■ No hay limitación al respecto en la Constitución federal o jurisprudencia emitida por la SCJN
■ Explica que una ventaja puede constituir “una segunda consulta al pueblo para que ya no valore tanto una candidatura sino el desempeño de los funcionarios”
“De que se puede, se puede”, dijo Miguel Carbonell, sobre la facultad que tienen los Congresos estatales para incluir en las constituciones respectivas la figura jurídica de la revocación de mandato. Abundó al señalar que no hay alguna limitación al respecto en la Constitución federal o jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que acote esta posibilidad, “porque no ha llegado ninguna impugnación”.
Por el contrario, precisó que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos “establece las bases mínimas, pero siendo México un Estado federal, las entidades federativas tienen un margen de decisión en el cual pueden incorporar figuras diferentes a las que están previstas -en ella-”.
Miguel Carbonell es investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el que se especializa en derechos fundamentales y derecho constitucional, y estuvo ayer en Zacatecas para ofrecer una conferencia, justo, sobre la Constitución del país, misma que tuvo como escenario el auditorio Felipe Borrego, del Palacio de Justicia.
Reiteró que “la revocación del mandato es una figura que existe en el Derecho constitucional comparado, que se tiene que valorar en el marco de la coyuntura de cada entidad federativa, de la federación, para ver si se adopta o no”.
En su opinión esta posibilidad tiene ventajas y desventajas, en el primer caso que puede constituir “una segunda consulta al pueblo para que ya no valore tanto una candidatura sino el desempeño –de los funcionarios que llegan a espacios de decisión mediante una elección- porque la revocación del mandato se puede plantear, o bien para cuando se tenga un tercio de la gestión o a la mitad (…) y entonces la gente decide cómo va el gobernante, y decide si le renueva la confianza o no”.
Como desventaja expuso que puede generar “una cierta inestabilidad en el sentido de que pudiera ser una figura que se aproveche para hacer oposición de otra manera, ´no desde el lugar natural que es el Congreso sino desde la calle (algo que acotó) no necesariamente es malo’; entonces hay que valorarlo con mucho detenimiento, pero de que se puede, se puede”.
En la sesión del pasado martes en la 62 Legislatura, diputados del PRI, PVEM, Panal y PAN, constituyeron una votación mayoritaria a favor de un dictamen que argumentó que los legisladores locales están imposibilitados para legislar al respecto por una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Miguel Carbonell también quiso abordar el tema de la iniciativa de reforma constitucional que recién presentó el PRI para eliminar el financiamiento público a los partidos políticos y el número de legisladores por la vía plurinominal, ambos, elementos que tienen un enorme consenso, según lo exhiben las redes sociales, y en coloquios de universitarios y profesionistas.
“La mayoría de los ciudadanos mexicanos estamos en la misma línea (…) gastamos demasiado dinero en elecciones, tenemos una de las democracias electorales más caras del mundo”.
“No puede ser que un país con tanta pobreza, con tantas necesidades”, gaste sólo en subsidio nacional a partidos políticos, 6 mil 800 millones de pesos, dijo del dato para el año próximo; cifra a la que sumó lo que destinarán las entidades federativas, unos 2 mil millones de pesos más, “estamos hablando de casi 9 mil millones de pesos sólo para partidos”.
Observó que el Instituto Nacional Electoral (INE) ha hecho una solicitud de recursos para el próximo año de 18 mil millones, “es decir, estamos hablando de procesos electorales que nos pueden arrojar cifras en torno a los 30 mil millones de pesos”, sintetizó.
Expuso que la mayoría de los ciudadanos “estamos cansados de este dispendio” por lo que la iniciativa presentada abona a la discusión de un tema importante, como también consideró el apartado que se refiere a la desaparición de las diputaciones por la vía plurinominal, que implicarían “11 mil 600 millones de pesos que podrían ahorrarse”, en caso de su aprobación.
“Entonces creo que también merece ser discutido. Yo entiendo los argumentos en contra y a favor de las pluris, pero el tema de que la ciudadanía está cansada de los pocos resultados que tienen algunos parlamentarios, eso es evidente”, y lo demuestran todas las encuestas de confianza institucional, comentó.
Agregó que es importante empezar a discutir el tema y no dejar que se olvide ante algún nuevo escándalo mediático que pueda surgir.
“Yo creo que ahorita el enojo, la desesperación generada por el movimiento sísmico y la afectación a personas en cuatro o cinco entidades federativas del país, creo que no debe dejarse pasar”.
Miguel Carbonell también se refirió a las críticas que gobernadores han hecho al Sistema penal acusatorio respecto de su presunta ineficacia para procesar a los delincuentes.
Dijo que deben hacer un ejercicio de introspección y reflexión sobre la manera en que están atendiendo a los ciudadanos y la corrupción existente al interior de las corporaciones policiacas y ministeriales, “para que luego se haga el análisis con datos ciertos, porque hacer estas valoraciones me parece muy ligero”.
Con datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2017, sostuvo que las críticas al Sistema Penal Acusatorio y Oral “no están fundadas”, pues la impunidad se presenta en la llamada cifra negra, el porcentaje de delitos que no se denuncian, y que exhibe la herramienta, alcanza el 93.7 por ciento.
De los que sí son denunciados, el 35 por ciento no tiene un seguimiento por la autoridad competente, “no hace nada”, no se investiga, se llama a declarar a los testigos o se desahogan medios de prueba, lo que abona a la impunidad.
Sostuvo que se debe trabajar para que la gente denuncie más, pues la encuesta también muestra que no lo hace porque no confía en la autoridad o por considerar que es una pérdida de tiempo.
“Entonces ahí están los asuntos. Todo eso no se puede achacar al nuevo sistema de justicia penal, yo creo que no”.
Con el Sistema Penal Acusatorio ha disminuido la cifra de población en prisión preventiva de 43 a 28 por ciento en promedio a nivel nacional, el tiempo de duración de los procedimientos judiciales, y los asuntos se están resolviendo en “un buen número” con reparación del daño, mientras que en los que llegan a la última etapa, el juicio oral, los responsables están recibiendo penas más altas, lo que demuestra que son los de mayor gravedad, destacó.
“Entonces yo creo que sí está habiendo resultados, y el otro gran resultado es que las audiencias son públicas y entonces cualquiera las puede ver”.
Dijo también respecto de si es más justo, esto es, que implique por ejemplo, mejores y más precisos peritajes o una más meticulosa y exhaustiva investigación, que en su diseño y código de sustentación sí, pero en la realidad “depende de si prepararon bien al policía, si el agente del MP sabe integrar bien la carpeta de investigación, o no. Antes en el sistema anterior se terminaba el 33 por ciento de las averiguaciones iniciadas, ahorita se está terminando el 65 por ciento”.
