Nunca como ahora, algunos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre los que destaca Norma Lucía Piña Hernández, habían dado muestras groseras de prepotencia, arrogancia, modales carentes de civilidad frente a integrantes de los otros dos poderes, ni se habían conocido valentonadas amenazas que circulan en redes sociales contra el presidente del Senado de la República, Alejandro Armenta Mier, a quien cuestiona si puede mirar a los ojos a sus hijos tras las reformas legales. Olvida que los intereses y la conciencia social de los hijos, que viven de las prestaciones y salario estratosférico de la ministra, no pueden compararse a los intereses y la conciencia social de los hijos del resto de los mexicanos.
Hasta el 2018, y por lo general (siempre hay excepciones), los ministros, en lo individual, y la SCJN, en su conjunto, habían dado muestras de ser un órgano sometido a la supremacía real del Poder Ejecutivo, así como también lo era el Poder Legislativo. En esas condiciones, la división de poderes fue un concepto falso en el sistema presidencialista. El mismo presidente tenía como límites los establecidos por una oligarquía económica nacional entrelazada con los intereses de las grandes firmas internacionales y sus gobiernos, por eso podían existir conductas tan dependientes y sometidas que se mostraban con frases tan vergonzosas como el “…comes y te vas”.
En el proceso de construcción de la sociedad, los seres humanos establecemos una gran diversidad de vínculos y relaciones necesarias y suficientes que resultan de la dinámica de la sociedad en construcción. Aparejado se da un paulatino destierro de viejos vínculos y relaciones que ya no corresponden al grado de desarrollo social. Ese fundamento social se muestra en un nuevo orden económico, social, político, cultural, ideológico, en el tipo y naturaleza de las instituciones y, de igual manera, en el nivel de la conciencia social.
Se comprenderá que es sobre esa estructura social (comprendida por la manera, modo o forma en que se dan los vínculos y relaciones humanas) que se levantan las instituciones y las normas jurídicas que las regulan, lo que comúnmente llamamos Estado de Derecho. Luego entonces, no son las instituciones y sus normas, como parte de la realidad social, las que crean la forma de la sociedad, es esta última la que se muestra de ese modo histórico.
Desde el momento en que los ministros, alentados por una derecha conservadora y corrupta (partidos políticos, intelectuales, empresarios y medios monopólicos de la comunicación) toman literal su presunta “autonomía” institucional, y además social, se asumen como el poder de los poderes, ideologizan al Estado de Derecho como expresión sagrada y ellos como “iluminados”. La miseria de su Estado de Derecho, y de ellos mismos, consiste en el despojo que hacen a las instituciones y a las leyes de toda sustancia social. Flotan en el limbo.
En realidad, la sustancia social del Estado, sus instituciones y el Estado de Derecho, entre otras expresiones sociales, emergen de la forma en que se estructuran las relaciones y vínculos humanos con arreglo a una permanente lucha de clases que termina por constituirse en el motor del desarrollo. Eso desmitifica “lo sagrado” de nuestras leyes y borra la pretensión de hacer pasar al Estado de Derecho como ente natural y no como expresión social y, además, cambiante. La realidad es independiente a su comprensión y voluntad.
En tiempos en que vivimos una gran transformación social, resultado de nuevas relaciones y vínculos promovidos por el reacomodo, y una nueva correlación de la lucha de las clases sociales (que se expresa en todas las esferas sociales), es socialmente comprensible que se estén registrando modificaciones a nuestras leyes y que, paulatinamente, se vaya confeccionando un nuevo Estado de Derecho. Quienes pierden privilegios, y a pesar de que aún conservan muchos, luchan por evitar los cambios.
Nuestra misma constitución recoge, sabia y magistralmente, esta visión al precisar, en su artículo 39, que “La soberanía nacional reside, esencial y originariamente, en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.
Dentro de esa lucha, la derecha conservadora y corrupta (como expresión política que esconde su contenido de clase y, además, su vocación neocolonialista), para evitar los cambios, ha hecho uso de los aparatos que, hasta la fecha, nunca fueron “autónomos” a ellos, los mantuvieron a su lado a través de vínculos de complicidad y de una corrupción “legalizada” de escandalosas percepciones (que, por “legal”, no aparece como corrupción) entre los que destaca el IFAI, el INE, la SCJN, Medios Monopólicos de la Comunicación e Intelectuales alineados. Pobres miserables.
