Unos de los puntos neurálgicos de la corrupción es la obra pública. El esquema que se usa para gestionarla es tan malo que los problemas son los mismos desde hace décadas. Y existen los mismos inconvenientes y contrariedades por el lado de la autoridad y por el costado del proveedor del servicio o la obra. El estado o el municipio contratan una obra de infraestructura y es muy común que se entregue fuera de los plazos pactados, con mala calidad y a costos muy por encima de los precios normales de mercado, con los presupuestos alterados que pueden llegar a triplicar el normal. En un acto de corrupción hay dos actores: uno es la autoridad y el otro, el propio proveedor. Y hay mecanismos tan instituidos que ya se han convertido en reglas no escritas pero aceptadas por los constructores; por ejemplo, el famoso diezmo para el funcionario contratante. Pero también los constructores maniobran con las obras: ponen menos cemento del declarado, compran chapas de una marca distinta de la colocada o pagan menos personal del requerido (que se calcula en el presupuesto) y por ello las edificaciones sufren retrasos. El gremio constructor está lleno de historias y anécdotas de corrupción en cada una de las obras realizadas.
Todos saben todo sobre los manejos irregulares en la obra pública, y sin embargo el mal sigue siendo el mismo al correr de los años. Las medidas propuestas para evitar dichas ignominias son, también, muy conocidas. Por ejemplo, citaremos dos de ellas. Una de las medidas que se propone es que quede muy claro el mecanismo para que se haga extensiva a las personas (físicas) el castigo de las faltas que cometa la persona moral en cuestión. Porque si se inhabilita alguna razón social, pues los mismos actores de la firma inhabilitada, forman y dan de alta otra razón social. De esa manera saltan la ley. Recordemos que Societas delinquere non potest (las sociedades no pueden delinquir). Otra manera para resolver el problema de la corrupción en obra pública es trasladar la responsabilidad de la contratación a los propios beneficiarios, es decir, que los sujetos del bien público contraten y vigilen la obra, con la idea de que el beneficiario difícilmente aceptará entregas de mala calidad y vigilará los términos precisos de la obra (porque lleva interés especial en ello). Así, el Estado paga pero no contrata.
Pues bien, estas y otras medidas se proponen para sanear de corrupción la contratación de obra pública, pero es poco probable que ocurra mientras no exista presión social para hacerlo, ya que tanto funcionarios como contratistas ven en los “tratos de beneficio mutuo” un gran negocio a costa del recurso que es de todos. El paradigma de este problema lo tenemos en la famosa Estela de Luz que costó una suma demencial, se entregó a destiempo y se planeó sin ninguna legitimidad. Por ello, la Estela de Luz del calderonismo terminó convirtiéndose en el símbolo de la corrupción en la obra pública.
