Organizaciones demandaron al Senado que se amplíe el debate entorno a la iniciativa de ley general de salud mental, que se tenía previsto discutir este miércoles, ya que no mejora el sistema de atención actual que “está fragmentado y sigue causando mucho sufrimiento hacia las personas usuarias”.
En conferencia de prensa, Ángel María Salvador Ferrer, de Documenta, señaló que el proyecto “apuesta por un modelo de tratamiento biofarmacológico, donde lo que se pretende es que las personas aspiren a la rehabilitación, que es un enfoque obsoleto”, ya que los estándares actuales dictan que “se debe ir hacia la recuperación del bienestar”.
Además, agregó, “alrededor de 12 estados de la República ya tienen leyes de salud mental específicas y la verdad es que no han mostrado una mejora en absoluto porque el problema es que siguen reproduciendo este modelo manicomial, sobre todo a través de violaciones a derechos humanos como son los internamientos involuntarios y los tratamientos farmacológicos forzados», que «han sido ampliamente denunciados internacionalmente”.
Refirió que la Relatoria Especial sobre los derechos de las personas con discapacidad “ha mencionado que recluir en espacios de salud mental a personas por un supuesto peligro para sí mismas o para los demás, por necesidad de recibir cuidados o por médica, es una medida ilegal y arbitraria. Y en el mismo sentido, someter a tratamientos forzados a estas personas contraviene la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad”.
Gabriela Aragón Zamorano, integrante de SinColectivo, destacó que dicha ley, impulsada por la legisladora Geovanna Bañuelos, no sólo afecta a las personas con discapacidad psicosocial ya que según estudios, una de cada cuatro personas sufrirá alguna crisis de salud mental grave.
Ilse Gutiérrez Ramírez, también integrante de dicho colectivo, señaló que las personas con esta condición padecen estigma y discriminación en diversos espacios. En su caso, mencionó que fue discriminada en instituciones de educación “por creer que podría ser peligrosa” y condicionaron su derecho a la educación si no tomaba psicofármacos. “El único camino es siempre la psiquiatría desde la anulación de la persona, sin tomar en cuenta nuestras decisiones”, señaló.
