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viernes, 12 julio, 2024
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¿Cuántos del Poder Judicial son auténticos delincuentes?

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Por: BENJAMÍN MOCTEZUMA LONGORIA •

La reforma al Poder Judicial, que promueve la 4T, no se reduce a un simple proceso de sucesión de funcionarios públicos, de quítense Ustedes porque hay van otros. En realidad, se trata de una transformación más profunda que calará en sus mismas estructuras. Es un procedimiento encaminado a construir un nuevo modo de impartición de la justicia en México. La reforma persigue modificar la actual relación que existe entre gobernantes, de ese poder, con sus gobernados. 

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También se pretende contar con un Poder Judicial que, aunque adquiriendo real autonomía, colabore con los otros dos poderes. Actualmente es reacia a colaborar, con el pretexto de que es “contrapeso, ejerce funciones de oposición y carece de autonomía desde el momento en que depende de la estrategia conservadora de la oligarquía económica nacional de vocación desnacionalizadora, a la que sirve.

El actual modelo de justicia de México, que encabeza la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Norma Piña, encaja a la perfección en el modelo de sociedad que resulta de las políticas públicas y privadas que se derivan del patrón de crecimiento neoliberal. 

La decisión vertical y autoritaria de Ernesto Zedillo, de despedir a todos los ministros y nombrar a nuevos, respondió a la maduración acelerada del modo de impartición de la justicia que actualmente tenemos y que es el que corresponde al patrón de crecimiento que ha sido sustituido, tras el triunfo de López Obrador y ahora con Claudia Sheinbaum, por un heterodoxo modelo que se conoce como Humanismo Mexicano.

En artículos anteriores he tratado el tema de la inseguridad, del narcotráfico y la criminalidad de cuello blanco como un renglón inherente, y muy relevante, que contribuye al proceso de acumulación y concentración de capital extranjero, principalmente de Estados Unidos, siempre con cargo a nuestro país, donde las diversas actividades ilícitas (corrupción para saquear riquezas nacionales, o para facilitar operaciones de la empresa extranjera; narcotráfico, tráfico de órganos, trata de personas, migración, importación de “fayuca”, huachicoleo, comercio desleal y evasión fiscal) en manos de grandes corporaciones, aunque inmorales e inconfesables, han sido protegidas como negocios, como parte del Estado de Derecho.

El triunfo de la 4T, y la concreción de nuevas políticas públicas, contribuyó a transparentar la real función social del “sacrosanto” Poder Judicial; a saber: proteger y facilitar el despojo de todo bien público o privado que permita obtener riqueza; por ejemplo: tierras, minas, privatización de paraestatales, servicios públicos, evasión fiscal, bajos salarios, administración de ahorros y pensiones de los trabajadores, tráfico de influencias de altos funcionarios y capitalistas privados, etc. El Poder Judicial también ha demostrado proteger a los agentes privados y públicos auxiliadores de esa neocolonización, incluyendo los del narcotráfico.

Algunos ejemplos pueden constatarlo: nulificación, en 4 ocasiones en igual número, de órdenes de aprehensión contra el fiscal Uriel Carmona de Morelos; exoneración de algunos delitos contra el exgobernador de Tamaulipas Cabeza de Vaca; descongelamiento de cuentas a la esposa de García Luna; también de Cárdenas Palomino; perdón a Emilio Lozoya por los nitrogenados; liberación de Rosario Robles, de la “estafa maestra”; liberación del abogado Juan Collado; amparos otorgados a Salinas Pliego para que no pague impuestos; liberación de involucrados por el  caso Ayotzinapa, de sicarios y narcotraficantes.

Mientras las grandes transformaciones impulsadas por el Poder Ejecutivo y Legislativo se inspiran en que “por el bien de todos primero los pobres”, el Poder Judicial camina en sentido inverso y sus actuaciones terminan en despojos a los débiles, en miseria, discriminación, desigualdad social y abandono a las víctimas. Es un poder que trata con grandes beneficios a los que mucho poseen y deja en el abandono a los desposeídos. Es un poder clasista que, además, parece no comprender que México ya cambio y que, nuevamente, se han quedado rezagados en el proceso de la transformación.

Por otro lado, es un poder que se reproduce a imagen y semejanza. Primero porque se nutre del compadrazgo, amiguismo, corrupción y nepotismo. En su columna “los jueces también se tocan”, Fabrizio Mejía revela que un solo funcionario del Poder Judicial de Durango tiene a 17 familiares en la nómina y que en el estado de Jalisco el 80 por ciento de los funcionarios del Poder Judicial tienen problemas de nepotismo (familiares).

Pero, además, por lo regular las convocatorias para escalar posiciones administrativas en ese poder se restringen a personas que ya trabajan ahí mismo, por lo que difícilmente llegan nuevos elementos que refresquen. Ya hay una práctica del ejercicio profesional que se vé manchada por la corrupción y una compleja telaraña de complicidades que conduce a la impunidad de grandes delincuentes del crimen organizado y del crimen de cuello blanco. Uno se pregunta: ¿Cuántos del Poder Judicial son auténticos delincuentes?

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