Un derecho inalienable que tenemos todas las personas, sin distinción alguna, es a vivir con el mayor bienestar posible. Nadie puede dudar de que este derecho es de elemental justicia, sin importar el país o región de la que se trate, si se ha legislado o no sobre la materia. Simplemente es un derecho universal que en la actualidad nadie se atrevería, razonablemente, a negar o poner en tela de juicio.
El bienestar, que en términos prácticos puede en estos días reducirse a no vivir en pobreza, tener alimentación suficiente y de calidad; acceso a la educación, a la salud, empleos decentes y bien remunerados; igualdad entre los sexos, acceso a la seguridad social y a vivir en paz entre los individuos, siendo un derecho universal, lamentablemente no se goza de él en la mayoría de los países.
En México, debemos reconocerlo, todavía estamos lejos de lograr el bienestar que proporcione felicidad a la mayoría de la población y asegure estabilidad social a la nación.
Conscientes de estas carencias, los gobiernos se esfuerzan en lograr un desarrollo social con equilibrio entre los sectores sociales, sin menoscabo de derechos fundamentales como educación, salud, alimentación idónea, vivienda digna, derecho al trabajo justamente remunerado, libertad de pensamiento y de expresión, así como seguridad y certeza jurídica, además del derecho a la igualdad, sin distinción de sexo, raza, credo religioso o situación económica.
Estos derechos, básicos para el desarrollo y la justicia social, no podrán alcanzarse sin paz ni seguridad ni respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Al mismo tiempo, son indispensables para mantener la paz y la seguridad interna, así como entre las naciones.
En la coyuntura actual de México, principalmente caracterizada por la pandemia de Covid-19, que trajo aparejada una profunda crisis económica, y las elecciones intermedias del próximo 6 de junio, las dificultades se agravaron y nos colocaron en una delicada situación que exige la buena voluntad de ciudadanos y gobiernos para salir bien librados.
Una constante confrontación política permea la vida nacional, en la que sobresalen dos posturas: quienes están a favor del gobierno de la Cuarta Transformación y los adversarios. De qué lado está la mayoría y quiénes son minoría se sabrá pronto, cuando se conozcan los resultados de los comicios próximos, pero cualquiera que sea el resultado, difícilmente el ambiente político y social se apaciguará lo necesario para que la nación se enfoque a la solución de situaciones que demandan acciones decisivas para corregir y avanzar. Algo corresponderá hacer a cada ciudadano para, en una conjunción de esfuerzos y objetivos, lograr la mínima serenidad política y social que permita ir al fondo de los viejos problemas y de los derivados de la contingencia sanitaria, para empezar a hallar soluciones.
Zacatecas no escapa al vendaval de dificultades, aunque no son tan graves como las que lastiman a otras entidades. La carencia de empleos suficientes y bien remunerados, así como el escaso y deficiente desarrollo económico son lastres que afectan a la población y detienen el avance social.
A pesar de que no se observan indicios de pronta recuperación, debe considerarse que este momento histórico exige a los zacatecanos soluciones creativas enfocadas a la generación de un progreso económico acompañado de justicia social y bienestar y frene las crecientes desigualdades que desestabilizan a las familias y rompen la paz en las comunidades.
Es en este entorno en el que el gobierno del estado trabaja. Los problemas y conflictos dentro de nuestro territorio son acuciantes y demandan soluciones creativas. Por eso, en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas no hemos dudado en ir al fondo de la crisis pensionaria que enfrentan unos 24 mil trabajadores dependientes del Gobierno del Estado.
Como bien se sabe, el Instituto carga un pasivo laboral de 44 mil millones de pesos; en los próximos 50 años deberá erogar pensiones por 63 mil millones y los ingresos que tendrá ascenderán a 19 mil millones de pesos. De esa magnitud es el desafío.
Las reformas a la Ley del Issstezac son verdaderamente urgentes. Si éstas se aprobaran en la actual Legislatura, un gran peso político se le quitaría al gobierno que tomará las riendas del estado el próximo septiembre. No estarán resueltos los mayores problemas, pero ya se dispondrá de una nueva Ley, herramienta con la cual podrán plantearse las soluciones radicales necesarias. El bienestar de Zacatecas así lo exige.
*Director del Issstezac.
