En mi carrera como activista me ha tocado muchas veces escuchar lo mismo: las mujeres ya no tienen por qué quejarse. “Si están super bien”, me dicen constantemente, enumerando las victorias que nos han tomado años lograr: los presupuestos, las cuotas, los programas sociales, las guarderías, las leyes contra el abuso, acoso y hostigamiento sexual. Victorias que debo recordarles no están consolidadas, y que requieren de vigilancia y apoyo constante para que cumplan tanto en papel como en forma.
Sí, creo que mi hija tiene ante ella un mejor presente que el que le tocó vivir a mi abuela. Me llena el corazón saber que poco a poco hemos ido construyendo esta mejoría, pero no puedo dejar de pensar en el camino que falta recorrer para las de las mujeres que no vemos. Las mujeres invisibles para las cuales los obstáculos y los techos de cristal se mantienen.
En el feminismo hablamos de un concepto que cada vez es más común encontrar en las leyes y protocolos de nuestro país: interseccionalidad. La idea, que nació teóricamente en las luchas por encontrar justicia del feminismo negro en Estados Unidos, se ha ido afianzando en la práctica de nuestro país.
De hecho, se encuentra ya en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia como la “herramienta analítica para estudiar, entender y responder a las maneras en que el género se cruza con otras identidades creando múltiples ejes de diferencias que se interceptan en contextos históricos específicos, mismos que contribuyen a experiencias específicas de opresión y privilegio e influyen sobre el acceso de las mujeres y las niñas a derechos y oportunidades”.
Una explicación densa que tiene una versión más accesible: todas las mujeres experimentamos discriminación por ser mujeres, pero como la experimentamos es diferente. Esto es muy notorio cuando pensamos por ejemplo en las mujeres con discapacidad.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), para 2020 en México había 6,179,890 de personas con discapacidad; de las cuales, 53% son mujeres. Es decir, en el país hay más de 3.2 millones de mujeres con discapacidad.
Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH, 2021), 72.6% de las mujeres con discapacidad mayores de 15 años han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida.
Seis por ciento más de mujeres con discapacidad han sufrido violencia a lo largo de su vida, comparado con las mujeres que no tienen discapacidad (66.7%).
De acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, los niños, niñas y adolescentes infancias con discapacidad tienen casi cuatro veces más probabilidades de ser víctimas de violencia en comparación con las que no. Además, tienen casi tres veces mayor probabilidad de sufrir algún tipo de violencia sexual.
El riesgo aumenta en el caso de las niñas con discapacidad. Lamentablemente, las niñas y mujeres con discapacidad se encuentran constantemente en riesgo de ser víctimas de violencia sexual en todos los ámbitos: familiar, comunitario o institucional.
Para las personas con discapacidad y sus familiares luchar contra la discriminación es una constante. Desde el primer momento, cuando se pelea el acceso a la salud, hasta temas como la educación, lo social, las oportunidades económicas, el acceso mismo a la justicia.
Para las mujeres con discapacidad, el techo de cristal se mantiene. Es por eso que iniciativas como el designar el 12 de septiembre como el día nacional de las mujeres con discapacidad es un paso importante. Tenemos que seguir trabajando hasta que ellas y sus familiares tengan los mismos derechos y oportunidades.
