Durante el tercer día y cierre del “Seminario de análisis de contexto: Una aproximación a los fenómenos criminales complejos”, el Auditorio de la Unidad Académica de Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ), fue escenario de ponencias sobre la desaparición y el impacto de las desigualdades económicas en la criminalidad.
Marta Patricia Valadez Sanabria, consultora en investigación penal y experta en desaparición forzada, describió la importancia del análisis de contexto en casos históricos como el de Rosendo Radilla Pacheco, un líder social desaparecido durante la Guerra Sucia en México por componer corridos alusivos a la guerrilla.
Señaló que el análisis de contexto está reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y subrayó la relevancia de la sentencia de este tribunal en 2009, la cual fue clave para la creación de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, en 2017.
Cristela Trejo Ortiz, profesora y activista, rememoró varios casos emblemáticos de desapariciones en Zacatecas, como el de 38 personas detenidas por la Policía Federal en Calera en 2012.
Un hotel en el boulevard Metropolitano funcionaba entonces como base de la Policía Federal, narró Trejo Ortiz, refiriendo que fue este lugar en el que se detuvo arbitrariamente a ocho jornaleros de Estancia de Ánimas, y en donde fue torturado y obligado a declararse «jefe de la plaza de Zacatecas y Fresnillo», un adolescente de 13 años.
Trejo Ortiz denunció la falta de investigación y de sentencias condenatorias en casos de desaparición forzada. Además, recordó el alarmante aumento de desapariciones en el estado, el cual tan solo en los últimos tres años registró un total de mil 744 casos.
Manuel Ignacio de León Dávila, economista y responsable del Laboratorio de Econometría de la BUAZ, hizo hincapié en la importancia del desempleo juvenil y la falta de incentivos educativos en la criminalidad.
Señaló que los jóvenes de entre 15 y 29 años son la base de mano de obra para las organizaciones criminales y puntualizó que esto es más frecuente en zonas urbanas donde se concentran las actividades económicas.
En respuesta a la pregunta sobre cómo plantear un esquema para un análisis de contexto en casos de tortura, Valadez Sanabria destacó que es esencial enmarcar los hechos en términos de tiempo y espacio, es decir, determinar en qué año y lugar ocurrieron los eventos, ya sea a nivel municipal, estatal o federal.
Subrayó la necesidad de identificar a los servidores públicos involucrados, ya que estos delitos exigen la participación de algún funcionario del Estado, a diferencia de la desaparición cometida por particulares.
Para establecer la responsabilidad de los actores, es crucial analizar el modus operandi y la sistematicidad del problema en el período y lugar donde ocurrieron los hechos, puntualizó.
Valadez resaltó la importancia de las estadísticas en el análisis de contexto, ya que estas permiten dimensionar el problema y diseñar respuestas proporcionales: «problema chiquito, acciones chiquitas; problemas grandes, grandes acciones».
Sin embargo, también advirtió sobre la cifra negra: los casos no denunciados, que deben ser considerados para comprender la magnitud real del problema.
Alejandra Díaz de León Alfaro, criticó que en muchas ocasiones se generan políticas sin un diagnóstico adecuado, y luego se evalúan sus resultados en lugar de comenzar con un análisis previo que permita entender «en qué contexto social surgió el problema».
En la sesión también se habló de la importancia de la perspectiva de derechos humanos, del perfil del perito y la creatividad en el análisis.
También se expresó preocupación por la criminalización de los investigadores y de los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas.
