■ La alteración de documentos y encubrimiento son delitos que requieren de una querella, advierte
■ Parece que sí hay lugar para una investigación por parte del MP, sobre el caso Salinas, dice
Según los elementos exhibidos por La Jornada Zacatecas respecto del otorgamiento de recursos desde el Fideicomiso del Impuesto sobre la Nómina al joyero Daniel Espinosa, al momento de encabezarse la titularidad de la Secretaría de Economía del estado por Patricia Salinas Alatorre, su socia comercial, y que derivaron en la alternación del acta de dicha sesión ocurrida el 15 de mayo de 2014, el docente-investigador de la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Álvaro Rodríguez Báez, opinó que “me parece que sí dan lugar a que se haga una investigación por parte del Ministerio Público”.
El académico, que tiene 25 años dentro de la docencia en la Máxima Casa de Estudios en el estado y 29 de experiencia como abogado litigante, dijo que las conductas registradas periodísticamente pudieran encuadrar dentro de los delitos de conflicto de interés, peculado, fraude o administración fraudulenta “e incluso un concurso de delitos”, esto por la alteración de documentos y el encubrimiento que implicaría la realización de una segunda acta, hechos en los que habría participado inclusive, el secretario de la Función Pública, Guillermo Huizar Carranza, quien “tiene la responsabilidad de vigilar que no se cometan este tipo de conductas”.
Añadió que al converger más de tres personas en los hechos que se narran en la investigación de La Jornada Zacatecas, publicada este martes, también cabría la posibilidad de enmarcarse legalmente en el delito de asociación delictuosa, toda vez que “se están asociando más de tres personas para cometer uno o varios delitos”.
Pormenorizó para el caso del probable conflicto de interés tanto de Patricia Salinas Alatorre y Guillermo Huizar Carranza, “no pueden estar siendo juez y parte al mismo tiempo. Es decir, yo, funcionaria, le prestó a mi socio; yo, secretario de la Función Pública, avalo la entrega de un recurso que luego voy a revisar si se hizo bien, ¿pues cómo puede ser eso?”.
Reiteró que ambos personajes “se están desdoblando en jueces y partes al mismo tiempo, y en el caso de Patricia Salinas de beneficiaria directamente porque ella es socia”.
Respecto a la probable comisión de los delitos de peculado, administración fraudulenta y fraude, precisó, se acreditaría en el caso de que se hayan desviado los recursos para un uso distinto al propósito expuesto ante el Fideicomiso del Impuesto sobre la Nómina, que eran la presunta promoción de la platería y los plateros zacatecanos en México y el mundo y su capacitación, y que en realidad hubieran recaído en la sociedad formada por Patricia Salinas y Daniel Espinosa.
Para aclarar esta situación, dijo, se hace necesario la versión tanto de Daniel Espinosa sobre estos hechos como de los plateros, quienes se proponen como los beneficiarios de las acciones por las que se habrían erogado recursos en esa sesión, por un monto de un millón y medio de pesos.
Es decir que estos últimos señalarán si han recibido o no algo parecido “a lo que aquí se está diciendo”, todo ello que pude documentarse, sostuvo.
“Es que debe haber publicidad, se entiende que para hacer un curso hay la convocatoria correspondiente, hay fechas, lugares de celebración, listas de asistencia, hay todo un protocolo que se debe desahogarse. Si eso no existe pues ahí está el engaño completamente tipificado”, agregó.
Dijo para el caso de los delitos de peculado, el fraude y la administración fraudulenta al ser delitos patrimoniales que se siguen de oficio, y por tratarse de recursos públicos, debe iniciar la averiguación la Procuraduría General de Justicia del Estado.
La procuradora (Leticia Soto), dijo, es la representante del estado y en su carácter de Ministerio Público, “es también la representante de la sociedad en su conjunto”.
La alteración de documentos y el encubrimiento, agregó, son delitos que requieren de una querella.
La Legislatura del estado, agregó, también pudiera tener participación en este asunto, “yo pienso que si se le allegan los elementos debe de participar porque es parte de su función velar por el buen ejercicio del presupuesto gubernamental”.
Sobre el hecho de que el propio secretario de la Función Pública hubiera participado en la alteración de un documento para encubrir a la ex funcionaria, señaló que “en mi opinión está involucrado porque está firmando, es decir, él está avalando con su firma que ese recurso se otorgue al socio de Patricia Salinas, y si no tenía la certeza de que se van a hacer los propósitos de capacitación que está diciendo ella, es una situación muy grave. Porque si eso hace el encargado de cuidar el patrimonio del estado ¿qué no hará otra gente?”.
