■ Caso de Pati Salinas, una cuenta más del rosario de acciones desarrolladas en la administración: Romo
■ Probable, que esta práctica sea más cotidiana de lo que se piensa en la vida política: Betancourt
Benjamín Romo Moreno y Francisco Betancourt Núñez, docente y director de la Unidad Académica de Economía de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), respectivamente, manifestaron que el conflicto de intereses de la ex secretaria de Economía, Patricia Salinas Alatorre, es el modus operandi de la administración pública estatal.
Incluso, Romo Moreno aseguró que la mayoría de los funcionarios se convierte en accionistas de empresas recién llegadas al estado en el momento en que les otorgan diversas facilidades para realizar su inversión.
Por tanto, el caso documentado por La Jornada Zacatecas, en el que la ex funcionaria alteró actas oficiales para encubrir su conflicto de intereses, “es una cuenta más del rosario interminable de acciones que se desarrollan en la administración, en contubernio con empresarios que aprovechando una relación de amistad o política, llegan a recibir favores o prebendas”.
En este caso, le resultó excepcional el hecho de que algunos empresarios se opusieron a firmar el acta modificada, lo que muestra que éstos tienen intereses disímbolos y no a todos se les otorgan prebendas similares.
“¿Cuántos funcionarios de primer nivel, a nivel estatal y nivel federal son socios de las empresas que se instalan durante su administración? Es usual que las propias empresas les regalen cierto número de acciones a quienes les dan las facilidades. Entonces sí hay una relación de interés en todo esto”, explicó Romo Moreno.
A pesar de que ése es el modus operandi de la administración pública, manifestó que hay muchos otros casos que no se han descubierto ni saldrán a la luz, pero al final resulta evidente al observar la forma de vida de funcionarios o empresarios, quienes repentinamente crecen extraordinariamente desde el punto de vista económico.
Según expuso, un funcionario siempre tiene en mente lo que sigue después de abandonar su cargo en la administración pública, porque sabe éste tiene un fin y uno de los escenarios que pasa por su mente es que no tenga otra oportunidad de ser servidor público. Ante esa expectativa, el funcionario toma algunas providencias, entre ellas realizar actos de acumulación que le permitan sobrevivir después.
“Desde esa perspectiva se ve como normal que busquen formas de obtener ingresos adicionales a sus percepciones como funcionarios, lo cual ocurre en todas las dependencias y ámbitos administrativos”, puntualizó.
Señaló además que en la mayoría de los casos de conflicto de intereses no existen pruebas, por lo que no pueden ser denunciados. En el caso de Salinas Alatorre, la alteración del acta fue un mecanismo para cuidarse, pero hubo el detalle que dos empresarios se negaron a firmar.
Por su parte, Betancourt Núñez manifestó la necesidad de que las diversas instancias investiguen ese caso, pues es probable que esa práctica sea más cotidiana de lo que se piensa en la vida política.
Afirmó que los conflictos de interés constituyen un elemento sintomático de un gobierno corrupto, pero eso no ocurre solamente en el ámbito estatal, sino también en el municipal y federal.
“Son prácticas que se tienen qué evitar porque no son adecuadas. No debemos permitir que se sigan violentando esas cuestiones y, por el contrario, debemos estar más atentos y ver cuáles son las consecuencias de esta situación que en nada abona a la problemática política”, indicó el director de Economía.
Asimismo, Betancourt Núñez señaló la necesidad de que el sector empresarial no se involucre en ese tipo de prácticas, porque generalmente muchos de sus integrantes no generan el suficiente empleo ni las condiciones de desarrollo que se requieren, y si están inmiscuidos en esas anomalías, la problemática se agrava.
