Con 28 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, diputados de la 64 Legislatura aprobaron se proceda a retirarle el fuero a Julio César “N” y a quitarle el cargo de presidente de Guadalupe para que enfrente el proceso que se ha iniciado en su contra por su posible participación en el homicidio y robo calificado del abogado Raúl Calderón Samaniego, lo que da lugar a que la Fiscalía cumplimente la orden de aprehensión contra, el ahora, ex alcalde.
En la discusión, que duró poco más de dos horas, se inscribieron para intervenir a favor del dictamen Xerardo Ramírez Muñoz, Maribel Galván Jiménez, Priscila Benítez Sánchez, María del Mar de Ávila Ibargüengoytia, Violeta Cerrillo Ortiz, Jehú Salas Dávila, Juan Mendoza Maldonado, Ernesto González Romo, Enrique Laviada y Gabriela Pinedo Morales.
La discusión se centró, sobre todo, en el procedimiento que se llevó a cabo en la Comisión Jurisdiccional: por un lado, los diputados de Morena cuestionaron la celeridad y “el desaseo” en el manejo del proceso, así como no respetar los derechos del imputado; en tanto que los miembros de dicha Comisión defendieron la forma en cómo se trabajó anteponiendo, sobre todo, el respeto a la legalidad y las exigencias de la sociedad.
En un primer momento, el diputado Xerardo Ramírez Muñoz refirió que la fecha marcaba un parteaguas en la Legislatura y en la discusión; aseveró que los legisladores debían estar a la altura del pueblo que los eligió, por lo que expuso que, como integrante de la Comisión Jurisdiccional que dictaminó el pedimento de la Fiscalía, su obligación es contribuir a restituir la seguridad a las familias y combatir la corrupción y la impunidad y no ser un obstáculo para la impartición de justicia.
Los diputados de
Morena cuestionaron
la celeridad y
“el desaseo” en el
manejo del proceso
«Este dictamen surge del análisis cuidadoso, respetando el debido proceso, pero cuidando también la dignidad de las víctimas. No es linchamiento político, no es persecución política, no es cacería de brujas», dijo desde tribuna el petista, para luego adelantar que votaría a favor del dictamen no sin dejar de subrayar que el Congreso no prejuzga sobre el proceso judicial, sino que solamente quitará la protección constitucional que tenía el alcalde de Guadalupe. «Desde aquí, el Poder Legislativo dará importante mensaje de procuración de justicia. Nada ni nadie por encima de la ley. Justicia para Raúl y para todas las víctimas de Zacatecas”, concluyó.
En su momento, la diputada Maribel Galván Jiménez coincidió en que este proceso sentará un antes y un después en la procuración de justicia de la entidad; no obstante, aseveró que le preocupaba el contenido del dictamen, pues criticó que al acusado no se le dio derecho de audiencia que, además, es un principio de seguridad y certeza jurídica.
Pese a esto, la legisladora adelantó que votaría a favor del dictamen, pues serán los tribunales los que determinarán si éste está apegado a Derecho o no. Además, señaló que votaría a favor por un principio de congruencia, ya que se trata de darle cauce a que una autoridad haga su trabajo y para darle a la población la confianza de que este Poder haría lo que mejor convenga.
Por su parte, la diputada morenista, Violeta Cerrillo, atacó, luego de anunciar que votaría también a favor, que se le quitará inmunidad procesal a un funcionario al que no se le dio el derecho legítimo de manifestarse, por lo que acusó vicios en la Comisión Jurisdiccional porque, además, al acusado no se le entregaron los documentos solicitados ni se le notificó a tiempo. «A la familia de Raúl le digo que la impunidad es el riesgo que se corre cuando se viola el debido proceso», señaló desde tribuna.
Algunos legisladores
coincidieron en que al
acusado no se le dio
derecho de audiencia
La diputada local del PAN, María del Mar de Ávila, se pronunció igualmente a favor de retirar la inmunidad al imputado y que la autoridad competente lo resuelva, sin embargo, aprovechó para llamar a que se suprima la figura del fuero y que éste no sea un obstáculo más en la impartición de justicia.
El perredista Juan Mendoza señaló que lo que se abordó en la Legislatura demerita a toda la clase política en su conjunto, pues a una sociedad como la de Zacatecas, cargada de violencia, ahora hay que añadirle las conductas homicidas de un personaje político, “eso debe llevarnos a una reflexión profunda, de si en la política es permisible este tipo de hechos lamentables», dijo.
«No todo es un tema de moral, de ética o de patologías del ejercicio del poder; es un tema de responsabilidad; la Fiscalía General ya hizo su trabajo, el Poder Judicial ya hizo lo suyo, encontró elementos suficientes para librar dos órdenes de aprehensión; nos toca a este Poder hacer lo nuestro. Vamos a quitar el obstáculo para que las autoridades jurisdiccionales puedan actuar en consecuencia; el día de hoy no es posible aplicar una sola medida restrictiva a este personaje porque sigue contando con inmunidad constitucional, lo que conocemos como fuero”, finalizó.
“Para Morena es relevante el voto a favor porque se trata de un militante que se ganó nuestro respeto y simpatía, pero tenemos principios y esas no son palabras que se pongan en discurso, son reglas de vida y se demuestran con hechos», dijo Ernesto González Romo en su participación, quien reiteró que su partido votaría a favor para que el imputado pueda enfrentar sus cargos en los tribunales, pues tienen el deseo de que todo se aclare.
«Es uno de los momentos más difíciles que ha atravesado esta Legislatura y probablemente, en la última década, este Poder Legislativo, porque estamos discutiendo sobre algo cuyo origen jamás debió haber ocurrido. Hay muchos compañeros diputados, con ánimo de angustia y consternación, por la familia de la víctima y la del servidor público que hoy está siendo imputado; dudo que haya alguien entre nosotros, con mínimo sentido de humanidad, que esté disfrutando este momento», dijo en su turno el priísta Jehú Salas, quien recalcó que se estaba ante una declaración de procedencia y no se trataba de un juicio, por lo que votaría a favor.
Por su parte, la diputada Gabriela Pinedo Morales advirtió también que no se respetaron los procesos ni la garantía de audiencia y que la comisión dictaminadora se pasó por alto otros requisitos, y en un exceso, la justicia pronta y expedita fue rebasada, por lo que consideró, en definitiva, que el proceso tuvo un desaseo; no obstante, a pesar de los errores, dijo, lo más importante es posibilitar que la justicia se imparta.
Finalmente, Enrique Laviada Cirerol invitó a los diputados a votar en favor de un dictamen y del trabajo de una comisión que “se realizó con absoluta seriedad, dijo, y que cumplió con los requisitos legales y se apegó a Derecho no para juzgar al imputado, para juzgar lo que sucedió o no sucedió, sino simplemente para determinar si nosotros daríamos paso al retiro de la inmunidad constitucional de la persona señalada o no”.
En las últimas horas de este viernes trascendió que Julio “N” y María de Jesús “N” promovieron un amparo con número de expediente 450/2023, contra la ejecución de las órdenes de aprehensión que se les habrían de cumplimentar, pues personal de la Fiscalía ya habría acudido a buscar al acusado a su domicilio.
