Operadores de ‘La Estafa Maestra’ tenían protección desde la Presidencia de EPN

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■ Ricardo Aguilar, Castañeda y José Guadalupe Estrada, responsables de firma de convenios con la FCA de la Universidad y la UPSZ

■ Se buscó a Castañeda Tejeda para conocer su postura sobre su presunta participación; a través de mensajes, se limitó a responder: “no he tenido nada que ver con ese tema”

■ José Guadalupe Estrada Rodríguez desmiente que haya tenido alguna injerencia en “La Estafa”

■ En la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000009/2018, de la FGR, testigos lo vinculan con el proceso a través de la Grupo Minier Consultores

■ Berta Alejandra Terrones Calvillo declaró que fue contratada para laborar en el despacho de Proyectos Estratégicos, en avenida México 151, La Florida; al mando estaba Estrada

■ En la Junta de Gobierno de la UPSZ nunca hubo indicios sobre la firma de esos convenios: Marco Vinicio Flores Chávez

“Ricardo se va a molestar”
“A estos muchachos se les brindó el apoyo desde el más alto nivel, desde la misma presidencia de la República, y ellos lo rechazaron y se van por su lado, apoyo que ya no se podrá dar a partir del 1 de diciembre por razones por todos concidas (sic). Qué pena”.

Este fue el mensaje de whatsapp que en noviembre de 2018 reenvió José Guadalupe Estrada Rodríguez, ex rector de la Universidad Politécnica de Zacatecas (UPSZ), a Salvador Lara Martínez y Alejandro Jiménez Ordóñez, sucesor en la rectoría de esa institución y responsable administrativo de la misma durante los periodos de ambos funcionarios.

En los pasillos de la Unidad Académica de Contaduría y Administración de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ), por su parte, docentes le preguntan al ex director, Edmundo Guerrero Sifuentes, por qué no se deslinda de Nicolás Castañeda Tejeda y de todo el entramado de “La Estafa Maestra”.

Su respuesta es que Nicolás Castañeda es quien paga el despacho jurídico en la Ciudad de México y, hasta el momento, esa defensa le ha permitido contener la investigación en su contra.

En los mismos pasillos de la FCA (antes Facultad de Contaduría y Administración), docentes relatan que Castañeda Tejeda ha fanfarroneado con la defensa legal (cercana al gobierno de Enrique Peña Nieto) que consiguió para defender a los involucrados en la triangulación de recursos que se llevó a cabo entre 2014 y 2016; es decir, a quienes sí tuvieron que plasmar su firma en los convenios.

Como se mencionó en la entrega anterior, “La Estafa Maestra” en Zacatecas derivó en 12 imputados, de los cuales 7 eran personas adscritas a la Sagarpa, y el resto eran funcionarios de la BUAZ y de la UPSZ.

Cuando estalló el problema, Salvador Lara Martínez y Alejandro Jiménez Ordóñez, ambos de la UPSZ, fueron convocados por Nicolás Castañeda y José Guadalupe Estrada a una reunión con el despacho de la Ciudad de México.

Ya en la reunión, una persona de nombre Claudia, cercana de Nicolás Castañeda Tejeda, empezó a discutir con Karla López Muro y Erik Rodarte Bernal (responsable del proyecto y secretario técnico, respectivamente); les reclamó que hicieron mal las cosas, Entonces dijo: “Si se entera Ricardo (Aguilar Castillo) se va a molestar”.

Ricardo Aguilar Castillo fue subsecretario de Alimentación y Competitividad de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y, de acuerdo con los testimonios y evidencias, fue el responsable de coordinar a firma de convenios con la Unidad Académica de Contaduría y Administración de la BUAZ y de la UPSZ, por medio de Nicolás Castañeda Tejada y José Guadalupe Estrada Rodríguez. Actualmente funge como diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“Nicolás Castañeda
controlaba los recursos”
La Jornada Zacatecas buscó a Nicolás Castañeda Tejeda para conocer su postura sobre su presunta participación en “La Estafa Maestra”. A través de mensajes, se limitó a responder: “no he tenido nada que ver con ese tema”.

No obstante, en la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000009/2018, de la Fiscalía General de la República (FGR), testigos lo vinculan con el proceso a través de la Grupo Minier Consultores, mismo que, en el padrón de proveedores del Gobierno del Estado, publicado en el portal de transparencia, aparece como representante legal.

María del Rosario Gálvez Rosales, una de las contadoras que fue contratada para trabajar en los convenios de la UPSZ con las diversas dependencias federales, testificó lo siguiente ante la FGR:
Yo empecé a laborar en el año 2014 para la UPSZ siendo mi puesto personal de confianza, sin tener prestación alguna. El que me contrató fue el rector de la UPSZ, José Guadalupe Estrada Rodríguez, el cual me mencionó que el trabajo sólo era temporal y sin ninguna prestación. Acepté ya que la paga era buena.

Estas oficinas estaban ubicadas en avenida México 151, colonia Florida, Guadalupe. Mis funciones eran ejecutar las órdenes que me daban mediante oficio. que venían del despacho llamado Minier. Los que iban era la licenciada Karla López Muro y Erik Alfredo Rodarte Bernal, quienes trabajaban los proyectos de la Sagarpa.

Ellos, tanto Karla López Muro como José Guadalupe Estrada Rodríguez, eran los que ordenaban los pagos de proveedores y nóminas de los trabajadores que se encargaban de los proyectos: estos pagos los hacíamos a través de un token que me fue entregada por las contadoras de nombre Lourdes Solís Estrada y Guadalupe Robles Valenzuela.

A principios del 2016, el ex rector José Guadalupe Estrada Rodríguez me dice que se acabaron los proyectos, dándome una carta de finiquito donde decía que la UPSZ no me debía nada. En ese momento le comento que yo todavía tenía pendientes, pero me indica que deje todo y que él, José Guadalupe Estrada Rodríguez, se encargaría de todo.

Por su parte, Berta Alejandra Terrones Calvillo, otra de las personas que testificaron a la Fiscalía, declaró que fue contratada para laborar en el despacho de Proyectos Estratégicos, en avenida México 151, colonia La Florida, el cual es un lugar fácilmente identificable porque “también son oficinas de la revista Gente Inn”.

De acuerdo con su testimonio, fue contratada en 2017 y al mando estaba José Guadalupe Estrada Rodríguez, ex rector de la UPSZ. Asimismo, todo lo relacionado a los proyectos de la Sagarpa eran administrados por Blanca Flores Verdeja.

“Lo que yo presencié en repetidas ocasiones es que tanto Banca Flores Verdaja como Karla López Muro, quien pertenecía a un despacho de contadores de Nicolás Castañeda, eran los que controlaban los recursos destinados a la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas, sin que yo tuviera contacto ni injerencia en los recursos”.

En efecto, el despacho de Proyectos Estratégicos operó desde un inmueble propiedad de José Guadalupe Estrada Rodríguez, con domicilio en avenida México 151, colonia La Florida y, como se mencionó en el testimonio, ese espacio también alberga la oficina de la revista de sociales Gente Inn.

¿Y yo por qué?
Entrevistado sobre su participación en el proceso de triangulación de recursos, a través de esos convenios, Alejandro Jiménez Ordóñez, encargado de la Secretaría Administrativa de la UPSZ en el rectorado de José Guadalupe Estrada Rodríguez y Salvador Lara Martínez, expone que el primero de ellos fue quien lo nombró en ese cargo.

Cuando inició la firma de los convenios, en 2014, le dijo: “estos convenios los van a llevar a Zacatecas, tú no los vas a manejar. Simplemente vamos a firmarlos por parte de la universidad, pero la parte operativa es aparte; ahí se van a nombrar responsables técnico y administrativo”.

Expone que, de acuerdo con el Manual de Organización de la universidad, dentro de sus funciones estaba llevar a cabo los procesos de licitación, conforme indicaba la norma. Sin embargo, “ellos me mandaban la información para hacer el proceso, pero el secretario técnico y administrativo del convenio eran quienes elegían a la empresa ganadora”. A continuación, su relato en primera persona:

En 2014, José Guadalupe Estrada firmó los convenios que se suscribieron con la Sagarpa, con Conapesca, y otras, y nadie dijo nada. Los de la Junta de Gobierno nos revisaban los estados financieros y no dijeron nada de que se ingresaban 200 millones de pesos, cuando la universidad opera con 20 millones cada año.

Yo, con la confianza de que venía trabajando con él, y de que pasaban los años e íbamos a las Juntas sin que hubiera problema, seguí con la dinámica. Entonces llegó Salvador como rector, en enero o febrero del 2015, y Guadalupe solicitó que se siguiera trabajando los convenios.

Después, yo no sé por qué motivo truena este convenio de 34 millones que se firmó en 2015 y que es donde estamos metidos. Pienso que no lo atendieron como debería de ser, pero no estoy seguro. La Auditoría Superior de la Federación audita a la Sagarpa y ésta hace cotejo con la universidad.

Entonces empezaron las visitas a la universidad y de ahí nace esta demanda a la Fiscalía y nos cae a nosotros, porque firmamos los documentos oficiales. Desde que se inició con esos proyectos, Guadalupe nombró un responsable técnico y una administrativa, Erik Rodarte y Karla López, pero la fiscalía me señala a mí como responsable directo.

Cuando nos empezaron a molestar con esas acusaciones, le pedimos a Guadalupe que lo resolviera, porque no teníamos nada que ver, pero en las declaraciones que hicieron a la fiscalía resultó casi que no nos conocía.

Mientras se operaron los convenios, yo llevé la parte de las licitaciones, el procedimiento. Tengo los correos donde ellos me mandaban las empresas y las bases, y yo hacía los procedimientos en Compranet o la Función Pública, con apego a la ley.

Eso fue lo único en lo que yo participé en estos convenios y se lo dije a la Fiscalía. Participé, pero lo hice de buena fe y estaba estipulado dentro de mis obligaciones laborales, porque ellos me mandaban las convocatorias y yo sólo las publiqué y esa era una instrucción de parte de José Guadalupe Estrada.

Nuestro error fue seguir firmando en 2015 y 2016, porque Guadalupe me había dicho que no había problema alguno, que todo estaba bien ante el gobierno y que se iba a beneficiar a la universidad para atender sus deficiencias. Me mandaban cajas o me pedían dar una vuelta a Zacatecas para firmarlos. Yo entendí que hasta el gobernador estaba de acuerdo porque nadie decía nada.

En uno de los convenios que se estaba auditando, Guadalupe me dijo que lo iba a atender el despacho de Minier, de Nicolás. Me dijo que lo iban a atender ellos ya que tenían la responsabilidad administrativa y técnica de los convenios, y que yo sólo hiciera acto de presencia.

Hablé otra vez con Guadalupe y me contestó que no me apurara, que lo más que podía pasar era que hiciera un servicio social. Le respondí: “¿Y yo por qué, si no tuve nada que ver?”. En ese momento rompimos relación.

Cuando se acrecentó el problema, ellos nos ofrecieron un despacho de abogados en México. Ellos querían llevar todo el procedimiento legal, pero en ese momento tuve mucha desconfianza y decidí buscar asesoría legal aparte.

Accedí a una reunión con sus abogados en la Ciudad de México, pero yo llevé un abogado propio. Ahí nos dimos cuenta de lo que pasaba realmente, porque Erik dijo que había falsificado las firmas de Salvador y de los beneficiarios del proyecto. Fue cuando dije que no iba con ellos.

Efecto Lozoya
José Guadalupe Estrada Rodríguez ofreció una declaración a La Jornada Zacatecas y desmiente que haya tenido alguna injerencia en “La Estafa Maestra” e incluso recuerda que en su periodo administrativo nunca tuvo ninguna observación de parte de algún órgano fiscalizador.

“Cuando yo fui rector, hicieron varias auditorías y jamás tuve ninguna observación de ningún convenio que celebré con alguna dependencia. Celebré cientos de convenios cada año con la Secretaría de Educación Pública, con la Secretaría de Educación del estado, con muchas otras dependencias y entidades”.

Aseguró que desconoce el proceso de triangulación de recursos y señaló que nunca ha sido llamado por alguna autoridad y nunca le han imputado ninguna regularidad, por lo que “lo que la gente diga, es responsabilidad de quien lo afirma de probarlo”.

Muestra de que nunca se involucró en ilícitos, reiteró que nunca tuvo observaciones de las autoridades respecto al uso y ejercicios de los recursos que administró durante su gestión en la UPSZ.

Según expuso Estrada Rodríguez, “sé que el rector que me sucedió está involucrado en algunos líos de esos, pero yo desconozco la gestión de él. No conozco cómo administró la universidad cuando fue rector. Cada uno de nosotros, cuando asumimos un cargo público, somos responsables del manejo de los recursos en el tiempo en el cual somos los titulares de alguna dependencia o entidad”.

Refirió que, debido a la información que se ha difundido en medios de comunicación, se ha enterado de que Salvador Lara tiene una imputación de esa naturaleza, “pero yo desconozco totalmente los pormenores del asunto”.

Para concluir, dijo que los servidores públicos deben ser responsables de la gestión de los recursos durante su administración, pero “a lo mejor estamos ante el efecto Lozoya, de personas que quieren librar sus responsabilidades tratando de inmiscuir, justificada o injustificadamente a otras personas”.

Los convenios no pasaron
por la Junta de Gobierno
Marco Vinicio Flores Chávez, secretario de Educación de Zacatecas en ese momento, informó que los convenios que suscribió la UPSZ con dependencias federales, no pasaron por la Junta de Gobierno, máximo órgano de gobierno de la institución, debido a que la fiscalización de estos recursos correspondía al Gobierno Federal.

“Yo nada tenía que hacer protegiendo a nadie. Todo eso, en caso de ser necesario, pasaría por las Juntas de Gobierno, y en todas las juntas a las que asistí, nunca se trató de algún dinero extra. Ahí están las actas de todas las Juntas donde acudía la Función Pública, la Secretaría de Finanzas, yo como representante del gobernador y presidente de la Junta de Gobierno y el rector en turno. No hay nada que encubrir de mi marte y ni siquiera sabía que existía esa lana”.

Refirió que los rectores de las universidades tienen la facultad de hacer contratos y convenios con su propia representación ante otros organismos locales o nacionales y no siempre pasaban por la Junta de Gobierno.

Recordó que ocasionalmente se hablaba de convenios con organismos públicos, pero se decía que era para beneficiar a la institución que representaban, de forma que la Junta de Gobierno sólo se enteraba de ellos.

Flores Chávez manifestó que “Salvador trae muchas irregularidades administrativas. Yo las hice en tiempo y forma a donde correspondía. Incluso como delegado federal de la Secretaría de Educación, las di a conocer a la actual secretaria y le entregué un legajo de una parte de las irregularidades que se habían cometido, con datos y señas, y nunca se procedió. No estoy más enterado de ello”.

Precisó que esas irregularidades eran referentes al ejercicio del recurso que correspondía auditar a la Secretaría de Educación estatal, no a los convenios que se relacionan a “La Estafa Maestra”, cuya fiscalización tenía que ver con la Auditoría Superior de la Federación.

Concluyó que en la Junta de Gobierno nunca hubo indicios sobre la firma de esos convenios y “si acaso mencionaban que estaban haciendo trabajos para mejorar las condiciones de la institución, pero no pasaban por ahí porque el rector tiene la potestad de representar jurídicamente a la institución.