Desde esta participación editorial, llevamos un par de meses abordando los sucesos de la agenda pública, relacionados con nuestra democracia, las instituciones que le permiten funcionar y el andamiaje jurídico-constitucional que le da forma. No solo se trata de la reforma electoral que hoy produce álgidos debates y marchas, en el fondo también discutimos sobre las instituciones que la transición trajo consigo como instrumentos y mecanismos para la garantía de derechos, como fórmula de contención al poder (en amplitud del término). En ese mismo proceso deliberativo, nos encontramos también ante la divergencia permanente en toda sociedad democrática, respecto a cómo lidiar con las diferencias entre minorías y mayorías; envueltos, además, en un ambiente de polarización, cada vez más preocupante, en el que, a la violencia atroz del crimen, se suma la simbólica-política, cuya justificación no es posible, sino en la insensatez.
A esta discusión se han sumado, además de lo sucedido en el contexto de la reforma electoral, la inhabilitación de facto de otra institución símbolo de nuestra democracia sustancial: el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a partir de la objeción que, reconocida constitucionalmente, el presidente de la República realizó a la selección realizada por el Senado de la República, y a la próxima aparición de una tercera vacante. En este punto, el INAI ha actuado con astucia jurídica e institucional, en el marco de una democracia constitucional, haciendo uso de todas las herramientas y medios a su alcance, desde los del control constitucional, hasta la opción política, sin dejar de lado la aparición de un sector de la sociedad que ha hecho eco de la preocupación por el estado del órgano garante en materia de acceso a la información.
En paralelo a todo lo anterior, el debate ha llegado a la puerta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual, desde en enero hizo historia, eligiendo entre sus integrantes a una mujer como la primera ministra presidenta del Poder Judicial. En estos meses, el Tribunal Constitucional se ha enfrentado al señalamiento del popular presidente en turno y las manifestaciones que despiertan sus aseveraciones mañaneras entre sus seguidores (de nueva cuenta, reprobables las que pasan del debate al acoso e incluso a la violencia política).
Recién el viernes pasado se anunció que el Ministro Javier Laynez Potisek admitió la demanda de Controversia Constitucional que interpuso el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra del llamado Plan B y que, además, concedió la suspensión solicitada por el INE. En términos del comunicado de la SCJN: “para efecto de que las cosas se mantengan en el estado en el que hoy se encuentran y rijan las disposiciones vigentes antes de la respectiva reforma. (…) Dicha suspensión fue otorgada debido a que el Decreto no sólo contiene normas de carácter general, sino también actos concretos de aplicación, sobre los cuales la suspensión generalmente se concede. (…) Asimismo, la SCJN ha resuelto, en ocasiones anteriores, que en Controversias Constitucionales sí corresponde otorgar la suspensión aún tratándose de leyes, cuando pudieran vulnerar de manera irreparable derechos humanos. En el caso que nos ocupa se trata de la posible violación a los derechos político-electorales de la ciudadanía (1).”
Si nos ajustamos con respeto por las reglas que nos hemos dado desde la Constitución, los derechos, garantías, y como resultado de un proceso histórico complejo, será a través del modelo democrático constitucional que, desde el presidente, hasta los ciudadanos, pasando por instituciones como el Congreso, el INE, el INAI y la Suprema Corte, todos, participando, incidiendo, debatiendo, deliberando y, de nueva cuenta, ajustándonos a las reglas del juego que mejor nos ha regido en nuestra historia, estaremos haciendo funcionar a nuestra democracia (constitucional).
Notas:
1. Disponible en: https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=7290
@CarlosETorres_
