Hay una audiencia el 7 de julio a las 12 horas en la sala 4 del TSJEZ
Participantes activas de colectivas feministas hicieron del conocimiento público el testimonio de una víctima de “violencia física, sexual, psicológica y patrimonial por parte de un Policía Estatal, quien haciendo uso de su uniforme, arma y en plenas funciones, me detuvo en un retén cuando iba sola en mi auto obteniendo todos mis datos, teléfono, domicilio, lugar de trabajo”; ella por cuestiones de seguridad prefiere mantenerse en el anonimato, sin embargo, relató los hechos de los que fue y sigue siendo víctima.
Según las personas que proporcionaron la información, evitaron que este tema se hiciera público por el mayor tiempo posible, pero “no nos dejan opción”, pues la víctima tuvo que presentar tres veces la denuncia para que se la tomaran finalmente, además de que la misma manifiesta seguir en peligro.
De acuerdo con la denuncia púbica, los delitos a los que fue sometida fueron: violación, privación ilegal de la libertad y tentativa de feminicidio, “después de meses de acoso y amenazas”.
Del mismo modo, se hizo la acusación directa a la Ministerio Público (MP), María Leticia Hernández Gómez, quien se “negó desde el primer momento (a) denunciar por el delito de VIOLACIÓN, ya que según ella ‘es muy difícil de comprobar y no podemos dictar medida de protección por ser un delito grave y se da a la fuga”.
La víctima denunció a su vez que, después de la primera denuncia, “el (agresor) se presentó en el domicilio en que me refugiaba, pues para esos momentos yo había tenido que dejar mi casa por temor a que cumpliera sus amenazas de muerte o volviera a violarme y privarme de la libertad”.
Al querer huir y tras una persecución y un choque, otros elementos policiales “quisieron obligarme a negociar con mi agresor, a pesar de que yo les decía lo que me había hecho y que intentaba matarme y a pesar de los graves daños provocados a mi vehículo”. Entonces se realizó la segunda denuncia, que, señaló, se realizó por daños materiales y no por la agresión.
A pesar de las denuncias en su contra, acusa que no se ha destituido de la policía al responsable, “y meses después volvió a aparecer de guardia en un camino que yo transitaba”.
La perjudicada afirma haber sido “y continúo siendo víctima de severa violencia institucional por parte de la Fiscalía de Justicia del Estado de Zacatecas y de su Centro de Justicia para las Mujeres, ya que éstas no “está(n) garantizando mi derecho a una adecuada defensa de mis derechos”, razón por la cual temo por mi vida”, sentenciando que, “si el agresor sale libre seré una estadística más y ustedes estarán informando sobre mi feminicidio”.
La afectada agregó que no confía en las autoridades que han llevado su caso hasta el momento “debido a la grave violencia institucional de la que he sido sujeta para desconfiar de los criterios de las autoridades de la Fiscalía para investigar delitos por razones de género contra las mujeres, ya que adolecen de una perspectiva de género, enfoque de derechos humanos e incluso de empatía y respeto hacia la le dignidad de las víctimas”.
Debido a las omisiones en el caso, la víctima interpuso una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas el 8 de junio, tras la cual se hizo la solicitud, por parte de la institución, para que la Fiscalía “me asigne a un Ministerio Público de experiencia en audiencias, en delitos sexuales, con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos”. Cabe señalar que en la misma denuncia se omite el nombre del agresor debido a que “temo que mi agresor cumpla lo que siempre me dijo ‘entre policías nos protegemos, ellos saben quién eres y dónde estás”.
La audiencia se llevará a cabo el día 7 de julio a las 12 horas en la sala 4 del Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas.
