El seis de septiembre de 2019 apareció en El Sol de Zacatecas una nota de título: “Deslinda rector a la UAZ de la ‘estafa maestra’”. En ésta, durante su tercer informe de actividades, el rector demandó a las “autoridades correspondientes a dejar de utilizar a las universidades como “cajas chicas” dado que además de no otorgar el recurso suficiente “nos quieren usar como patio trasero de las estafas institucionales del pasado” por tanto se requiere aclarar y proceder y dejar de ensuciar a las comunidades de las instituciones de educación superior”. ¿Qué es la “estafa maestra”? Muchas cosas: una operación para transformar dinero público en dinero privado, un medio de mantener en la cárcel a Rosario Robles, secretaria de la “Secretaría de Desarrollo Urbano, Rural y Agrario” de Enrique Peña Nieto, el ariete para deslegitimar un gobierno caracterizado por la corrupción. De acuerdo a la nota “Nicolas Castañeda, Silva Cháirez y Edmundo Guerrero, principales operadores de ´La Estafa Maestra’” (La Jornada, 28/08/2020) hubo dos grupos en la Universidad Autónoma de Zacatecas vinculados a la operación de la estafa: el grupo de la Unidad Académica de Contaduría y Administración (UACA) y el de la Unidad Académica de Ingeniería I (UAII). Se menciona al principal operador del grupo de la UACA: Nicolas Castañeda, en tanto que se vincula el nombre de Pedro de León Mojarro a la UAII. Al parecer se logró convencer al entonces rector Armando Silva Cháirez de facilitar las cosas. Más aún, según parece, Silva también firmó contratos de manera directa (“Surgen más contratos de la ‘Estafa Maestra’ en la BUAZ; los firmó Silva Cháirez” La Jornada, 25/01/2021).Es claro que las personas mencionadas no son las únicas involucradas. Son, quizá, las cabezas locales, los dirigentes de sendos equipos de trabajo. ¿Actuaron en nombre de la universidad? ¿se articularon a grupos de alto nivel en el gobierno federal? ¿ganaron algo? ¿lo ganó la UAZ? ¿qué enseña la persistente impunidad del caso? Muestra que la burocracia es un dispositivo inútil ante la corrupción. La existencia de una contraloría interna en la universidad sirvió para mejorar los procedimientos administrativos que permitieron el hurto de los recursos públicos. Se puede señalar, sin embargo, una situación sistémica en la universidad que facilita la corrupción: la ausencia de apego a los procedimientos legales. Existe una amplia gama de ordenamientos jurídicos en la UAZ, algunos completos, otros incompletos, y varios imposibles de operar, pero todos dejados de lado en la vida cotidiana de los universitarios.Motivos para dejarlos de lado hay muchos, todos explicables desde la conflictividad inherente de la vida universitaria. A tal urdimbre de pleitos se le suele denominar, desde Carl Schmitt e incluso antes: lo político. La política universitaria se recubre de símbolos liberales: democracia representativa manifiesta en elecciones regulares, libertad de los universitarios para organizarse en grupos y debatir los múltiples objetivos y destinos de la institución, libertad de catedra, libertad religiosa. Sí, un bonito catálogo de libertades e instituciones que regulan la convivencia. Decir que se deja de lado la legalidad es aseverar que estas instituciones no funcionan y esas libertades son ilusorias. Pero la convivencia existe, los conflictos están regulados, hay normas no dichas, sanciones implícitas, acuerdos tácitos.Tal es la textura íntima de la UAZ, lo político, y es violenta, pasional, emotiva, cruel, injusta, pero funcional al mantenimiento de un orden. Lo que significa que es lo político, el conflicto y los dispositivos para manipularlo, lo que dota de sentido la vida de los universitarios. Estos aprenden a descreer de la legalidad, a verla como ficción: un cuento que nadie sabe donde tiene lugar, porque en la vida cotidiana rigen otras reglas. Por ende, otro modo de sobrevivir y obtener los dineros, reconocimientos y privilegios de la vida universitaria. No es raro que muchos, cuya elección fue no estudiar doctorado, sean titulares C, pese a que de acuerdo a la norma sólo quien ostente el título de doctor, o haya luchado en los muy extrañados años 1970, puede llegar a serlo. Tampoco es imposible que haya funcionarios que no cumplen los requisitos exigidos en la Ley Orgánica, o docentes cuyo ingreso a la enseñanza no fue de acuerdo a las reglas del Contrato Colectivo de Trabajo. Se nota, pues, una brecha entre lo que establece la norma y la realidad misma. Por eso los conflictos, la feroz competencia de los grupos, no cesa: la ley es la manera de acusar al oponente para, en cuanto se le derrotó, instalarse en el mismo piélago de violaciones. Para cambiar todo esto, para que deje de ser una estructura inconsciente que se aprende a lo largo de la vida, se requiere tomarse en serio las libertades garantizadas en las distintas leyes. Cosa de lo más difícil, arriesgado y poco o nada redituable. Mejor dejarse llevar, en una fiesta se logrará una titularidad, en una campaña una base, en una votación una beca a España. ¿Es tan malo? Visto desde el ángulo de la Estafa Maestra lo es. ¿Qué tiene que ver la triangulación corrupta de recursos públicos con lo político universitario? Mucho: lo político es la condición de posibilidad e la corrupción desmedida e impune. ■
