La reciente iniciativa de Ley General de Aguas ha detonado un conflicto social que crece día con día en el sector agrícola mexicano. Con bloqueos de carreteras, protestas en el Congreso y llamados a paros nacionales, miles de productores expresan su rechazo a una propuesta que, aseguran, pone en riesgo su modo de vida y amenaza con agudizar las desigualdades en el acceso a los recursos hídricos.
La propuesta, impulsada desde el Congreso por legisladores afines al proyecto de transformación nacional, plantea una nueva visión del agua como bien común, regido por principios de equidad, sustentabilidad y justicia social. Esto implica modificar el actual régimen de concesiones instaurado durante el neoliberalismo, que permitió a grandes empresas —mineras, refresqueras, inmobiliarias— acaparar volúmenes de agua sin una regulación efectiva. Según especialistas como Leticia Merino, socióloga de la UNAM, esta nueva ley busca corregir ese desequilibrio y dar prioridad al uso humano y ambiental.
Uno de los principales objetivos es frenar la sobreexplotación de acuíferos, ordenar el uso agrícola del agua y promover la tecnificación del campo para hacer más eficiente cada litro utilizado. Se proponen medidas como auditorías hídricas, padrones públicos de concesiones y mayores requisitos técnicos para el uso agrícola. Todo esto parece razonable desde la óptica de la sustentabilidad, pero ha sido recibido con desconfianza por miles de productores rurales.
Los campesinos argumentan que esta ley, en lugar de garantizar el acceso al agua, lo vuelve más incierto. Entre sus preocupaciones destaca la eliminación del derecho a transmitir concesiones de agua entre particulares, lo que impacta directamente el valor de las tierras agrícolas. También alertan sobre la excesiva burocracia que podría dificultar la renovación de permisos, especialmente para los pequeños productores sin asesoría técnica. Temen, con razón, que una buena intención mal ejecutada termine criminalizándolos o expulsándolos del sistema productivo.
La realidad del campo mexicano es compleja. En el país existen más de 5 millones de unidades de producción agropecuaria, de las cuales el 82% son de pequeña escala. Más de la mitad de los productores vive en condiciones de pobreza, y muchos carecen de acceso a créditos, sistemas de riego, maquinaria o cadenas de valor. Solo una fracción accede a canales de exportación. A pesar de estas condiciones adversas, el campo mexicano representa cerca del 4% del PIB nacional, genera millones de empleos y alimenta a más de 120 millones de personas.
Por ello, no se puede hablar de una nueva ley del agua sin hablar también de una nueva política de acompañamiento al campo. Si se busca regular el uso del agua, también se debe garantizar acceso a tecnología, financiamiento, capacitación y mercados justos. No basta con imponer normas si no se construyen las condiciones materiales para cumplirlas. La sustentabilidad no puede alcanzarse castigando al productor, sino fortaleciéndolo.
Los ejemplos internacionales muestran que sí es posible alcanzar un equilibrio. En China, por ejemplo, la política hídrica va de la mano con la implementación de tecnologías de riego eficiente, subsidios directos a productores y la creación de redes de asesoría técnica local. En países como España, la modernización del campo incluyó la rehabilitación de canales, medidores inteligentes y sistemas de uso comunitario del agua. En Chile o Israel, el control del agua es riguroso, pero también lo es el respaldo al agricultor. En Israel, el 90% del agua usada en agricultura es reciclada.
México no puede quedarse atrás. Es urgente legislar con responsabilidad, pero también con empatía. La agricultura no solo produce alimentos, también mantiene vivas las tradiciones, cohesiona comunidades y ofrece trabajo digno a millones de personas. Las y los campesinos no son el problema: son parte esencial de la solución.
Hoy más que nunca, debemos apostar por una ley que cuide el agua, pero también a quienes la cultivan. Y esa ecuación solo será posible si el Estado se compromete no solo a normar, sino a acompañar. Que ninguna ley nazca sin justicia social. Que ninguna política pública olvide a quienes hacen posible que este país siga sembrando, cosechando y alimentando.
Nuestros campesinos no solo riegan la tierra: mantienen viva la raíz de México. Escucharlos, apoyarlos y protegerlos no es solo un deber… es una inversión en nuestro futuro común.
