Lorena Lamas Arroyo, secretaria ejecutiva del Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), dijo que van más de seis mil consultas contestadas de la iniciativa Alza la Voz, que consiste en que los menores puedan expresar sus propuestas a través de dibujos, poemas o escritos para poder identificar si han sufrido algún tipo de abuso sexual.
La convocatoria se extenderá hasta el 30 de noviembre para poder abarcar más municipios, pues “detectamos que hay solamente unos lugares que abarcan el 50 por ciento de participación, por eso decidimos ampliarla para llegar a más”.
Explicó que se han obtenido respuestas muy “interesantes” y otras en las que se pudiera tener un signo de abuso, por lo que, al hacer la revisión, en conjunto con los expertos, se podrán dar resultados y determinar por medio de los textos, dibujos y trabajos enviados por los menores, si en realidad han sufrido algún tipo de violencia.
La convocatoria se
extenderá hasta el
30 de noviembre
para poder abarcar
más municipios
“La intención de la consulta es que tengamos un material integral y que se atiendan los resultados para saber qué es lo que necesitamos, es decir, más difusión, talleres en las escuelas para informar a niñas, niños y adolescentes sobre el abuso sexual y darles a conocer quiénes son las autoridades a las que pueden acudir”.
Agregó que muchos de los casos de abuso sexual a menores suceden en casa y ahí se quedan por “miedo, desconocimiento o no querer dar la información”; en ese sentido, recalcó la importancia de informar a padres y madres de familia sobre este tipo de violencia.
Por otro lado, en el caso de los homicidios a menores de edad a causa de la inseguridad, la secretaria explicó que existe una comisión para “poner fin a todo tipo de violencia” y en la que se analizan todos los entornos en los que los menores pueden ser agredidos.
Mencionó que, para atender estas problemáticas, se realizan mesas de trabajo para verificar y detectar las actividades a realizar, pues las instituciones encargadas directas de la atención a menores “tienen un protocolo para poner fin a la violencia y que haya una coordinación interinstitucional”.
