El caso de Roxana Ruiz Santiago, la mujer condenada a seis años de prisión y a pagar casi doscientos mil pesos en reparación de daños por haber matado a su violador con “exceso de legítima defensa”, puede ilustrar, sin que lo tomen a conveniencia, tirios y troyanos, la importancia del factor cultural y político en las decisiones judiciales.
Roxana es una mujer indígena originaria de Oaxaca, que a los quince años emigró al Estado de México, en donde se ganaba la vida como vendedora de papas. Hace dos años, en mayo de 2021, la violencia de un hombre con el pantalón en el suelo dispuesto a violarla mientras ella dormía, la despertó. Comenzó entonces un forcejeo, y ella, logró asfixiarlo con una playera, luego él cayó al suelo, se golpeó la cabeza y murió.
Cuando fue detenida contó lo sucedido, pero la jueza Mónica Osorio Palomino, consideró que hubo “exceso de legítima defensa” porque bastaba un golpe en la cabeza para quitarse de encima a su agresor.
Fue hasta que la historia saltó a la prensa nacional e internacional, que Roxana tuvo alguna oportunidad. El tema llegó incluso a la conferencia mañanera, donde el presidente advirtió que analizaría el brindarle el indulto presidencial.
La llegada de mujeres a puestos de poder como es el de la propia jueza que la condenó, o de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, fueron insuficientes para garantizarle a Roxana perspectiva de género en su juicio.
Fueron el apoyo de colectivos feministas, y el apoyo social, los que permitieron la declaración del presidente López Obrador, y con ella, la decisión de la Fiscalía del Estado de México de dejar de perseguir a Roxana.
Sin menoscabo de la alegría que puede ocasionar este caso en particular, queda en la duda cuántas mujeres estarán ahora en similares circunstancias a las de ella, aguantando desde el anonimato, la soledad, y muy probablemente, la pobreza que quizá den marco a la terrible sentencia que se obtiene de haber luchado cuerpo a cuerpo y a riesgo de vida contra quien las violentó.
La suerte de Roxana no es sólo que su caso se conociera, también es la de haber nacido ahora, que ha disminuido, aunque no terminado, el estigma social de las mujeres violadas. Ahora que su nombre y rostro pueden ser íconos de lucha feminista y no de vergüenza y repudio.
Hace apenas unos años, la carga social y cultural de haber sido víctima de violación hubiera sido tal, que difícilmente se atrevería a alzar la voz en el tema. Y aunque seguramente esto ocurre todavía, cada vez hay más conciencia de que quien menos debiera cargar con los señalamientos sociales son las víctimas.
Ese estado cultural construido por décadas en pasos pequeños, que de repente parecieron acelerarse, es imprescindible para casos como el de Roxana, y también como el de la cantante Sasha Sokol, quien apenas en las proximidades del medio siglo de edad, se atreve a denunciar los abusos sexuales del que fuera víctima cuarenta años antes.
Mientras parecía que no pasaba nada, pasó todo y se llegó a este punto social, cultural y político en el que las víctimas de abuso sexual hoy se sienten más seguras de denunciarlo.
No hace mucho que la jovencita Ainara Suárez, fue insultada y humillada públicamente por la influencer Yosstop por “haber permitido” que le introdujeran una botella en la vagina mientras se encontraba intoxicada, todo esto grabado en un vídeo que se difundió por redes sociales.
Primero hubo risas y vistas monetizadas, pero bastó muy poco tiempo para que la lectura social del hecho fuera distinta y Ainara y sus abogados lograran poner contra las cuerdas a sus agresores y a la influencer, hasta obtener un acuerdo reparatorio favorable.
Aunque lo legal, lo jurídico e incluso lo político no ha cambiado lo suficiente para poder sentir que se vive en un país más justo y democrático, el cambio social y cultural existe, aunque sea a un ritmo siempre aletargado para quienes lo quisiéramos distinto.
Son circunstancias como estas las que obligan a ver hacia atrás y a valorar lo que se ha caminado, y a pensar que aportación mínima a la lucha, ha importado.
