Los ministros conservadores (para distinguirlos de quienes son progresistas), aunque a la manera de la chimoltrufia, han reculado continuar con el “paro en el Poder Judicial”. No es la misma actitud de la burocracia virulenta (también distinguiendo de quienes no están en esa postura obcecada), de la que es vocera Patricia Aguayo. Esta burocracia jerárquicamente inferior presenta mayor resistencia a aceptar que en México tenemos una Constitución que reformula la manera de integrar y ejercer su responsabilidad en la representación social judicial.
La verdadera mafia del Poder Judicial no está en la cúspide de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Por su jerarquía, solo es la cara más visible y actual caja de resonancia. La estructura piramidal se desliza del vértice organizacional que es el cuerpo verdadero que opera, casi automáticamente. Es la médula judicial fundamental que tiene, frente así, la demanda ciudadana de justicia. De esos asuntos sólo un porcentaje mínimo llega a los ministros para su análisis y resolución.
No es casual que los ministros conservadores hayan insinuado que a la reforma (ya Constitución) se le diera reversa, negociando entre ellos y la presidenta Claudia Sheinbaum (pisoteando las atribuciones del Poder Legislativo), para “reformular” que la elección por sufragio popular sólo incluyera la nominación de los ministros, exentando a magistrados y jueces que representan el grueso del cuerpo judicial que es quien resuelven la mayoría de los asuntos casuísticos de los ciudadanos.
No estaría mal que, integrada una nueva SCJN, se procediera a auditar el proceder procesal y resolutivo de jueces, magistrados y ministros. Una revisión exhaustiva permitiría impartir justicia y castigar por responsabilidades a servidores públicos del Poder Judicial. La premeditación y corrupción para exonerar delincuentes que a la luz social son culpables, emitir amparos para favorecer a poderosos en clara violación al Estado de Derecho o encarcelar inocentes no es otra cosa que criminalidad organizada de cuello blanco, pariente cercano del crimen organizado y elemento integrante del clima de inseguridad nacional.
En ese cuerpo de jueces y magistrados se encuentra la esencia de la práctica profesional y de las relaciones judiciales. Modificar esa práctica y relaciones, pero también transformar la manera como se producen y reproducen, debe ser el propósito fundamental de una nueva forma institucional del sistema judicial mexicano que involucra aspectos internos y de su vinculación con el entorno social en el que interactúa. Son jueces y magistrados quienes tienen en sus facultades resolver casi la totalidad de los asuntos judiciales.
Mientras que barrer a todos los ministros de la SCJN, al estilo de Ernesto Zedillo, sólo muestra autoritarismo y supremacía del Poder Ejecutivo sobre los otros poderes, ausencia de independencia judicial, legislativa y falta de vocación democrática.
Con el presidente Zedillo se aparentó ir al corazón del Poder Judicial. En realidad, sólo llegó a la parte especializada en resolver (con ministros a modo) sobre los asuntos relacionados con el quehacer del Jefe del Ejecutivo. Ese cambio a personas afines, sin transformación, no modificó la práctica profesional y las relaciones judiciales institucionales (la estructura y su forma). Dejó intocados a magistrados y jueces, así como su tradicional ejercicio profesional. Quedó intacta la maquinaria judicial. Fue un fraude de reforma que sólo garantizó el sometimiento del Poder Judicial al presidente en turno. Siguió con Fox, Calderón y Peña Nieto.
Con el rompimiento del régimen político del PRIAN y el modelo neoliberal, el Poder Judicial sigue sometido, por sus relaciones de corrupción y complicidad, a las oligarquías económicas y políticas nacionales y extranjeras que dieron sustancia a los gobiernos neoliberales. Son los jueces quienes extienden amparos al mejor postor. Tienen la ventaja de ser prácticamente anónimos, salvo sus “clientes”, sus amistades cercanas y sus familiares.
Aunque hay excepciones, la mayoría de funcionarios judiciales ostentan cargos por influencia y nepotismo y no por el cacaraqueado servicio de carrera profesional. La burbuja de privilegios de los actuales ministros, magistrados y jueces los llevan a creer, y externar, que son seres muy capaces, que son indispensables. Pronostican que con la reforma al Poder Judicial se avecina un Poder Judicial integrado por incapaces, aprendices y personas faltos de experiencia.
En realidad, esa casta privilegiada, está en problemas para demostrar que vale lo que cree y dice. Aparte de su cuestionada honradez, ética y profesionalismo, está por enfrentarse y medirse profesionalmente a una juventud muy preparada que no ocupa relaciones de parentesco, palancas o corrupción para ocupar cargos relevantes en el Poder Judicial.
La elección de jueces, magistrados y ministros, y la implementación de nuevas normas de trabajo institucional, romperán la cadena de privilegios, corrupción estructuralmente generalizada, impunidad y discriminación en la impartición de la justicia. Cierto, seguirá habiendo dificultades, insuficiencias, pero estamos en la antesala de una gran transformación judicial.
