Al gobierno mexicano y a los gobiernos estatales les estorban los desaparecidos y les incomodan las manifestaciones de sus familiares exigiendo verdad y justicia. Nadie en México quiere asumir la responsabilidad de la crisis humanitaria que vivimos en esta materia. La última gran muestra de esta realidad es el intento por reducir el registro oficial de personas desaparecidas. Este esfuerzo se había anunciado públicamente desde octubre de 2023 luego de que el presidente López Obrador se reuniera con diversos/as gobernadores/as en Palacio Nacional, entre ellos David Monreal, para terminar de definir la ruta de lo que sería la presentación del “nuevo censo de desaparecidos”. Así el gobierno presentó el pasado 7 de diciembre su nuevo registro, tratando de instituir una nueva “verdad histórica”: pasar de la cifra de más de 110.000 personas desaparecidas y no localizadas que reportaba la Comisión Nacional de Búsqueda, al nuevo dato oficial de 12.377 personas desaparecidas. Orillar la discusión al “tema de las cifras” es una gran argucia del Estado, pues tiene un efecto devastador que trata de ocultar el verdadero fondo de la crisis: ¿quiénes son los responsables frente a un contexto generalizado de violación de derechos humanos y desaparición de personas? ¿cuál es la responsabilidad de las instituciones y actores estatales ante este rotundo fracaso?
El “censo” se realizó a espaldas de las familias y sin publicar sus metodologías. Como era de esperarse, esto molestó a los cientos de colectivos de todo el país, y particularmente en Zacatecas detonó el lunes 18 una intensa jornada de protesta por parte de familias buscadoras que se tomaron el Palacio de Gobierno, el Congreso Local y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas. Como parte de sus acciones leyeron un pronunciamiento elaborado por familiares de personas desaparecidas de todo México donde rechazan lo que denominan un intento por desaparecer a sus desaparecidos. En una de las partes más contundentes del comunicado señalan que “es una incongruencia que digan que son 12.377 personas desaparecidas confirmadas mientras en los Servicios Médicos Forenses y las fosas comunes de todo el país, su gobierno reportó que hay al menos 56 mil personas fallecidas sin identificar lo que significa que están desaparecidas”. Igualmente indican que el censo se realizó violentando los supuestos establecidos en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda para la actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas.
En Zacatecas estas acciones se suman a un año crítico donde los colectivos de víctimas se han tomado el espacio público no sólo para visibilizar a sus seres queridos, sino también para exigir su localización (como mandatan las leyes). Recordemos que, según el Registro de la Comisión Nacional de Búsqueda (ese que tanto le incomoda al gobierno), durante el 2023 se reportan más de 700 casos de personas desaparecidas o no localizadas en Zacatecas, es decir, diariamente desaparecieron aproximadamente dos personas. Este 2023 es, literalmente, el peor año en la historia de Zacatecas en materia de desaparición, superando al 2021, el de la llamada “herencia maldita”.
Respecto a las responsabilidades de la crisis en Zacatecas las respuestas son claras. Por una parte, las Fiscalías, pilar y bisagra de los circuitos de impunidad, se dicen siempre rebasadas. Pero más que falta de capacidades nos encontramos también ante falta de voluntad para resolver los retos institucionales. Por otro lado, las Comisiones de Búsqueda y de Víctimas cuentan como nunca con recursos para su trabajo (estos siguen siendo insuficientes, es cierto), pero la atención que brindan es selectiva, esporádica y sin resultados claros sobre su efectividad. Las localizaciones de personas han ido cayendo en el último año (según la propia CNB), justo cuando aumentan las desapariciones, y las tareas de búsqueda no responden al clamor de las víctimas. Finalmente, el Gobierno Estatal tiene la obligación de construir políticas públicas de prevención de la desaparición de personas, sin embargo, estas no existen. Para ello se debe partir del reconocimiento de la crisis, no reducirla, como dice el Gobernador Monreal, a una cuestión de “herencias del pasado”. Es durante su segundo año de mandato cuando más han desaparecido personas en Zacatecas. Por eso la rabia e indignación de las familias crece cada día.
Basta ver el reciente informe Impunidad en delitos de desaparición en México, publicado por la ONG Impunidad Cero. En este se señala, como ya lo he presentado en otras columnas, que Zacatecas es el estado con la tasa más alta de México de desaparición por cada cien mil habitantes, lo que da una clara muestra de la intensidad del fenómeno. Pero no sólo eso, cuando hacen un cruce entre la incidencia de homicidios dolosos y desapariciones por cada cien mil habitantes encuentran que Zacatecas, nuevamente, es el líder nacional, es decir, el estado donde más homicidios y desapariciones de personas combinadas se dan en términos proporcionales a su tamaño poblacional. Además, es el octavo estado donde más fosas clandestinas se han localizado. Pero lo más grave aún, y donde se concentra la mayor responsabilidad estatal, la impunidad es total: sólo seis sentencias condenatorias frente a uno de los crímenes más atroces, lo que nos permite parafrasear a Marcela Turati y decir que la desaparición de personas es un crimen autorizado en Zacatecas.
A los gobiernos les estorban los desaparecidos porque no saben cómo reconocerlos como víctimas sin asumir sus responsabilidades. Esto implicaría ir más allá del discurso criminalizador y revictimizante que se instituyó en México desde el sexenio de Calderón, se mantuvo con Peña y López Obrador. También demandaría repensar los argumentos que justifican absurdas guerras en México. Como dice Roberto González en su libro La desaparición forzada en México. De la represión a la rentabilidad, un desaparecido es una figura de la incertidumbre, es una forma de rentabilización del dolor, del sufrimiento, la violencia y la muerte. Por eso el discurso oficial suele reducir las desapariciones a asuntos que tienen que ver con “el crimen organizado”, generando un efecto normalizador de las violencias y justificador de la inversión de miles de millones de dólares para la guerra. Cada vez que el gobierno de Monreal sube un video enorgulleciéndose de la alta inversión en infraestructura militar y armamento nos debemos preguntar ¿quiénes se ven favorecidos con este gasto? Igualmente, cuando entendemos que las principales víctimas son jóvenes empobrecidos, que son prescindibles para los circuitos de generación de riqueza, nos debemos preguntar ¿quiénes se benefician de las violencias en nuestro territorio? No son quienes escenifican las batallas, no son los muertos, no son los desaparecidos. Sólo preguntándonos sobre quiénes ganan con las guerras capitalistas podemos desarmar los discursos criminalizadores y ver el carácter profundamente político de la normalización de la muerte y la desaparición de personas.
La impunidad ha permitido las diferentes formas de desaparición: la física, la institucional y social. Cada una de ellas representa agravios y acrecienta el dolor y deuda de justicia con las familias. Las víctimas llevan muchos años convocándonos a la solidaridad y la lucha, a resistir a la apatía que legitima las políticas de muerte. Como escribió José Saramago, “cuando los dolores son muy grandes, los ojos no soportan verlos”. Por eso cuando nos atrevemos a abrir los ojos y mirar de frente el sufrimiento del otro, estamos resistiendo a los efectos de la indiferencia y nos dejamos afectar. Ojalá en el 2024 sigamos abriendo los ojos para ser capaces de reconocer el dolor y a partir de allí seguir tejiendo dignas formas colectivas de restitución de la vida.
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