En Morelos, el gobierno del estado y el crimen organizado han operado en contubernio para imponer el Proyecto Integral Morelos (PIM), consistente en una termoeléctrica, un gasoducto e infraestructura complementaria, y han sido responsables de asesinatos y varios actos represivos, afirmó Teresa Castellanos, defensora del territorio en Santa Cruz Huexca, municipio de Yecapixtla.
Durante su participación en el congreso-encuentro “Extractivismos: contaminación y alternativas”, convocado por la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ), señaló que Andrés Manuel López Obrador, antes de llegar a la presidencia, manifestó su apoyo al movimiento, pero como presidente ha avalado la persecución contra ellos e incluso los ha clasificado de ultraderechistas.
Explicó que el PIM plantea una expansión industrial e inmobiliaria en el estado de Morelos, y en otras zonas del centro del país, e implica la construcción de un corredor urbano-industrial que trae consigo el desarrollo de redes de comunicación, rellenos sanitarios, energía para minas a cielo abierto, parques industriales, todo ello en áreas predominantemente agrícolas.
Los elementos más importantes de este megaproyecto, agregó, son el gasoducto, el acueducto y la termoeléctrica, los cuales provocarían diversas afectaciones, entre ellas el robo de la tierra y la falta de acceso al agua de los ejidatarios.
Sobre el robo de la tierra, Castellanos dijo que “se nos dice que pasará un gasoducto y pagarán una renta por 30 años, pero la devastación que han hecho en Puebla y una parte de Amilcingo la hicieron con violencia contra las comunidades”.
En Amilcingo, Morelos, “se encontraron con la fuerza más grande en donde el pueblo respondió con todo porque la Comisión Federal de Electricidad entró a la comunidad de forma clandestina para robar la tierra”.
En el río Cuautla, por su parte, construyeron el acueducto, pero metieron la tubería sin la aprobación de los ejidatarios y con ello devastaron el manto friático que se ubica en la región. Además, la termoeléctrica utiliza sustancias tóxicas que contaminarán todo el medio ambiente, especialmente la barranca “Papayos”.
Castellanos, quien integra el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla y Tlaxcala, expuso el caso de Samir Flores Soberanes, activista de Amilcingo, quien fue asesinado sin que su muerte se haya esclarecido hasta el momento.
Recordó que, en primer momento, se realizó un plantón en la termoeléctrica que tuvo una duración de seis meses hasta que el gobierno del estado decidió desalojarlos con el uso de la violencia, pero las movilizaciones continuaron.
Fue en ese contexto en el que fue asesinado Samir Flores Soberanes: “duele mucho volver a recordar lo que se vivió con Samir. Estábamos viviendo una violencia muy fuerte en el Frente de Pueblos, había muchas amenazas de todos lados. En ese momento me golpearon a mí y a mis hijas, amenazaron con desaparecer a mis hijas y Samir me ofreció terreno para irme a vivir a Amilcingo, y de repente el golpe, me avisaron que lo acababan de asesinar”.
Castellanos describió a Samir como una persona muy comprometida con la lucha de las comunidades e inspiraba a los demás “y saber que fue asesinado fue un golpe muy fuerte para todos”.
Por último, afirmó que en el proceso de despojo del territorio participa el gobierno del estado, cuerpos policiacos y el crimen organizado, de tal manera que “la Sedena se está apropiando de nuestras comunidades, de nuestros territorios”.
