Julieta del Río Venegas, especialista en transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, reconoció la publicación y entrada en vigor de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, al considerar que representa un paso decisivo hacia la reconstrucción de la confianza entre ciudadanía e instituciones, aunque advirtió que el verdadero desafío será socializarla.
Del Río Venegas explicó que la nueva ley, derivada de la reforma constitucional local de 2024, sustituye al modelo anterior para dar paso al organismo Transparencia para el Pueblo de Zacatecas, adscrito a la Secretaría de la Función Pública, con atribuciones para resolver recursos de revisión, imponer sanciones y promover políticas públicas de acceso a la información.
“La norma establece plazos claros, ahora el gobernador deberá designar al titular del nuevo órgano garante en un máximo de 15 días hábiles y transferir los recursos humanos y materiales necesarios para su operación en un plazo no mayor a 30 días” explicó.
Añadió: “Sin embargo, se debe socializar, ofrecer capacitaciones intensivas y difundir la información en un lenguaje ciudadano, para que la sociedad comprenda cuáles son ahora las autoridades garantes (como el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, el Poder Judicial y el Congreso del Estado, entre otros) quienes contarán con sus propios órganos para responder recursos, así como para que entiendan cómo se llevará a cabo el ejercicio con los municipios”, enfatizó.
Entre los avances, Del Río Venegas resaltó la incorporación obligatoria de todos los municipios al Subsistema Estatal de Transparencia, lo que permitirá reducir desigualdades y garantizar que las demarcaciones con menos recursos no queden rezagadas en materia de rendición de cuentas.
La ex comisionada del Inai resaltó la inclusión de formatos accesibles para grupos vulnerables, entrega de información en medios físicos a bajo costo y la canalización ágil de solicitudes que no correspondan al ámbito de transparencia, simplificando los trámites para las personas solicitantes.
Pero advirtió que el éxito de la norma no dependerá solo de su publicación, sino de su apropiación por parte de la sociedad. “El gran reto será socializarla, que la gente conozca sus derechos, sepa a quién acudir y cómo exigirlos. Si no logramos eso, esta ley quedará en letra muerta”, enfatizó.
Del Río Venegas consideró indispensable la capacitación de las unidades de transparencia de los poderes públicos, órganos autónomos y sindicatos, así como la coordinación con la Secretaría de la Función Pública para evitar vacíos legales o retrasos que frenen la implementación del sistema estatal.
