gestionar la carrera judicial y un Tribunal de Disciplina Judicial con autonomía técnica y administrativa.
El diputado Carlos Peña Badillo expresó su apoyo a la reforma judicial, destacando la responsabilidad del Poder Legislativo en su implementación en Zacatecas. Reconoció que, aunque su grupo parlamentario se opuso previamente a la reforma constitucional al Poder Judicial, debido a su preocupación por la autonomía judicial, en este caso se debía asumir la realidad y trabajar para que la reforma sea positiva para el estado.
Aplaudió la apertura de la Junta de Coordinación Política y la Comisión de Puntos Constitucionales para escuchar al Poder Judicial y construir un dictamen favorable. Subrayó el compromiso del grupo, parlamentario del PRI, con la democracia y la justicia en Zacatecas, reiterando que su apoyo a la reforma no implica debilitar las instituciones, sino fortalecerlas, buscando siempre la imparcialidad en la impartición de justicia.
La diputada Ma. Teresa López García se mostró en contra de la reforma, defendiendo los valores democráticos, el equilibrio de poderes y la justicia imparcial. Señaló que la reforma podría debilitar la independencia del Poder Judicial al aumentar la influencia del Ejecutivo o Legislativo en la designación de jueces y magistrados, lo que comprometería la imparcialidad y la confianza de la ciudadanía. Criticó la falta de un proceso de consulta amplio y participativo, señalando que una reforma tan significativa no debía ser producto de decisiones apresuradas, sino de un proceso abierto y transparente que involucrara a expertos y usuarios del sistema judicial.
Por otra parte, Ana María Romo Fonseca, expresó su apoyo a la reforma judicial, destacando la importancia de fortalecer el Poder Judicial en todos los niveles, tanto federal como estatal, para garantizar el Estado de Derecho, la independencia judicial y el acceso a la justicia. Aunque reconoció que la reforma podría implicar ciertos riesgos para la independencia judicial, subrayó que se debía priorizar la transparencia, la rendición de cuentas y la autonomía judicial.
Destacó la importancia de asegurar que el proceso de elección de magistrados y jueces fuera democrático y equilibrado. También hizo énfasis en la necesidad de abordar los problemas que dificultan el acceso a la justicia, como la falta de recursos y capacitación, para mejorar el sistema judicial en Zacatecas.
Durante la discusión del dictamen en lo particular, el diputado Eleuterio Ramos Leal presentó una reserva sobre el segundo párrafo del artículo 96 del dictamen. La reserva propone que, en el caso de los magistrados y las magistradas del Tribunal Superior de Justicia del Estado, los miembros del Tribunal de Disciplina Judicial y los jueces y juezas en materia penal, la elección se realice a nivel estatal. Por otro lado, la elección de juezas y jueces en otras materias se llevaría a cabo por distritos.
El diputado Carlos Peña Badillo, por su parte, presentó una reserva al tercer párrafo del artículo 90 Ter del dictamen. Sugirió que el Pleno del Órgano de Administración Judicial estuviera integrado por cinco Consejerías, con un mandato de seis años improrrogables. De estas, una sería designada por el Gobernador o Gobernadora del Estado, una por la Legislatura mediante mayoría simple, y tres por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia por mayoría. Además, la presidencia del Órgano sería rotatoria, con un periodo de dos años, conforme a lo que estipule la ley.
El dictamen fue finalmente aprobado en lo particular con la reserva presentada por el diputado Eleuterio Ramos Leal, recibiendo el respaldo unánime de las y los diputados presentes. Por otro lado, la propuesta del diputado Carlos Peña Badillo fue rechazada, con 18 votos en contra y 7 a favor. Dado que se trata de una reforma constitucional, la Minuta de Decreto será enviada a los Ayuntamientos para su discusión y aprobación.
