La Suprema Corte de Justicia declaró, la semana pasada, como constitucional, solicitar información del beneficiario controlador, lo que facilitará, al Servicio de Administración Tributaria, rastrear procesos de evasión fiscal con mayor facilidad, si bien estos términos parecen ajenos, lo cierto es que esta nueva modalidad cambia la protección de datos personales en favor del sistema tributario mexicano.
En este sentido, es necesario especificar el concepto de beneficiario controlador; de acuerdo con el Código Fiscal de la Federación, lo define como: “la persona física o grupo de personas físicas que, directa o indirectamente, obtienen un beneficio derivado de una persona moral, fideicomiso o cualquier otra figura jurídica, que ejercen control sobre dichas entidades”.
Es decir, que ahora con esta modificación al código y resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se pueden pedir los datos como nombre, sexo, RFC, CURP, nacionalidad, mismos que antes se encontraban protegidos bajo el supuesto de “secreto bancario” o “datos personales”, por lo que era necesario una orden judicial para poder acceder a ellos.
Ahora bien, ya se definió que es el beneficiario controlador, en este orden de ideas, es indispensable identificar: ¿qué beneficios tiene esta norma?, a primera vista, seguramente pareciera simplemente otro acervo de datos personales con los que ahora contará el SAT, sin embargo, esto tiene dos objetivos.
En primer lugar, cumplir los compromisos adquiridos por nuestro país con el G20, este grupo de países invitaba, a través del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), a sumarse a realizar estas modificaciones para mantener estándares internacionales en materia tributaria y transparencia fiscal, es por ello que, en 2022, el Congreso de la Unión aprobó esta modificación.
Sin embargo, esto fue altamente cuestionado y fue necesario que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitiera una resolución sobre su procedencia, misma que fue emitida, con total aprobación de la norma, por este órgano jurisdiccional la semana pasada.
El segundo objetivo que se pretende alcanzar con esta norma es lograr una mejor fiscalización, por ende, una mayor recaudación y un mejor gasto público en beneficio de la sociedad; además, que al estar dentro de los estándares internacionales fiscales, nuestro país se vuelve un lugar más seguro para la inversión extranjera, puesto que cuenta con normas jurídicas claras que evitan la evasión fiscal, así como el lavado de dinero, brindando certeza jurídica a la iniciativa privada internacional.
Sin duda, esta reforma al Código Fiscal de la Federación brindará de mayores herramientas al Servicio de Administración Tributaria para realizar una mejor recaudación e identificar actividades ilícitas.
*Tesorera del Senado
