Ejidatarios y productores de frijol se manifestaron este jueves en las oficinas del Registro Agrario Nacional (RAN) en la capital del estado, acusando servicio deficiente y malos tratos por parte de la titular del registro, Rita Díaz González; pidieron la agilización de los trámites ante el cierre inminente de las inscripciones al Programa Producción para el Bienestar (PPB).
Subrayaron que la expedición de constancias del RAN que acrediten la propiedad o la vigencia de derechos agrarios es indispensable para acceder al programa, cuya ventanilla cierra el 6 de marzo.
Fernando Galván Martínez, líder de productores de frijol del norte del estado, encabezó la protesta en el edificio de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), ubicado en la colonia Sierra de Álica. Al exigir una mesa de trabajo para la atención de quienes llevaban sus documentos, los encargados de seguridad en el inmueble cerraron los accesos desde el interior.
Ante la negativa a abrir las puertas, Galván Martínez y otro manifestante golpearon en varias ocasiones la puerta metálica con cristales del acceso principal, mientras gestionaban una mesa de negociación con representantes de la Procuraduría Agraria y de Sedatu. Policías municipales acudieron al sitio para solicitar información sobre el cierre del edificio, sin obtener una respuesta clara.
Tras aproximadamente una hora con los accesos cerrados, la delegada Rita Guadalupe Díaz González salió a encarar a los inconformes. Señaló que dentro había personas adultas mayores “asustadas” por la protesta y pidió permitir la salida de quienes concluyeron sus trámites. Ante las interpelaciones de los manifestantes, la funcionaria afirmó que percibía violencia en su contra, declinó dar declaraciones a la prensa y subrayó que no hay privilegios en la atención.
Algunos productores describieron como prepotente la atención cotidiana de la delegada y acusaron que se han registrado cobros de “moches”. Un ejidatario comparó el trato actual con el del anterior encargado, Lucio, afirmando que atendía y explicaba con mayor claridad, sin cerrazón.
Galván Martínez informó que fue por intervención del procurador agrario Francisco Pérez Compeán y de Sedatu que finalmente se reabrieron las puertas del edificio.
Vía telefónica, el titular de la Procuraduría Agraria se comunicó con el líder de productores y propuso instalar una mesa de negociación en el Hotel Parador; la propuesta fue rechazada por Galván, insistiendo en que la atención debía darse en el propio edificio del RAN.
Al lugar acudieron comisariados ejidales quienes reclamaron la falta de reconocimientos por parte del RAN por más de siete años.
José Guadalupe Rodríguez, comisariado del ejido El Fuerte, explicó que, aunque la asamblea los elige y la Procuraduría Agraria da fe del proceso, la delegación estatal del RAN no ha formalizado su registro desde hace cerca de ocho años, por lo que las constancias y reconocimientos que firman “no tienen validez” ante la propia dependencia. Señaló que esta situación limita su capacidad para apoyar a ejidatarios que buscan regularizar documentos y que, en el caso del programa Producción para el Bienestar, la constancia de vigencia de derechos puede tardar entre 45 y 65 días, cuando “al programa le queda una semana, unos ocho días. La ayuda no es ninguna”.
Ismael Castruita Sánchez, comisariado de Boquilla de Arriba, agregó que en su caso suman siete años sin que se formalice el registro del comisariado ante el RAN, lo que ha impedido validar distintos movimientos de documentación. Señaló que varios compañeros no han podido resolver trámites ante la falta de reconocimiento, situación que ya se ha prolongado durante dos periodos de comisariado.
Fernando Galván planteó que abrir oficinas o módulos del RAN en Pinos, Río Grande y Sombrerete evitaría a muchos productores traslados riesgosos y largos a la capital. También cuestionó que el gobierno estatal siga sin nombrar a un titular en el área de fraccionamientos.
