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domingo, 14 agosto, 2022
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En lo bueno lo local; en lo malo federal

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Por: LUCÍA MEDINA SUÁREZ DEL REAL •

Hace apenas unos meses, Samuel García, actual gobernador de Nuevo León, tenía por bandera la eliminación del pacto fiscal.
Aseguraba, como quizá piensan muchos de sus paisanos, que su entidad subsidiaba y mantenía al resto del país debido a su gran actividad industrial.
Afirmaba incluso que “en el norte se trabaja, en el centro se administra, y en el sur se descansa”.
Bastó menos de un año en el gobierno, para que Samuel García cambiara de opinión en los afanes semi-independentistas. Y hoy, exasperado por la crisis hídrica, reprocha que desde otras entidades no se le manda “ni una chingada despensa”.
Es la segunda vez que da muestra de haber disminuido los aires de autosuficiencia. Ya anteriormente, al estilo foxiano del “y yo por qué”, había manifestado su molestia de que se le reclamara la falta de electricidad y de agua potable.
En honor a la verdad algo de cierto y razonable hay en sus palabras, a pesar de la forma descuidada de articularlas. Sin la federación, y me refiero con ello no sólo al liderazgo nacional, sino al resto de entidades que la componen, es difícil que Nuevo León solucione los problemas que le aquejan.
¿Por qué entonces sus declaraciones no merecieron más que burlas y críticas? Justamente porque llegan después de declaraciones soberbias, y porque son consecuencia natural de mezclar mediáticamente los límites y alcances de su encargo.
¿Cómo espera que no se le reclame el agua y la electricidad, si hizo creer como mérito suyo la posibilidad de vacunar contra covid a trabajadores de Nuevo León en Estados Unidos, sin admitir que había un acuerdo bilateral para todos los estados fronterizos, por ejemplo?
Una situación similar se ve en Zacatecas, donde el discurso oficial atribuye a gobierno estatal los programas sociales federales. Y eso si se habla de lo institucional, porque con frecuencia es aún peor, y se da el mérito a las “gestiones” de individualidades.
Pero como en las buenas todos, y en las malas solos, al momento de hablar de la inseguridad y la violencia, ahí sí entonces se pasa el balón al gobierno federal.
Así quedó en evidencia la semana pasada, cuando el llamado “bloque oficialista” en el Congreso acordó exhortar al presidente de la República a fortalecer la estrategia de seguridad.
Preocupados más por que parezca que hacen, que por hacer, los legisladores encontraron en ese llamado a misa, la forma de eludir, y al mismo tiempo capitanear, el reclamo social a la atmósfera de violencia que persiste en Zacatecas.
Ante la incapacidad de hacer algo desde su ámbito que contribuya a la solución, queda al menos el pretexto perfecto para la parafernalia discursiva, que en los opositores se centra en el secretario de Seguridad, porque salpica al gobierno del estado; mientras que en los opositores se enfoca en el fiscal del estado, justo porque su autonomía y distancia con el mandatario estatal garantiza que pegarle no cause daño colateral.
El punto de comunión entre quienes sólo se han logrado poner de acuerdo cuando se ha tratado de dinero –y hoy ni eso- fue dirigir al presidente el exhorto para mejorar la estrategia de seguridad. Pero el consenso se rompió cuando el llamado iba a alcanzar a la autoridad local y entonces tuvo que definir el voto de calidad del presidente de la mesa directiva.
Lo cierto es que más allá de la futilidad evidente, el exhorto tampoco tiene racionalidad. Pues a Zacatecas le resguardan más de dos mil elementos federales, número mayor a las fuerzas estatales, quizá incluso combinadas con las municipales.
Es también de la federación el equipo aéreo con el que se realizan búsquedas e investigaciones, porque las aeronaves locales no despegan y una de ellas ya incluso se encuentra en remate.
Son también elementos federales los que participan en el regreso de los desplazados a sus comunidades, y los que incluso resguardan al secretario de seguridad.
Mientras tanto los policías estatales denuncian que no cuentan siquiera con permiso de portación de armas, ni seguros de vida, y que las familias de sus compañeros caídos no tienen ni siquiera apoyos para su subsistencia.
Lo municipal no está mejor, al menos hasta noviembre pasado, el 15% de las demarcaciones del estado carecían totalmente de policías y el resto tenían menos de los elementos recomendados según su población de acuerdo a los estándares internacionales en el tema.
¿Con las cosas así, qué cara había para hacer reclamos a la federación?
Nadie en su sano juicio espera soluciones unipolares, pero mientras los gobiernos locales pretendan quedarse con las maduras, y dejar al federal con las duras, no hay más que un “sálvese quien pueda” político-colectivo que no deja a salvo a nadie.

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