■ Se deben restituir los derechos humanos de las personas afectadas en 2016
■ Roberto de la Rosa, delegado de la comunidad, ha denunciado en reiteradas ocasiones que prosiguen las detonaciones que ocasionaron los daños a las viviendas
Es la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas del Estado (CEAIV) dependiente de la Secretaría General de Gobierno, quien tiene la competencia y funciones para dar seguimiento a la Recomendación 03/2017 de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) a fin de que se restituyan los derechos humanos de las personas en particular, y de la comunidad toda de Salaverna, Mazapil, que fueron violentados el 23 de diciembre de 2016, subrayó María de la Luz Domínguez Campos.
Expuso que el organismo que encabeza ha reiterado en varias ocasiones al titular de la CEAIV, Everardo Ramírez Aguayo, que dé seguimiento a la recomendación emitida tras haberse acreditado mediante una investigación, las violaciones a “los derechos humanos a la legalidad y la seguridad jurídica” de los habitantes de Salaverna.
Cabe recordar que aquel 23 de diciembre el Gobierno del Estado realizó un operativo cuya presunta finalidad según se le informó a la gente de la comunidad, era notificarles por parte de la Dirección de Protección Civil la necesidad de que evacuaran sus viviendas alegando proteger su integridad física; a la par, se les advirtió que estaban en libertad de negarse a ello bajo su propia responsabilidad.
No obstante, y así lo observó el organismo defensor de derechos humanos “en el mismo acto se ejecutaron bloqueos de acceso a la comunidad, la intromisión en viviendas y la demolición de viviendas, la iglesia y la escuela de la comunidad, sin orden de autoridad judicial competente, violentando el Estado de Derecho”.
María de la Luz Domínguez precisó entonces respecto a la diligencia en que intervinieron visitadores de la CDHEZ este 23 de enero de 2019 realizada en Salaverna, que su intervención se limitó a verificar la actuación de la CEAIV de Zacatecas.
“Para verificar que fuera a atender” a Leticia Mendoza Cárdenas, cuyos muebles fueron desalojados con violencia, y vivienda demolida en aquel episodio.
La CDHEZ acudió “porque nos habían señalado que en otras ocasiones no habían podido tener contacto, en este caso concreto, con la señora”.
La ombudsperson corroboró la versión de Roberto de la Rosa Dávila, líder comunitario de Salaverna, quien informó a este medio que Leticia Mendoza Cárdenas se negó a que se llevara a cabo la diligencia de la CEAIV, no obstante dijo desconocer qué personal gubernamental acompañó a la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas al lugar.
De la Rosa Dávila dijo por su parte que estuvieron ayer en Salaverna funcionarios de la Dirección de Catastro y Registro Público de Gobierno del Estado para hacer un avalúo de los daños causados a la vivienda de Mendoza Cárdenas.
“Y que según la evaluación” que hiciera esta entidad dependiente de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado, “eso es lo que se iba a pagar”.
El líder comunitario cuestionó que se hubiera buscado por parte de las autoridades exclusivamente a Leticia Mendoza a efecto de resarcirle los daños ocasionados justo, cabe subrayar, por un operativo encabezado por funcionarios de la Secretaría General de Gobierno, cuya titular entonces era Fabiola Torres Rodríguez, misma quien en aquella ocasión se negó en primera instancia a admitir la Recomendación de la CDHEZ a diferencia de los titulares de la ahora Fiscalía General de Justicia del Estado, Francisco José Murillo Ruiseco, y de la Secretaría de Seguridad Pública, Ismael Camberos Hernández.
Debido a ello, la Recomendación fue turnada a la 62 Legislatura del estado para que citara a la funcionaria a comparecer, ya que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas fincó responsabilidades a sus funcionarios, Juan Antonio Caldera Alaniz, director de Protección Civil, y Raquel Ortiz Sifuentes, coordinadora de Asesores de la Secretaría General de Gobierno.
Sobre el punto de la atención en la visita de este 23 de enero sólo al caso de Leticia Mendoza Cárdenas, que para Roberto de la Rosa expone que “algo está mal”, ya que “desde un principio hemos señalado que en realidad la afectación es para todos”, María de la Luz Domínguez Campos precisó que eso no significa que las otras víctimas que se mencionan “con nombre y apellido” en la recomendación de la CDHEZ no vayan a ser atendidas.
“La Comisión de Atención a Víctimas tiene que hacer otras diligencias y otras acciones (…) ayer nada más fueron a visitar a la señora, pero eso no impide que mañana, que pasado” se dé cauce al cumplimiento de los demás puntos de la resolución del organismo defensor de derechos humanos, donde reiteró, están incluidas “una cantidad importante de personas (…) aparte el tema general de la comunidad y las medidas que tiene que hacer el Gobierno –del Estado- para evitar el desplazamiento forzado”.
Como antecedente del asunto, cabe mencionar el conflicto añejo entre los habitantes de Salaverna, Mazapil, y los intereses de la minera Frisco-Tayahua de Carlos Slim, empresa que desarrolla sus actividades de extracción justo debajo del asentamiento humano.
Roberto de la Rosa Dávila, delegado municipal de la comunidad, ha denunciado en reiteradas ocasiones que prosiguen las detonaciones que ocasionaron los daños a las viviendas y siguen deteriorándolas.
Ha expuesto asimismo que forman parte de una estrategia “terrorista” a fin de que los habitantes opten por abandonar el lugar y dejen el espacio libre para que la minera del magnate mexicano lo explote bajo la modalidad de minería a cielo abierto.
Este conflicto tuvo uno de sus picos el 6 de diciembre de 2012, cuando una fuerte explosión generó pánico en las personas, ocasionando justo que muchas familias del lugar decidieran dejarlo.
Ayer la presidenta de la CDHEZ quiso señalar que el organismo que encabeza “ha cumplido con su tarea y su función de protección y defensa de los derechos humanos de los pobladores, como quedó demostrado con la emisión de la recomendación correspondiente. Y ahora lo que solicitamos a la CEAIV es que se lleve a cabo el cumplimiento puntual de la restitución de los derechos vulnerados de conformidad con el propio contenido de la resolución”.
