Cansados de escuchar que el problema de las pensiones es que ahora la gente vive mucho, Juan Carlos Monedero, el número tres de Podemos dijo recientemente a Christine Lagarde, directora del Fondo Monetario Internacional: si el problema es que ahora la gente vive mucho, “¡Pues danos ejemplo y muérete tú si consideras que esa es la solución!”.
El aumento a la esperanza de vida, según los tecnócratas, es la razón por la cual los sistemas de pensiones en varias partes todo el mundo están en crisis. Convencerán a algunos con el argumento, pero de ser así, ¿por qué no hemos juzgado a los omisos que no previnieron ante lo que era a todas luces previsible? Por otro lado, podría darse la razón a esa explicación en los países europeos donde la población vieja es predominante, pero no así en México, donde 60 por ciento está en edad productiva.
Ese bono demográfico que es aprovechado en otros países para generar reservas para los tiempos de las vacas flacas, en México es actualmente desperdiciado, gracias a las políticas que con el pretexto de la “flexibilización” hacen posible que en muchos puestos de trabajo no se pague la seguridad social, lo mismo en el empleo doméstico que en el profesorado. Así, de los 52 millones de personas que integran la población económicamente activa, 30 millones de ellos (en números redondos) lo hacen en el sector informal, dejando en utopía un derecho básico, el derecho a la jubilación, y dejando al Estado sin las cotizaciones de esos trabajadores.
Por esa y otras razones de acuerdo a las estadísticas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (publicadas en La Jornada 20 de enero de 2013) en México, sólo dos de cada 10 personas en edad de retiro reciben dicha prestación, mientras en Uruguay y Brasil la cifra es de 8 de cada 10.
En los años venideros, según Carlos Fernández Vega, analista de La Jornada (disponible en https://youtu.be/bl-RztubyfU) serían 4 de cada 10 los mexicanos que podrían obtener pensión en las condiciones actuales. Apenas la mitad de los que ya tienen este derecho en algunos países de América Latina y cifra muy inferior a los 9 de cada 10 de buena parte de Europa.
Además de ello, esos pocos que probablemente puedan jubilarse, tendrán que hacerlo, si bien les va, recibiendo mensualmente 20 por ciento del último salario, es decir, que quien perciba un salario de 10 mil pesos al momento de jubilarse, recibirá 2 mil como pensión. Y ya ni hablar de las triquiñuelas habituales de muchos empleadores, quienes para pagar menos, entregan una parte del salario vía nómina y otra en efectivo fuera del ojo vigilante del sistema, o bien establecen la mayor parte del ingreso del trabajador a través de compensaciones y no del salario, de tal suerte que al momento de jubilarse el empleado encuentra en su fondo de retiro mucho menos dinero del que había previsto. Ambas cosas por cierto son aceptadas sin dudas ni dilaciones por empleados conscientes de que si no lo hacen ellos, lo hará otro más.
Otros como jueces, magistrados, ex presidentes de la República, y altos funcionarios de organismos financieros, no tienen esos problemas de simples mortales. Son casualmente ellos los que promueven las bondades del sistema de pensiones actual, los que no están sujetos a él, y pueden jubilarse con pensiones exorbitantes con apenas unos años de servicio en la institución adecuada, como el caso de la señora Lagarde.
Pero el actual sistema de pensiones no significa pobreza para todos. Para quienes manejan el dinero de los trabajadores es un gran negocio, cobran comisiones por ello, lo jinetean, lo invierten a su criterio, y si obtiene ganancias comparten un porcentaje ínfimo al trabajador, si pierden las pérdidas son de todos.
¿Por qué lo permitimos? Quién sabe si el estar enfermos de prisa, de inmediatez, nos llevan a preocuparnos por resolver el hambre de hoy, y dejar la de mañana a la deidad de nuestra preferencia. O quizá habrá confianza en la paupérrima pensión universal, que, hay que reconocer, pese a sus candados y detalles, constituye con su existencia el reconocimiento de un derecho social, y no ya, como decían hace unos años cuando se impuso en el Distrito Federal, un acto de populismo. Quizá le apostemos también a que las redes de apoyo social sean suficientes para lidiar con el negro porvenir que se avista. Quizá pensamos que hay tiempo para cambiar en lo colectivo, o para ahorrar en lo individual. Quizá todo junto.
Dice Lagarde que hay tiempo, vivimos de más, pero más valdría empezar de ahora.■
@luciamedinas
