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lunes, 27 mayo, 2024
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■ La FGR emite pronunciamiento

Exonerar a Robles, «acto de injusticia inaudito, absurdo e inaceptable»

■ "Todas las pruebas señalan con absoluta claridad la responsabilidad penal" de la ex funcionaria, asevera

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Por: La Jornada •

Para la Fiscalía General de la República (FGR), el desvío de recursos cometido en las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante la gestión de Rosario Robles Berlanga, entre 2012 y 2018, constituyen uno de los casos más escandalosos de corrupción y de daño patrimonial para el país, y hasta este momento, la cantidad saqueada supera los 5 mil millones de pesos, y existen 24 casos penales federales en los que están involucradas más de 50 personas, en averiguaciones previas y carpetas de investigación, todas ellas de carácter penal, que han sido judicializadas en su momento.

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La institución que encabeza Alejandro Gertz Manero emitió ayer un nuevo posicionamiento en torno al caso conocido como estafa maestra, luego de que un juez federal exoneró a Robles Berlanga de dos acusaciones por ejercicio indebido del servicio público. Robles fue detenida en agosto de 2019, pasó tres años recluida en el penal de Santa Martha Acatitla y en agosto del año pasado obtuvo el beneficio para enfrentar su proceso en libertad. El viernes fue declarada absuelta de ejercicio indebido, pero está pendiente una orden de captura por delincuencia organizada y lavado de dinero.

Fuentes ministeriales señalaron sobre estas investigaciones que la FGR otorgó un criterio de oportunidad a Emilio Zebadúa, ex oficial mayor de Sedesol y Sedatu durante la gestión de Rosario Robles, y aunque varios ex funcionarios sujetos a proceso penal lo han señalado de falsificar sus firmas y convenios comerciales, no será llevado a proceso penal por colaborar con la FGR.

Enorme daño patrimonial

La fiscalía general indicó que la afectación al patrimonio nacional ha quedado evidenciada en todos esos juicios, principalmente en el caso de Rosario R., a quien se imputó el delito de ejercicio indebido de servicio público, previsto en el artículo 214, fracción III, del Código Penal Federal, ya que dicha persona, como titular de las áreas involucradas, supo de los delitos ya señalados y existen pruebas abundantes al respecto, y no avisó por escrito a su superior jerárquico, ni impidió ni evitó ese saqueo, estando dentro de sus obligaciones hacerlo, lo cual generó un enorme daño patrimonial de recursos que deberían de haber ido a los sectores más necesitados del país y que fueron saqueados de una manera dolosa y abusiva.

Aseguró que todas las pruebas acumuladas en este juicio señalan, con absoluta claridad, la responsabilidad penal correspondiente, y el hecho de que el juez penal Roberto Omar Paredes Gorostieta, en funciones de juez de control, haya sobreseído en forma total y con efectos de sentencia absolutoria, a favor de María del Rosario R., es un acto de injusticia inaudito que, por carecer de fundamento, obliga a esta institución a iniciar un procedimiento penal inmediato.

La FGR sostiene que “el sobreseimiento decretado por dicho juez, adscrito a un centro de justicia penal federal en la Ciudad de México, es una violación flagrante a todos los expedientes penales que señalan las responsabilidades correspondientes. Y declarar que eso ‘no constituye delito’ es algo absurdo e inaceptable, ya que dicha afirmación no está sustentada ni fundamentada en los hechos ni en las leyes ni en las pruebas”.

Para el Ministerio Público Federal, el juez penal, contrariando lo que señala la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en su artículo 118, que establece con toda claridad la independencia de las responsabilidades administrativas de las penales, utiliza dolosamente una legislación que no es aplicable penalmente para violentar la ley y las constancias que existen en los expedientes penales respectivos.

Todo lo anterior, señaló la FGR, formará parte de las objeciones que se incorporarán a la apelación correspondiente. La institución ministerial aseguró que no puede omitir su responsabilidad de perseguir la comisión de un presunto delito contra la administración de justicia.

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