Cuando México se independiza del imperio español, a principios del siglo 19, comenzó una larga disputa entre dos corrientes ideológicas, que a su vez, proponían dos formas diferentes de organizar la naciente república. Unos deseaban que el país fuera una república federal, con cierta autonomía para cada una de las entidades federativas, mientras que otros se pronunciaban por el establecimiento de una república centralista donde los poderes se concentraran en la capital del país, y todas las decisiones importantes emanaran de ese lugar. El resultado de esa disputa post independentista ya lo conocemos, puesto que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quedó asentado (hasta la fecha) que el pueblo de México se constituye en una república representativa, democrática y federal, compuesta a su vez por “estados libres y soberanos”. No en vano se denomina a México como una federación, concepto que en su sentido más puro, debe entenderse como la unión de diferentes pueblos para formar una sola nación libre, donde al mismo tiempo, cada estado que la constituye, goza de soberanía y determinada autonomía.
Desafortunadamente, los principios del federalismo están completamente ausentes de las prácticas políticas de los gobernantes de la actualidad. El país atraviesa por una época en la que el presidente de la república y el legislativo nacional toman las decisiones y los estados deben someter su soberanía y acatar al pie de la letra los antojos de estos personajes. Pasando por alto o desconociendo por completo la multiculturalidad y las necesidades de cada uno de los estados que integran la Federación, se pretenden imponer las mismas leyes con los mismos puntos y comas para cada rincón de la república, lo cual se asemeja en gran medida al viejo centralismo que se creía había sido derrotado a mediados del siglo 19.
Un claro ejemplo de prácticas centralistas en el gobierno que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto, es el hecho de que este reyezuelo ha interpuesto una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de los estados (Chiapas, Sonora y Michoacán) que presentan graves “inconsistencias” en la armonización de sus leyes locales con respecto a la reforma educativa nacional, o que de plano no han iniciado con dicho proceso, como es el caso de Oaxaca. Cabe mencionar que también se encuentran en la mira del poder central los estados de: Nuevo León, Sinaloa, Zacatecas, Hidalgo, Yucatán y Veracruz, por no haber transcrito al pie de la letra en su legislación local lo que establece la ley federal.
Este proceder del Presidente de la República puede entenderse como un derroche de autoritarismo, necedad, o simplemente urgencia de congratularse con las organizaciones de ultraderecha, como “Mexicanos Primero”, que es dirigida principalmente por altos ejecutivos de televisa, quienes abiertamente expresan que es necesario exigir importantes correcciones a los congresos de dichos estados, o de plano, promover la controversia constitucional. Con estas declaraciones resulta demasiado evidente a quién obedece el mandatario.
Tal pareciera, que el federalismo se ha vuelto una especie de comodín para el Gobierno de la República, ya que cuando le conviene se remite a él para que los estados y municipios solucionen de manera interna sus problemas de seguridad, presupuesto, salud, infraestructura, etc., pero cuando se trata de poner en marcha reformas que a su vez fueron impuestas desde otras esferas, en ese momento se olvidan los principios básicos de una federación y se cae en prácticas totalmente centralistas, al más puro estilo de su “alteza serenísima”, Antonio López de Santa Anna.
Ante tal situación, cabría hacer los siguientes cuestionamientos: ¿de qué sirve que haya congresos locales, si de cualquier manera se tiene que cumplir religiosamente con lo que se impone desde el Ejecutivo y el Legislativo nacional?, ¿hasta qué punto se respeta la soberanía de los estados que componen la Federación? En un territorio tan extenso, con tanta diversidad geográfica, económica, cultural, étnica y política, es prácticamente imposible estandarizar las leyes y los dictados centrales para que se cumplan y se lleven a cabo cual si fueran una receta de cocina.
Sin duda alguna, el país se encuentra en un pleno régimen centralista como el que anhelaran algunos de aquellos caudillos independentistas como Nicolás Bravo, aunque es importante señalar que no se está afirmando que un gobierno centralista sea del todo negativo, eso cabria analizarlo en otro momento, pero si raya en la necedad, tratar de gobernar con estos principios cuando la constitución señala totalmente lo contrario y peor aún, cuando las autoridades en turno, no gozan de plena legitimidad en todos y cada uno de los rincones del país.
¡Unidos y organizados venceremos! ¡Hasta la victoria siempre! ■
*Integrante del MDMZ-CNTE
