“Legislar por la salud y la vida de las mujeres no es un ataque a la fe, es un acto de justicia”, expresó la diputada local Renata Libertad Ávila Valadez, en respuesta a las declaraciones del obispo de Zacatecas, Sigifredo Noriega Barceló.
El jerarca religioso afirmó durante su homilía dominical que el dictamen sobre la reforma a la Ley de Salud estatal podría obligar a médicos a actuar «contra su conciencia».
Ávila Valadez aclaró que la reforma no elimina la objeción de conciencia, sino que la regula conforme a los principios constitucionales.
En una publicación en redes sociales, la legisladora enfatizó que el dictamen reconoce y protege el derecho de médicos y personal de enfermería a objetar por motivos de conciencia, de acuerdo con el artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
“Lo que establece es que dicho derecho no puede ejercerse en perjuicio de los derechos de las mujeres y personas gestantes, especialmente en casos de urgencia médica o riesgo para la vida”, puntualizó. Es decir, se protege la conciencia individual sin sacrificar la vida ni la salud de otra persona.
Ávila Valadez subrayó que nadie será obligado a actuar en contra de sus convicciones, pero que esa figura tampoco debe utilizarse para negar derechos, especialmente el acceso a servicios médicos seguros en situaciones urgentes o delicadas. Añadió que el personal médico puede declararse objetor, pero las instituciones están obligadas a garantizar la atención sin dilaciones.
La diputada petista también recordó que México es una República laica por mandato del artículo 40 constitucional, lo que implica que las decisiones en materia de salud pública deben tomarse con base en evidencia científica, derechos humanos y bienestar social, y no en dogmas religiosos.
Recalcó que la regulación de la interrupción legal del embarazo (ILE) no es un ataque a ninguna fe, sino una medida de salud pública y de justicia social.
Subrayó que responde a sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y observaciones de organismos internacionales como el Comité CEDAW, que han exhortado a México a garantizar el acceso efectivo a estos servicios.
Advirtió que, sin esta regulación, la objeción de conciencia podría seguir siendo utilizada como una barrera institucional, como ha ocurrido en otras entidades donde incluso en situaciones de urgencia médica se ha negado el servicio, con consecuencias graves para las mujeres.
Ejemplos documentados en el foro «Aborto Legal en Zacatecas: más allá de la despenalización», realizado en la capital el pasado 31 de enero, incluyeron casos como el de Berenice, una joven a quien se le negó la atención en cuatro hospitales de Querétaro, obligándola a viajar a Ciudad de México; o el de Norma, en Morelos, quien sufrió una hemorragia durante un aborto espontáneo y fue criminalizada por personal médico que, en lugar de brindarle atención, la denunció ante el Ministerio Público.
De acuerdo con el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), estos casos reflejan cómo la objeción de conciencia puede transformarse en una herramienta para negar derechos, perpetuar estigmas y poner en riesgo la vida de las mujeres.
Ávila Valadez fue enfática al señalar que el verdadero compromiso con la dignidad humana implica proteger a todas las personas, en especial a quienes han sido históricamente criminalizadas, estigmatizadas y obligadas a abortar en condiciones inseguras.
“En Zacatecas, la fe y la razón pueden convivir, pero la ley debe proteger a todas las personas, no solo a quienes comparten una creencia”, concluyó.
